Transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores, cazadores, sindicatos han llenado las calles de protestas y reivindicaciones que, todas a un tiempo, pueden terminar por colapsar el país. Algunos de los problemas son estructurales, el mundo agrario lo sabe bien. Otros son coyunturales y cíclicos, el precio de la factura energética, que ya se había incrementado antes de la invasión de Ucrania, se ha agravado. Cuando la inquietud crece todo el mundo exige la intervención del gobierno, siempre ha sido así. Pensar que el malestar social se pasa como un catarro es un enorme error de diagnóstico. Hemos visto excesiva imprevisión y lentitud esperando una solución europea que no llega y a otros gobiernos adoptando medidas, como Francia e Italia, subvencionando el litro de combustible a los transportistas. Que hay grupos políticos fomentando las protestas para obtener apoyos, es seguro. Como lo es la hipocresía de quienes nada hicieron por solventar problemas estructurales del mundo agrario o del autónomo cuando gobernaron y ahora acuden a las manifestaciones a buscar aplausos. Esto es así y así será, por eso sorprende la lentitud del gobierno en responder a una huelga, convocada por una plataforma que ha unido a los autónomos del sector, que está colapsando el país y que obliga a sectores de la cadena alimentaria a tirar sus productos (las vacas se ordeñan cada día y los tomates se pudren) o a otros sectores clave a cerrar temporalmente su producción.

            En esta escalada de sustos, el rey de Marruecos nos sorprende anunciando un acuerdo que modifica la tradicional postura de España sobre el Sahara Occidental. La relación con Marruecos, un país no democrático, es importante por evidentes razones y también que los saharauis llevan 46 años esperando una solución al abandono en el que los dejó Franco. El giro exigía explicaciones previas y claras del gobierno y no justificaciones a regañadientes. Es difícil sustraerse a esa sensación de tristeza que nos invade a muchos. Si el gobierno quiere que le entendamos deberá hacer mayores esfuerzos por entendernos antes de que sea tarde y se desplome de soledad mientras nos devora el miedo a un futuro incierto.

           La basura ha sido retirada, pero el hedor persiste. Pese al uso continuado de ambientadores no se consigue eliminar el mal olor y peor sabor de boca que la huelga de recogida de basuras de Madrid ha dejado en el despacho de la alcaldesa, Ana Botella. Los trabajadores han conseguido frenar los despidos aun a costa de parte de sus retribuciones y derechos, pero su lucha no solo ha frenado el desastre social y de gestión que se avecinaba por una contratación municipal que no preservaba la prestación a los madrileños de un servicio público como merece la capital de España. El manirroto Ruiz Gallardón, causante del despilfarro que ha incrementado estratosféricamente la deuda de Madrid, ha felicitado hipócritamente a Ana Botella,  pero lo cierto es que el regusto que ha quedado es más de amargura que de triunfo. La gestión del conflicto por su parte no pudo resultar más penosa, pero también más acorde a su concepción de la gestión pública. En primer lugar, como Pilatos eludieron la responsabilidad y la derivaron a empresas y trabajadores. Cuando el conflicto subía de tono y las toneladas de basura se acumulaban, intentaron desacreditar a los trabajadores culpándolos de echar por tierra la imagen de Madrid y de perjudicar a los madrileños. La denigrante propaganda contra los trabajadores no dio los resultados esperados porque en los ciudadanos de Madrid y de toda España germinó mayoritariamente una semilla de comprensión y un sentimiento de solidaridad que se volvió contra una clase política tan incompetente como irresponsable. ¿Cuáles son las causas, de este error de cálculo de Ana Botella y su equipo? La respuesta es bien sencilla, ellos viven al margen de la realidad cotidiana de los hogares españoles en los que el temor a perder el trabajo, estable o precario, aunque diga lo contrario el ministro de Guindos, es tan grande que todo el mundo se pone en la piel del posible despedido y genera una simpatía inmediata con las víctimas propiciatorias de esta crisis que somos todos los trabajadores.

