¡Que el pan atonta!, me decían de pequeña. Es cierto que yo entonces no entendía la razón por la que comiendo pan uno entonteciera, pero pronto aprendí que mi padre no se refería a eso sino a algo tan sencillo como que la abundancia nubla la inteligencia. Esto es lo que cabe concluir tras revisar con atención la gestión que del estado autonómico han hecho sus responsables en los últimos años de expansión económica. No creo, sinceramente, que la organización territorial del Estado que recoge nuestra Constitución sea la culpable de los excesos y desmanes cometidos sino más bien la dimensión que los virreyes autonómicos le han ido dando.

     El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acaba de reconocer que tres cuartas partes de la desviación del déficit público previsto en un 6% y que ha alcanzado el 8%, es decir, 20.000 millones de euros más, corresponde a las autonomías. Se dice pronto pero ahí es nada. Echar las culpas a otros es lo más fácil pero hay lugares como la Comunidad Valenciana, la más endeudada de todas, donde eximirse de responsabilidades resulta imposible. La reciente noticia de que el Estado ha tenido que acudir a su rescate para responder de un pago de 123 millones de euros al Deutsche Bank o la drástica reducción de personal que va a aplicarse a la insostenible televisión valenciana son buenos ejemplos. Sin olvidar el espectáculo surrealista del aeropuerto de Castellón que, tras costar más 150 millonetis, no ha recibido ningún avión pero sí una estatua (300.000 euritos del ala) del inefable presidente de la Diputación, Carlos Fabra y  un aterrizaje masivo de conejos que están deteriorando las instalaciones, aunque para combatirlos ya se han inventado un programa de “control de fauna” que cuesta 100.000 euros y que consiste en desplegar hurones y halcones para combatir la plaga conejil. ¡Ojalá fuera broma!, pero no lo es. Claro que no es de extrañar que esto ocurriera ya que el presidente Camps, inaugurador del aeropuerto junto a Fabra, andaba el hombre preocupado por elegir trajes, con ceñidor central, en las boutiques caras y no tenía tiempo para ocuparse del desvío del gasto corriente ni del exceso de soberbia que adorna a quienes se consideran imprescindibles.

     Pero no nos engañemos, las exageraciones de estos años han sido patrimonio de todos los territorios porque sus dirigentes han jugado la baza de ser más autonomistas o nacionalistas que nadie y se hacían fuertes reivindicando más y más a un Estado que cada vez administraba menos y menos. Mientras el Estado se veía en la obligación de realizar ajustes fiscales para recaudar más, los presidentes autonómicos aprobaban deducciones en el tramo autonómico del IRPF o por vivienda. Es decir, el Estado hacía de malo y el presidente autonómico de turno hacía de bueno e incrementaba el gasto aún reduciendo sus posibles ingresos. Las primeras medidas de Rajoy han estado impregnadas de esa necesidad de aliviar la tesorería de Comunidades y Ayuntamientos, ya que el 50% del IRPF está cedido a las primeras y la subida del IBI (contribución urbana) va a los segundos y ambos impuestos son de ágil recaudación. No obstante, parece que las Comunidades todavía no han asumido la gravedad de la situación, algunas como La Rioja se han apuntado al lema de “hacer más con menos”, lo que significa lisa y llanamente que hasta ahora han hecho “menos con más”. Llegados a este punto hay que replantear la situación, hay que prescindir con diligencia y rapidez de todo lo superfluo que se ha creado sin visión de futuro y con un coste desmedido. Hay que optimizar los recursos limitados de que disponemos no creando, si todos somos españoles, fronteras ridículas entre regiones, como en el caso de la sanidad para atender a los ciudadanos que precisan del servicio público de salud. Como la escasez agudiza el ingenio es la hora de redimensionar el estado autonómico procurando el beneficio de todos en detrimento de tanta estupidez.