Fue Basilio Gurrea Cárdenas un dentista logroñés, cuya inquietud por la política le llevó desde muy joven a militar en partidos republicanos moderados. Durante la dictadura de Primo de Rivera, fue multado por el gobernador civil de la provincia, según consta en la documentación oficial: viajaba en el tren Zaragoza-Logroño cuando, al hilo de una charla informal en el vagón, criticó con dureza a los rectores de la política española; y fueron tan desafectos sus juicios contra el régimen amparado por Alfonso XIII que, de regreso a su ciudad, se le declaró culpable de mofa y burla a las instituciones.

Años más tarde, las urnas eligieron a Gurrea como alcalde de Logroño por dos mandatos: durante el bienio 1932-1934 y del 20 de febrero hasta el 19 de julio de 1936, fecha en el que fue depuesto por la revuelta militar encabezada por Franco. Arrestado y conducido a la cárcel de Pamplona, Basilio Gurrea trató de hablar –católico, de derechas y buen tipo, quienes lo conocieron– con el golpista general Mola, del que era amigo y cirujano dental. Pero fue en vano. El 7 de agosto moría fusilado ante la tapia del cementerio logroñés, luciendo la insignia del estudo de su ciudad.

Esta historia riojana y cotidiana viene a cuenta a raíz de que el relator del Comité contra la Tortura y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU Pablo de Greiff ha reprochado  al Estado español que no investigue ni enjuicie los «graves» crímenes ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y, sobre todo, ha reclamado que se facilite el acceso a la Justicia de todas las víctimas, separadas del Gobierno por una «inmensa distancia».

Y es que mientras siga habiendo víctimas en las cunetas sin poder ser enterradas por sus familiares, mientras no se condene el genocidio ejecutado en la Guerra Civil -Genocidio: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad“, según el Diccionario de la RAE-, mientras Francisco Franco –íntimo colaborador de Adolf Hitler y de Benito Mussolini– no sea condenado como el dictador totalitario que fue, no habremos entendido nada.

Al igual que Gurrea, una treintena de alcaldes riojanos más también fueron llevados al paredón. Gracias a los trabajos de investigación de Jesús Vicente Aguirre, sabemos sus nombres y sus profesiones:

Antonio Martínez Ribera, labrador, alcalde de Ábalos. Cosme Gonzalo Ayarza, labrador, alcalde de Agoncillo. Agustín Martínez Royo, alcalde de Alcanadre. José Calvo Miranda, agricultor, alcalde de Aldeanueva de Ebro. Justo Soret Melero, agricultor, alcalde de Alfaro. Nicolás Martínez de Sojo, alcalde de Anguciana. Gregorio Salinas, labrador, alcalde de Casalarreina. Fidel Osorio Hernáez, labrador, alcalde de Cenicero. Ángel Cordón Ruiz, propietario de un bar, alcalde de El Villar de Arnedo. Gregorio Marroquín, labrador, alcalde de Galbárruli. Felipe Aragón Aragón, panadero, alcalde en funciones de Haro. Antonio Sampedro Martínez, jornalero, alcalde de Lardero. Librado Valdemoros Ibarra, labrador, alcalde pedáneo de El Cortijo, barrio de Logroño. Julián Cabello Jiménez, agricultor, alcalde de Muro de Aguas. Félix Morga Rocandio, zapatero, y D. Valero Ojeda, zapatero igualmente, alcaldes de Nájera. Matías Pérez Escudero, labrador, alcalde de Nalda. Aniceto Calleja Merino, alcalde de Peroblasco. Perfecto Miranda Medrano, labrador, alcalde de Pradejón. Cecilio Jiménez Jiménez, ganadero, alcalde de Préjano. Federico Pérez Pérez, agricultor, alcalde de Quel. Justiniano Martínez de Salinas, labrador, alcalde de Sajazarra.  Marcelino Lacalzada Santodomingo, alcalde de San Martín (Valle del Jubera, hoy deshabitado). Agustín García Sáez, alcalde de San Millán de Yécora. Enrique Barrón Payueta, panadero, alcalde de San Vicente de la Sonsierra. Wenceslao Ollero Fuentes, fontanero, José Olagüenaga Sáinz y Alejandro Gallego Benito, abogados, alcaldes los tres de Santo Domingo de la Calzada. Santiago Ortiz Güemes, labrador, alcalde de Treviana y Ángel García Benito, comerciante, alcalde de Villamediana de Iregua.