Por fin, España es excedentaria en algo: el número de aforados. Lo sabemos desde el pasado 4 de abril, cuando el Consejo de Ministros aprobó extender tal condición a la Reina y los Príncipes de Asturias.

Diez mil españoles, 10.003 desde entonces, gozan del derecho a ser juzgados por un tribunal distinto al que corresponde a un ciudadano de a pie. Contemos: presidente del Gobierno y demás miembros del Ejecutivo, diputados, senadores, jueces, magistrados, miembros del Ministerio Fiscal… Así hasta diez mil personas, diez mil, disfrutan en España de una protección jurídica especial que encaja difícilmente con la proclamación constitucional de que, del Rey para abajo, todos los españoles somos iguales ante la Ley.

Diez mil, según los catedráticos de Derecho Procesal Iñaki Esparza y Juan Luis Gómez Colomer. Aproximemos más las cifras para entender lo exagerado de este sistema. En España hay un aforado por 4.730 habitantes, niños de teta, tronistas televisivos y jubilados incluidos. O, también, uno por 1.680 ocupados. O, por seguir buscando parámetros de comparación, uno por 480 desempleados.

Pues sí parece excesivo. Sobre todo si observamos lo que ocurre en otros países europeos: el aforamiento no existe en el Reino Unido ni en Alemania; en Italia y en Portugal está limitado a los presidentes de la República y en Francia, al presidente y a los miembros del Gobierno.

Aunque el aforamiento implique limitaciones (el Supremo es la instancia judicial más alta de este país y sobre sus sentencias no cabe recurso), supone unas garantías y un régimen excepcional (asegurar que al aforado le juzgará un juez independiente). Así que mantener esta “tradición” histórica sólo puede responder a una cosa: que la Justicia sigue politizada. Vamos, lo que ya sabíamos.

Extremadamente cortés y muy correcto en el uso de la palabra. Así es como recuerdo al presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, en su última visita oficial a Logroño.

Se reunió con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y, dolido por las carencias constatadas, adquirió el compromiso -«Como cosa propia», dijo- de mediar entre el Ministerio y la Comunidad para urgir el traslado de los juzgados a unas instalaciones «dignas».

Esquivó diplomático la batería de preguntas sobre los asuntos del momento. Entre otros, la autorización de la Justicia vasca a Etxerat para exhibir fotos de etarras en Mondragón, la huelga de jueces o la punzante polémica generada por la decisión de un juez de la Audiencia Nacional de impedir declarar a una mujer que se negó a desprenderse del burka que la cubría.Con entrenado temple, Dívar respondió que no podía convertir su cargo de presidente del CGPJ en el de «juzgador de jueces», reclamó «respeto y consideración para nuestros magistrados, que tienen una gran categoría mientras no se demuestre lo contrario», y nos instó a los medios de comunicación a «seguir siendo transmisores de noticias basadas en la verdad».

Hoy veo a un Dívar plañidero en su agonía: ha perdido el respeto y la consideración por la falta de explicaciones sobre su disposición de fondos públicos, los medios han contado todas las versiones de la «verdad» y el que no quería juzgar a jueces ha terminado juzgado.

Se me olvidaba. Esta visita que rememoro tuvo lugar el 24 de septiembre del 2009, en plenos «sanmateos». Logroño no es Marbella, evidente, pero en sus fiestas te lo pasas de muerte.

Nota: La foto está firmada por mi compañero Enrique del Río. En la imagen aparece Carlos Dívar, en el centro, flanqueado por el ex fiscal jefe de La Rioja, Juan Calparsoro, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa.