Después de 25 años dentro tengo cierto conocimiento para hablar del funcionariado . Un colectivo de trabajadores que en una porción importante del mismo, demuestra tener unas tragaderas que ni las ranas gigantes del Amazonas.

                         Después de la rebaja de sueldo acometida por Zapatero en 2010 (que critiqué sin tapujos en su momento)  muchos funcionarios pensaron que sería el Partido Popular más sensible a su proverbial inmovilismo; lo votaron con fuerza y con resentimiento hacia quien les había recortado el sueldo. Un recorte, dicho sea de paso, que fue proporcionado al nivel adquisitivo de cada funcionario, con una media del 5%, pero que no afectó a los funcionarios de sueldos más modestos. Fue un recorte ponderado.

                          Llegó Mariano Rajoy  al Gobierno (el amigo de los funcionarios) y desde que tomó posesión de su cargo no ha hecho otra cosa que insultarnos y robarnos. Él, sus ministros y cada uno de los representantes del Partido Popular en el Gobierno de España y gobiernos autónomos han emprendido una voraz campaña de acoso, derribo y difamación contra la Función Pública y quienes hacen posibles los servicios sociales que esta presta a la ciudadanía; intentado con todas sus fuerzas poner a la opinión pública contra estos trabajadores y etiquetarlos como insolidarios privilegiados. 

Han insultado indiscriminadamente a todos, pero especialmente a los funcionarios de la educación y de la sanidad,  acusándolos de poco trabajadores , de politizar y de cobrar sueldos inmerecidos. Han despedido a varios cientos de miles de funcionarios interinos y personal fijo de las administraciones, consiguiendo la merma y depauperación de servicios esenciales. Los han machacado a impuestos (igual que al resto de los españolitos) retirado becas y ayudas sociales…Robado el salario al tiempo que aumentaban  la jornada laboral y les eliminaban  días de vacaciones.

En menos de dos años, el gobierno del Partido Popular ha perpetrado un destrozo en la Función Pública desconocido en 100 años. Un ataque a los servicios públicos que supone la destrucción de buena parte del Estado Social y que a nivel laboral se ha sustanciado en despidos, aumento de un 7 % de la jornada, descenso de un 7% del salario, aumento de un 3% en el IVA normal  y hasta un 17% en muchos casos en el reducido,  más  una nueva congelación salarial que se anunciaba ayer.

Un robo que va directamente destinado a surtir de efectivo a los grupos de poder de la derecha económica, a los que el Gobierno del PP no solamente condona sus deudas y sufraga sus errores, sino que les llena la caja para que sigan medrando con el dinero de todos.

Esa es la situación que el colectivo funcionarial ha de soportar en estos tiempos de zozobra y, frente a la misma hay dos conductas bien diferenciadas; los que luchan contra estas políticas de desamortización y desprestigio de la Función Pública y quienes siguen embutidos en su proverbial sometimiento y resignados a que el Partido Popular les siga sodomizando. 

Abundan quienes se cuestionan cómo puede ser posible, que pese a que no se ha cumplido ni un año de Mariano Rajoy en el poder, a este país ya no lo conoce ni su padre.
La crisis económica se desarrolla con toda su crudeza a partir de 2008. Durante cuatro larguísimos -y muy duros- años, el Gobierno de España transitó con mayor o menor fortuna por esa dura tormenta, respetando escrupulosamente el llamado “Estado del Bienestar”. En esos años una parte de la sociedad se enojaba tremendamente con algunas políticas y medidas (que se han demostrado desacertadas), pero también con otras que ahora suenan a chiste, como: la Ley del matrimonio gay, la subida de los carburantes (hasta 1,35 euros la gasolina), no poder fumar en los bares, la escalada de la prima de riesgo hasta los 469 puntos o la rebaja del límite de velocidad en autopistas . Lo que nadie se imaginaba es que se pudiera llegar recortar en derechos sociales…En educación, ciencia, sanidad….Algo impensable hace once meses.
Con la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, se han batido récords en la prima de riesgo ( hasta 611 puntos) y, en las movilizaciones sociales. En el precio de la gasolina (que ha ascendido hasta los 1,52 euros), en el dinero destinado a rescatar a la banca, en el número de desahucios, en el ritmo de despidos, que se ha multiplicado. La tasa de desempleo ha pasado con Rajoy del 21,5% al 25,02 %.
Hasta hace menos de un año, los recortes no afectaban a la enseñanza pública. No se despedían profesores. Los niños no comían “de tuperware”. Las matrículas universitarias eran accesibles. Se ayudaba a los padres a costear los libros de texto.
La sanidad era pública y gratuita. Todos teníamos derecho a ella. No existían coartadas por cuestiones raciales o económicas, -ni por el lugar de nacimiento- para denegar la asistencia sanitaria a las personas. No se cerraban hospitales ni se despedía a su personal.
Una batería de “Decretos Ley” han modificado sustancialmente la legislación consensuada y aprobada en los últimos 30 años por las Cortes. La más dañina para el empleo -y para la dignidad de los trabajadores- ha sido la reforma laboral. Pero no es la única y, se anuncian más. La propia ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo garantiza hasta el día de hoy un derecho fundamental de las mujeres, en un Estado aconfesional como es España, pero este Gobierno amenaza con retrotraernos a tiempos de Franco, en esta y en otras muchas materias.

