A mi primo Ernesto, a punto de hundir la cuchara en un apetitoso plato de lentejas con chorizo, le dio un vuelco el corazón cuando el timbre de su casa resonó dos veces. Con el paladar ensalivado como un perro Pávlov cualquiera, abrió la puerta. Era el cartero blandiendo un certificado con el siguiente membrete: ‘Agencia Tributaria’. Nuevo vuelco al corazón, más violento si cabe sobre todo por ser autónomo. Con manos temblorosas, mi pariente rasgó el sobre y extrajo una requisitoria que le conminaba a explicar ciertas «operaciones con terceros no declaradas».

Atribulado, mi primo tuvo el impulso de telefonear a Hacienda, pero el reloj ya pasaba de las dos de la tarde y, siendo viernes, no hallaría respuesta a su desazón hasta la semana siguiente. Su cabeza caviló y caviló hasta rozar el miedo, que –como es sabido– va por libre, aunque no halló la causa del inquietante requerimiento fiscal.

Ernesto se presentó el lunes, con la untada, en la Agencia Tributaria y allí supo que Hacienda había detectado un pago sin declarar superior a 3.000 euros. Cuando le facilitaron la razón social del supuesto proveedor, cayó en la cuenta: la maldita factura correspondía a la reforma de su cocina, obras que no guardaban ningún vínculo con su actividad laboral. «Como usted es autónomo, a los ordenadores que cotejan las facturas se les enciende la luz cuando detectan un pago sin su correspondiente contraprestación. No se preocupe, que en un pispás lo solucionamos», le explicó la funcionaria de turno.

Y mi primo Ernesto todavía se está preguntando cómo es posible que la Administración hile tan fino con los asfixiados autónomos y demás españolitos mortales y, sin embargo, sea incapaz de esclarecer en qué gastan diputados y senadores –a veces de manera poco honesta– los dineros que todos pagamos de nuestro bolsillo.