Más allá de pérdidas personales, pocas vivencias deben de ser tan duras como que a uno le arrebaten su casa. La compra de una vivienda conlleva una gran ilusión porque lleva aparejadas independencia y responsabilidad, madurez y establecimiento personal. Por eso, su pérdida va más allá de lo material. Y ahora, con miles de desahucios efectivos y en marcha, los políticos se caen del guindo y admiten que el tema inmobiliario es un problema. ¿En serio? ¿Ahora? Y las prisas les acucian para tomar medidas que volverán a ser chapuceras e insuficientes. Por una razón: porque no reparten responsabilidades.

Y es que más allá de asumir que los deudores tienen parte de culpa en sus desahucios (a nadie se le forzó a acudir al notario), mucho mayor es la de los bancos que, ejerciendo de expertos asesores, recomendaron pagos inasumibles a gente que, en muchos casos, no comprendía que firmaban una pesada sentencia casi de por vida.

Alguno dirá que los bancos no son hermanitas de la caridad y buscan ganar dinero. De acuerdo. Pero lo que no puede tolerarse es que hayan estafado. Y lo hicieron desde el momento en el que no tuvieron a bien advertir a sus clientes de los límites. Porque igual que cuando uno va al médico porque le duele el estómago y se fía del facultativo que le receta una u otra cura, el que va al banco (que no suele ser licenciado en Económicas) se fía de lo que le dicen allí sobre cuánto debería gastar en una vivienda. Y eso, señores, no lo hicieron. O, al menos, no lo hicieron bien.

Por eso, no estaría de más que obligaran a los bancos a asumir su parte de responsabilidad que, si bien no es completa, sí que es importante. Más que nada, para que al repartirla la cuenta se pague a escote. Por una vez.