La carretera N-232 tiene su nacimiento en un cruce semafórico a las afueras de Vinaroz (Castellón) y, tras recorrer la Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla-León, va a morir en la localidad burgalesa de Cabaña de Virtus. Precisamente de muertos va esta columna. Alrededor de 200 personas se han dejado la vida, sin saber por qué, en esta siniestra calzada durante los últimos dieciséis años a su paso por La Rioja.

Se trata de más víctimas mortales que las provocadas por las bombas yihadistas del 11-M, el atentado más grave ocurrido en suelo europeo. Es como si Treviana, Berceo, Bergasa o Cihuri se quedaran sin vecinos de golpe y porrazo.

Resulta que en febrero del año 2000, siendo presidente José María Aznar y ministro de Fomento Rafael Arias-Salgado, se le ocurrió al Gobierno la feliz idea de prorrogar 15 años más la concesión de la autopista AP-68 a la empresa privada que la gestionaba. Y lo hizo a cambio de que determinados peajes resultaran más baratos al tráfico. ¿Por un plato de lentejas o por otros manjares más apetitosos?

En definitiva, que si la autopista iba a ser ya gratuita en el 2011, tras la rumbosa ampliación concedida por el Ejecutivo ‘popular’ a golpe de decreto ley, los automovilistas deberían esperar hasta el 10 de noviembre del 2026 para poder circular libremente por una carretera más segura.

La medida fue contestada por las autonomías de Aragón y del País Vasco, aunque La Rioja, sin embargo, con su entonces presidente Pedro Sanz a la cabeza, comulgó con ruedas de molino.

Y así estamos, con muertos y más muertos en terribles accidentes de tráfico en la atestada N-232, mientras en la AP-68 la circulación fluye sin aglomeraciones.

Ya que nadie va a pagar por tan deplorable gestión pública, al menos alguien debería frenar este calvario antes del año 2026.