            Cuando finalizó el conflicto recordé la huelga conocida como “la Canadiense” en la que se obtuvo en España la jornada de ocho horas. Fue en 1919 y la razón de su éxito fue la solidaridad con cinco trabajadores, inicialmente despedidos, que precipitó una escalada de adhesiones que paralizó Barcelona. Salvando las distancias, los gobiernos debieran comenzar a tomar nota. Esta huelga ha devuelto a muchos la esperanza de que, no todo, es tan inevitable como nos cuentan, que hay margen para frenar tantos desmanes contra los derechos y la dignidad de los trabajadores. Hay más formas de salir de la crisis y no sólo la de la ley del embudo que nos están aplicando. Los datos son estremecedores, según el INE los ingresos de los hogares españoles han descendido a niveles de 2006, aunque los precios no se han frenado. Los ciudadanos se organizan solidariamente alrededor del Banco de Alimentos, Cáritas, la Plataforma Antidesahucios y otras instituciones para ayudar a los miles de hogares por cuya puerta ya no entra el salario sino la pobreza. Yo confío en que esta huelga marque el fin de la resignación y sepamos variar el horizonte de nuestro destino. De momento, el tanteo de goles va a favor de un gobierno cuyo balance de dos años es desolador y que, no contentos con saquear nuestros derechos, están planeando ahora amordazarnos. En boca cerrada ni entran moscas ni salen palabras que griten la verdad y para eso nada mejor que una ley de Seguridad Ciudadana que impone multas y sanciones exorbitantes para quienes se manifiestan, protestan y luchan por preservar sus derechos. Dicen que lo hacen para salvaguardar nuestra libertad, yo creo que es para que no les molesten nuestros gritos pidiendo trabajo, justicia y dignidad. Ellos se están protegiendo pero yo me pregunto, ¿a nosotros quién nos protege de su incompetencia?

Siempre que en España hay huelga general el ritual se repite, hay siempre dos batallas a ganar: la guerra de las cifras y la de los argumentos. La de las cifras resulta hoy desoladora de analizar, sobre todo si tenemos en cuenta que uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar está en paro, mal pueden ejercitar su derecho a la huelga quienes están privados de su derecho al trabajo. Otros muchos no pueden permitirse el lujo de perder el salario de un día porque los gastos cotidianos y el pago de las hipotecas agobia cada día más según se va perdiendo poder adquisitivo y se incrementa el riesgo de pérdida del empleo. Si pensamos en los autónomos y en las pequeñas empresas no hay duda de que están con el agua al cuello contando cada euro que entra en la caja y valorando si tendrán que echar el cerrojo el mes que viene. También están, entre los trabajadores, quienes no pueden permitirse el lujo de decidir libremente por temor a ser despedidos ipso facto y otros muchos, como toda la vida, creen que las huelgas no sirven para nada y que por eso es mejor no hacerlas. Yo siempre he creído que si nuestros antepasados no hubieran hecho huelgas durante la revolución industrial quizás hoy los menores de edad trabajarían en las fábricas y la esclavitud no se habría erradicado, sin olvidar que en los países donde en la actualidad no se pueden convocar huelgas generales la explotación y la esclavitud todavía pervive.

Me cuento entre los trabajadores que han secundado la huelga en la creencia de que ante este desolador panorama que vivimos es necesario dejar claro a quien corresponda, que los esfuerzos colectivos que se nos exigen no están siendo equitativos como tampoco en la bonanza lo fueron los repartos de beneficios. Como dicen algunos, en vez de sacrificios se nos está sacrificando en la parrilla de una austeridad ficticia porque se ahorra de algunas cosas básicas mientras se sigue despilfarrando en otras que resultan sangrantes. Además, al contrario de lo que hacen los bomberos, rescatamos bancos pero no personas y en toda esta incomprensión está el germen del malestar. Algunos dicen que la huelga da mala imagen de España cuando, a mi juicio, peor imagen da la existencia de tanto incompetente en puestos claves para nuestro futuro. Yo creo que la mayoría de los que han hecho huelga y otros muchos que han llenado las calles españolas en las manifestaciones posteriores, ni siquiera están de acuerdo con la reivindicación de los sindicatos de conseguir un referéndum, lo que quieren, además de trabajo, es que no se desmorone el edificio frágil que alberga nuestros derechos básicos como personas, que no se desmantele nuestra sanidad y enseñanza públicas y que no se quiebre esa tenue red social que habíamos logrado extender para proteger a los más débiles: discapacitados dependientes, enfermos de alzhéimer, ancianos, etc. Luchar por la defensa de nuestros derechos comunes creen algunos que no sirve para nada, pero no encauzar la protesta todavía sirve para menos. Ahí tenemos el ejemplo de los desahucios, ha sido la persistencia de la protesta la que ha obligado al gobierno y a la clase política a negociar una alternativa que hasta ahora se habían negado a buscar aplicando una ley que raya la usura. Es lamentable que en este país hasta que no hay muertos no se buscan soluciones, por eso la única esperanza de futuro que tenemos es la que como sociedad nos procuremos nosotros mismos y como siempre en la historia hay que luchar contra lo que nos ofrecen como único destino porque la resignación es, en sí misma, el triunfo del poder económico sobre la mayoría social.

Por tanto, señores que están ahí arriba mirándonos sin comprendernos sepan que son ustedes los que debieran esforzarse en comprendernos a los que estamos aquí abajo esperando que se encienda la luz al final del túnel y en vez de dedicarse a contar cuantos manifestantes y huelguistas hubo se sumen a la realidad por la que hace tiempo que no transitan.