Abundan quienes se cuestionan cómo puede ser posible, que pese a que no se ha cumplido ni un año de Mariano Rajoy en el poder, a este país ya no lo conoce ni su padre.
La crisis económica se desarrolla con toda su crudeza a partir de 2008. Durante cuatro larguísimos -y muy duros- años, el Gobierno de España transitó con mayor o menor fortuna por esa dura tormenta, respetando escrupulosamente el llamado “Estado del Bienestar”. En esos años una parte de la sociedad se enojaba tremendamente con algunas políticas y medidas (que se han demostrado desacertadas), pero también con otras que ahora suenan a chiste, como: la Ley del matrimonio gay, la subida de los carburantes (hasta 1,35 euros la gasolina), no poder fumar en los bares, la escalada de la prima de riesgo hasta los 469 puntos o la rebaja del límite de velocidad en autopistas . Lo que nadie se imaginaba es que se pudiera llegar recortar en derechos sociales…En educación, ciencia, sanidad….Algo impensable hace once meses.
Con la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, se han batido récords en la prima de riesgo ( hasta 611 puntos) y, en las movilizaciones sociales. En el precio de la gasolina (que ha ascendido hasta los 1,52 euros), en el dinero destinado a rescatar a la banca, en el número de desahucios, en el ritmo de despidos, que se ha multiplicado. La tasa de desempleo ha pasado con Rajoy del 21,5% al 25,02 %.
Hasta hace menos de un año, los recortes no afectaban a la enseñanza pública. No se despedían profesores. Los niños no comían “de tuperware”. Las matrículas universitarias eran accesibles. Se ayudaba a los padres a costear los libros de texto.
La sanidad era pública y gratuita. Todos teníamos derecho a ella. No existían coartadas por cuestiones raciales o económicas, -ni por el lugar de nacimiento- para denegar la asistencia sanitaria a las personas. No se cerraban hospitales ni se despedía a su personal.
Una batería de “Decretos Ley” han modificado sustancialmente la legislación consensuada y aprobada en los últimos 30 años por las Cortes. La más dañina para el empleo -y para la dignidad de los trabajadores- ha sido la reforma laboral. Pero no es la única y, se anuncian más. La propia ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo garantiza hasta el día de hoy un derecho fundamental de las mujeres, en un Estado aconfesional como es España, pero este Gobierno amenaza con retrotraernos a tiempos de Franco, en esta y en otras muchas materias.

En la España de Zapatero, la igualdad entre hombres y mujeres alcanzó sus mayores cotas en la historia, pero en el último año hemos retrocedido catorce puestos en el listado mundial de naciones – en materia de igualdad-, ahora estamos por debajo de países como Cuba, Mozambique o Burundi.
La retirada de un 7% del sueldo a los empleados se ha visto complementada con otro 7% de aumento de su jornada. Nunca se habían eliminado días libres. Se han destruido 150.000 empleos públicos y se pretende doblar esta cantidad en los próximos meses, con la merma de calidad que supondrá en los servicios a los ciudadanos.
Hace menos de un año, las órdenes que recibían los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no eran las de dar ostias en las manifestaciones, muy al contrario, se les animaba a trabajar para evitar enfrentamientos. El IBEX 35 tenía mil puntos más en su índice y los ciudadanos mil menos (de suturas).
Los jueces no iban a la huelga ni tampoco se veía mermado el servicio de abogados de oficio. Nadie imaginaba que la justicia pudiera dejar de ser gratuita. Teníamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología y otro de Medio Ambiente, pero en estos momentos el Medio Ambiente importa bien poco al Gobierno y el éxodo de científicos -sin presupuesto- solo es comparable a la fuga de jóvenes que emigran buscando empleo.
En la España pre-Rajoy, el conflicto nacionalista no existía (no en la intensidad actual). Incluso en Euskadi gobernaba “un tal” López y en Cataluña un andaluz de apellido Montilla, ninguno de ellos nacionalistas. No existía este “frentismo” que divide y que se ha retroalimentado desde el cambio de Gobierno. Ahora el nacionalismo separatista es mayoría en ambos territorios y se escucha la palabra “independencia” con más fuerza que nunca.
Hace un año los ciudadanos no querían tomar el Congreso, ni rodearlo, ni tenían tan mala percepción de la política, pero eso también ha cambiado -y mucho- en apenas un año. De ese cambio tampoco es responsable José Luis Rodríguez Zapatero. Los ciudadanos no querían más Zapatero y libremente votaron por un cambio, pero han comprobado que la opción -clara y democráticamente elegida-, que suponía votar al Partido Popular, se ha convertido en una estafa. Un cúmulo de promesas -un programa- sistemática y meticulosamente incumplido, -cambiado por otro oculto- que deja en fuera de juego a quienes lo apoyaron y a los que incrédulos, asisten a la puesta en marcha de todo lo contrario a lo ofertado. Es esta estafa programática la que alimenta la falta de confianza hacia la política.
Por todo ello y, por otras mil cosas más -que no caben en este artículo-, es legítimo opinar que con este Gobierno vamos a peor en todos los sentidos. Aunque pueda parecer simplista e interesado, es una realidad incontestable para muchos. Mayormente para todos aquellos que ante la pregunta: ¿Usted cree que se vive ahora peor que hace un año?, contestan sin dudar que con Zapatero…Se vivía mejor.

Termina aquí una historia de despropósitos, impulsada por el PP y por su líder, que en septiembre de 2005 ofrendaba la carnaza que los “hóligans” de su partido le reclamaban, presentando un infame recurso contra los homosexuales y su derecho a ser iguales al resto de los ciudadanos. Una historia que deja a cada cual en su justo lugar.
Por un lado queda manifiestamente clara la condicionalidad, inoperancia y perversión de un tribunal, que para dictaminar algo tan sencillo precisa de siete interminables años. Condicionado por sus luchas de poder. Inoperante porque la justicia si no es breve no es justicia y sobretodo tremendamente perverso, porque hay en España 60.000 ciudadanos homosexuales que se han unido en matrimonio y cuya seguridad jurídica, afectiva y familiar está en entredicho desde hace siete largos años gracias a la actitud homófona del Partido Popular y a la injustificable demora de un tribunal instalado en la desidia.

Es el Constitucional un tribunal que solo afecta y compete sobre asuntos relacionados con la constitucionalidad de leyes y fallos, pese a lo cual necesita de siete años para fallar una postura colegiada. Es mucho mejor que se marchen todos a su casa. Este tipo de “justicia” es la que tira por tierra la enorme labor de miles de magistrados profesionales y entregados, que han de cargar sobre sus espaldas con el lamentable ejemplo que los altos tribunales ofrecen cada vez que tienen oportunidad.
En vez de analizar durante siete años si es o deja de ser constitucional permitir que dos homosexuales se unan en matrimonio, -si es constitucional o no discriminar a los españoles según sean sus preferencias sexuales-, más les valdría analizar su propio papel y, como con este tipo de demoras injustificables, aderezadas con sentencias infumables (como la del Estatut de Cataluña) ponen en riesgo el prestigio de la Justicia, la igualdad y la convivencia en España.