Pocas cosas me hacen sentir más orgullosa de ser española que el formidable sistema sanitario que vela por nuestra salud, siempre salvando los recortes. No se rían, que lo digo en serio. Piensen, por ejemplo, la que ha liado Obama en Estados Unidos para apenas sacar adelante una cobertura médica de mínimos. Aquí no. Nosotros disfrutamos de los mejores profesionales (salvo deshonrosas excepciones), de los mejores servicios y de la mejor atención. Y gratis. O eso parece. Pero aunque siempre he defendido la sanidad pública como uno de esos bienes de interés general que no podemos dejar caer, a veces la realidad empieza a difuminar ese orgullo.

Les cuento: tengo una conocida que lleva dos meses con un dolor constante en el costado. Ella, como yo, prefiere acudir a la sanidad pública y seguir a rajatabla sus protocolos. Así que en un mes y medio ha estado ¡cuatro! veces en Atención Primaria, amén de una en Radiología. Tras no tener  diagnóstico ni tratamiento efectivo, su médico de familia se ha rendido y la ha enviado al especialista. Hasta ahí, lo normal.

Pero cuando pide ver al especialista, la primera cita disponible es a dos meses vista. Sorprendida, pide explicaciones. La respuesta: «Es lo que hay». Lo más apabullante, es la recomendación (procedente del propio personal sanitario): «Si no, vete a Urgencias».
Ante semejante situación (demasiado habitual por desgracia), le quedan tres opciones: esperar a su cita, con la alternativa de que su dolor se esfume milagrosamente; esperar en Urgencias para ser tratada de una dolencia molesta pero no urgente, contribuyendo al sostenido colapso de este servicio; o esperar mientras ahorra para poder pagarse una consulta privada. En cualquier caso, es una cuestión de espera.