Hacemos aguas. El estado del bienestar, que tantas décadas ha costado levantar, está siendo desmontando a marchas forzadas. La clase política se escuda en eufemismos y medias verdades para ocultar la verdad de lo que parece un saqueo. Si Robin Hood robaba a los ricos para repartir el botín entre los pobres, el nuevo héroe-villano del siglo XXI –podríamos llamarle ‘Matrix’, por ejemplo– hace todo lo contrario: esquilma a las clases medias y bajas para que la banca y las grandes fortunas no caigan en la bancarrota.

Se recortan los cargos electos (concejales y diputados regionales), al tiempo que se engorda la nómina de hombres y mujeres de confianza elegidos a dedo, sin que deban atravesar el tamiz de las urnas. La falacia es evidente. Mientras la mayor parte de los ediles de pueblo (que son mayoría) no cobran ni un duro, los asesores de los que se rodean presidentes autonómicos y alcaldes de ciudades medias y grandes suponen un volumen presupuestario infinitamente superior. En definitiva, que con la coartada de la crisis –llamémosla recesión– y de los recortes –ajustes, perdón– se está castrando la democracia directa, la que se vota cada cuatro años.

El nuevo sistema que, poco a poco, va cristalizando sin que nadie mueva un dedo no hace sino retrotraer a nuestro país a la España del siglo XIX, en el que tan sólo los potentados tenían la capacidad de ejercer la política y de mover los hilos del poder. Si a todo ello unimos las dificultades a las que se enfrentarán los menos pudientes a la hora de defender sus derechos ante la Justicia –vía ‘decretazo’– o los primeros conatos de cercenar el derecho de libertad de expresión, sólo nos queda el ¡sálvese quien pueda!