En la España de Zapatero, la igualdad entre hombres y mujeres alcanzó sus mayores cotas en la historia, pero en el último año hemos retrocedido catorce puestos en el listado mundial de naciones – en materia de igualdad-, ahora estamos por debajo de países como Cuba, Mozambique o Burundi.
La retirada de un 7% del sueldo a los empleados se ha visto complementada con otro 7% de aumento de su jornada. Nunca se habían eliminado días libres. Se han destruido 150.000 empleos públicos y se pretende doblar esta cantidad en los próximos meses, con la merma de calidad que supondrá en los servicios a los ciudadanos.
Hace menos de un año, las órdenes que recibían los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no eran las de dar ostias en las manifestaciones, muy al contrario, se les animaba a trabajar para evitar enfrentamientos. El IBEX 35 tenía mil puntos más en su índice y los ciudadanos mil menos (de suturas).
Los jueces no iban a la huelga ni tampoco se veía mermado el servicio de abogados de oficio. Nadie imaginaba que la justicia pudiera dejar de ser gratuita. Teníamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología y otro de Medio Ambiente, pero en estos momentos el Medio Ambiente importa bien poco al Gobierno y el éxodo de científicos -sin presupuesto- solo es comparable a la fuga de jóvenes que emigran buscando empleo.
En la España pre-Rajoy, el conflicto nacionalista no existía (no en la intensidad actual). Incluso en Euskadi gobernaba “un tal” López y en Cataluña un andaluz de apellido Montilla, ninguno de ellos nacionalistas. No existía este “frentismo” que divide y que se ha retroalimentado desde el cambio de Gobierno. Ahora el nacionalismo separatista es mayoría en ambos territorios y se escucha la palabra “independencia” con más fuerza que nunca.
Hace un año los ciudadanos no querían tomar el Congreso, ni rodearlo, ni tenían tan mala percepción de la política, pero eso también ha cambiado -y mucho- en apenas un año. De ese cambio tampoco es responsable José Luis Rodríguez Zapatero. Los ciudadanos no querían más Zapatero y libremente votaron por un cambio, pero han comprobado que la opción -clara y democráticamente elegida-, que suponía votar al Partido Popular, se ha convertido en una estafa. Un cúmulo de promesas -un programa- sistemática y meticulosamente incumplido, -cambiado por otro oculto- que deja en fuera de juego a quienes lo apoyaron y a los que incrédulos, asisten a la puesta en marcha de todo lo contrario a lo ofertado. Es esta estafa programática la que alimenta la falta de confianza hacia la política.
Por todo ello y, por otras mil cosas más -que no caben en este artículo-, es legítimo opinar que con este Gobierno vamos a peor en todos los sentidos. Aunque pueda parecer simplista e interesado, es una realidad incontestable para muchos. Mayormente para todos aquellos que ante la pregunta: ¿Usted cree que se vive ahora peor que hace un año?, contestan sin dudar que con Zapatero…Se vivía mejor.