E l 14 de febrero del 2003, el entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, Dominique de Villepin, pronunció una frase lapidaria ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: «Con una intervención militar en Irak, ¿no correríamos el riesgo de agravar las fracturas entre las sociedades y entre los pueblos, fracturas, precisamente, de las que se alimenta el terrorismo?».

Un mes más tarde, tropas de Estados Unidos y Reino Unido, con el ferviente seguidismo del Gobierno español, invadió Irak con el objetivo de desmantelar la amenaza atómica que, presumiblemente, ocultaba el dictador Sadam Hussein. «Créanme, estamos haciendo lo correcto. Actuamos de acuerdo con nuestras creencias y nuestras convicciones (…). El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva», afirmaba el presidente José María Aznar.

No hace falta recordar que las tan manidas «armas de destrucción masiva» jamás aparecieron. La Guerra de Irak, que se prolongó durante ocho años y medio, acarreó –y vuelvo a citar las predicciones de Villepin en el 2003– «consecuencias incalculables para la estabilidad de esa región ya herida y frágil, reforzaría el sentimiento de injusticia, agravaría las tensiones y abriría la puerta a nuevos conflictos».

Ahora, doce años más tarde, nos echamos las manos a la cabeza con la desaforada barbarie del Estado Islámico y de Al Qaeda, recordamos con estupor el aniversario de la masacre del 11-M y las decenas de atentados que han sacudido los cinco continentes, al tiempo que sentimos en nuestra espalda el miedo y el fétido aliento del terrorismo fundamentalista.

Además de perseguir sin tregua la violencia integrista en cada rincón de la Tierra, el triunvirato de las Azores (Bush, Blair, Aznar) debería explicar por qué azuzó inopinadamente el avispero de los horrores.