La experiencia de concertación social tiene luces y sombras, lo que no invalida que se trate de un modelo de relación necesario para la sociedad que se debe potenciar.

En la España de la transición, los procesos de concertación sirvieron para un doble objetivo: por un lado, para establecer un consenso social frente a las medidas de ajuste que tenían que imponer los poderes públicos y, por otro, para que los sindicatos ganasen prerrogativas legales e institucionalizasen su rol.

Así es como, junto a las organizaciones empresariales, los sindicatos se fueron convirtiendo en actores decisivos para legitimar las decisiones políticas y en interlocutores con los poderes públicos. ¿Pero qué sindicatos? Ahí viene la dichosa frase: «Los que ostentan la mayor representatividad», ratio que se mide en función de las elecciones sindicales. En nuestra comunidad, los que superen el 15% de los representantes de sus respectivos ámbitos y siempre que sean al menos 1.500 representantes.

Por ello, la aprobación de la Ley del Diálogo Social en La Rioja ha enfadado a sindicatos como USO y la CSIF, que no alcanzan individualmente ese nivel de representación. No por la concesión de tan elevado rango a ese marco de relaciones si no porque se siguen quedando fuera de él (ya lo estaban sin Ley de por medio) al no alcanzar el mínimo de cuota exigida.

Y tampoco miremos como ejemplo lo que acontece al otro lado del Ebro, en Navarra. En la comunidad vecina llevan meses planteándose abrir su Consejo del Diálogo Social a más sindicatos y empresas eliminando la referencia a los agentes «más representativos». No se engañen. La decisión del Ejecutivo de Uxue Barcos obedece a intereses políticos (la incorporación de ELA y LAB sería un paso más en la euskaldunización de la región foral) que a una sincera proposición de ampliar la pluralidad de sus integrantes.