Diez mil espa\u00f1oles, 10.003 desde entonces, gozan del derecho a ser juzgados por un tribuna<\/strong>l distinto al que corresponde a un ciudadano de a pie. Contemos: presidente del Gobierno y dem\u00e1s miembros del Ejecutivo, diputados, senadores, jueces, magistrados, miembros del Ministerio Fiscal… As\u00ed hasta diez mil personas, diez mil, disfrutan en Espa\u00f1a de una protecci\u00f3n jur\u00eddica especia<\/strong>l que encaja dif\u00edcilmente con la proclamaci\u00f3n constitucional<\/a> de que, del Rey para abajo, todos los espa\u00f1oles somos iguales ante la Ley.<\/p>\n Diez mil, seg\u00fan los catedr\u00e1ticos de Derecho Procesal<\/strong> I\u00f1aki Esparza y Juan Luis G\u00f3mez Colomer. Aproximemos m\u00e1s las cifras para entender lo exagerado de este sistema. En Espa\u00f1a hay un aforado por 4.730 habitantes, ni\u00f1os de teta, tronistas televisivos y jubilados incluidos. O, tambi\u00e9n, uno por 1.680 ocupados. O, por seguir buscando par\u00e1metros de comparaci\u00f3n, uno por 480 desempleados.<\/p>\n Pues s\u00ed parece excesivo. Sobre todo si observamos lo que ocurre en otros pa\u00edses europeos: el aforamiento<\/strong> no existe en el Reino Unido ni en Alemania; en Italia y en Portugal est\u00e1 limitado a los presidentes de la Rep\u00fablica<\/strong> y en Francia, al presidente y a los miembros del Gobierno<\/strong>.<\/p>\n Aunque el aforamiento implique limitaciones (el Supremo<\/strong> es la instancia judicial m\u00e1s alta de este pa\u00eds y sobre sus sentencias no cabe recurso), supone unas garant\u00edas y un r\u00e9gimen excepcional<\/strong> (asegurar que al aforado le juzgar\u00e1 un juez independiente). As\u00ed que mantener esta “tradici\u00f3n” hist\u00f3rica s\u00f3lo puede responder a una cosa: que la Justicia<\/strong> sigue politizada. Vamos, lo que ya sab\u00edamos.<\/p>\n
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