El Consejo de Ministros aprobó ayer la LOMCE o, lo que es lo mismo, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, nada menos que la séptima norma pedagógica de la democracia española en sus 37 años de corta vida. Si bien es cierto que el texto impulsado por el ministro Wert todavía tiene margen de ‘mejora’ en su paso por el Congreso de los Diputados, las perspectivas no parecen muy halagüeñas.

Los focos mediáticos se centran en la vuelta de la Religión a las aulas, como asignatura troncal –a imagen de lo sucedía durante el régimen totalitario (perdón, autoritario) de Franco–, en la financiación de las clases en castellano en ciertos colegios de Cataluña o en suprimir la Educación para la Ciudadanía, desoyendo las críticas del Consejo de Estado y de la Unión Europea.

Mientras tanto, los políticos patrios continúan siendo incapaces de consensuar una ley por la que pasa el futuro del país, ¡que manda Trillos! Incluso, si dejamos al margen el exotismo ideológico de las mencionadas propuestas –de todo punto involucionistas–, el panorama pedagógico que impregna el anteproyecto elaborado por el Ministerio se antoja ciertamente sombrío.

Con el corazón en la mano, ¿creen de verdad expertos, profesores, padres o alumnos que el regreso de la reválida, la temprana bifurcación de los itinerarios o la especialización del alumnado van a mejorar la calidad de la educación española? ¿Creen que la escuela, el colegio, es tan sólo una mera factoría de modelar mecánicos, ingenieros, docentes, fontaneros o psicomotricistas? ¿Creen que es mejor aprobar que aprender?

Porque, si así lo piensan, que no esperen para el futuro sino una sociedad gris, anodina, acrítica, dócil… como la caricaturizada por George Orwell en ‘1984’.