Manifestación en protesta de la decisión de Estrasburgo. /EFE

La lucha antiterrorista ha vivido en una semana dos graves varapalos. El 21 de octubre el Tribunal de Estrasburgo tumbó la doctrina Parot (que eliminaba la acumulación de penas y obligaba al cumplimiento íntegro del internamiento en prisión) escudándose en los derechos humanos de los presos afectados.

Se puede analizar de muchas maneras, pero bien es cierto que el fallo es doloroso e injusto aunque ajustado a Derecho. Porque no se pueden cambiar las reglas del juego en mitad del partido. La desidia de los sucesivos gobiernos españoles ha suscitado este problema por no haber modificado el Código Penal cuando tuvieron ocasión, algo que no debería haber sucedido si hubiera una voluntad real de acordar algunos pilares básicos de la convivencia (también ocurre con la educación y así se nos luce el pelo).

Sin embargo, veo mucho más grave la sentencia sobre el Caso Faisán, aquel escándalo por el que, en plena negociación política del Gobierno con la banda terrorista ETA, dos policías advirtieron a un etarra de una redada policial que se saldó con la huida del sospechoso. Más allá del chivatazo y de las inexistentes investigaciones sobre quién dio la orden (me cuesta trabajo creer que dos policías actuaran motu proprio), lo más preocupante es que el fallo judicial entrara a valorar la supuesta intención del hecho en sí: no es que colaboraran con ETA, sino que intentaban que el (mal llamado) proceso negociador no se viniera abajo. Perfecto, oiga.

Según esta argumentación, el delito probado (y por el que ha habido condena) no es colaboración con banda armada, sino revelación de secretos. Yo tenía la impresión de que los fallos judiciales se emitían sobre hechos y no sobre intenciones. Así que perdonen este artículo, que no tiene intención de criticar a nadie.