El nombramiento de Juan José Omella como arzobispo de Barcelona deja la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño al mando provisional de un administrador apostólico hasta que el Vaticano designe a otro obispo titular. Serán –posiblemente– unos meses en situación de sede vacante hasta que el Papa elija al nuevo titular. De forma excepcional, la diócesis riojana permaneció huérfana de obispo titular entre 1891 y 1929, treinta y ocho años de castigo tras el insolente motín de Calahorra. ¿Qué ocurrió?

Décadas antes, el Concordato de 1851 firmado por Isabel II y Pío IX abocó a la diócesis a un período de decadencia en el que perdió todo su poder en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa o, lo que es lo mismo, 553 de sus hasta entonces 950 parroquias. El siguiente golpe en la línea de flotación preveía el traslado de la sede de Calahorra a Logroño, lo que transformó un conflicto en principio eclesiástico en otro político, agravado por el malestar social y por la penuria económica que sufría España a finales del siglo XIX.

El 7 de junio de 1892 estallaba un motín en la ciudad bimilenaria, que obligó al gobernador civil a ceder el mando a su homólogo militar. Permaneció Calahorra en ‘estado de sitio’ y las autoridades escondidas a buen recaudo hasta que el vicario capitular dictó un bando en el que instaba a los calagurritanos dejar libre el cuartel donde el gobernador se guarecía de la multitud.

La disputa entre Calahorra y Logroño sirvió como pretexto para dilatar sine die la designación de nuevo obispo –el último, monseñor Cascajares, dejó su cargo en 1891– y castigar la «insolencia» de los calagurritanos. Desde entonces, la diócesis fue comandada por una retahíla de administradores apostólicos hasta que Fidel García fue designado obispo ‘propio’ en 1927.