Toda crítica es sana en democracia siempre y cuando lo que se critique sea el fruto de la evaluación sosegada del trabajo y su responsabilidad desde el puesto que desempeña.
En España se critica al Rey, a los políticos, a los policías, a los profesores, a los funcionarios, a los parados…¿Por qué no a los jueces?.

Aunque  Rafael Hernando (portavoz del Partido Popular) ha errado el tiro al caer en descalificativos personales contra el magistrado de la Audiencia Nacional, ya que el apelativo “pijo” en el contexto utilizado hace referencia a cualidades físicas y personales del propio magistrado. No importa si Santiago Pedraz es amigo íntimo de Baltasar Garzón, si  viste más o menos pijo, si  menea con mayor o menor cadencia su rubia melena o si en sus ratos libres se dedica a la canaricultura.
Lo que importa es que sea capaz de impartir justicia de forma imparcial, respetando el espíritu y la letra de las leyes.
Pero ha de tener su crítica desde la política sin duda alguna, ya que con independencia del fallo absolutorio para los convocantes del 25-S (que comparto al 100%) el magistrado se extralimita en su auto evacuando apreciaciones subjetivas y personales sobre cosas que ni le van ni le vienen. Es por tanto un imprudente, que tendría que dejar sus elucubraciones sociales para un su blog personal (como hago yo aquí) no para reflejarlas – blanco sobre negro- en una sentencia de la Audiencia Nacional, de la que es magistrado en representación del Ministerio de Justicia o del Estado.

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Con la charlotada del juicio a Baltasar Garzón, la judicatura pasa a engrosar la lista de denostados.

 Maestros, políticos, sindicatos, funcionarios, banqueros…Hasta la mismísima Casa Real. Todo se cuestiona, se pone en tela de juicio.
Ver sentado a Baltasar Garzón en el banquillo es una vergüenza para este país. Solo es necesario ojear la prensa internacional para ver que somos el “hazme reír” del mundo civilizado. Nos ven desde el extranjero como un país de necios en el que no hay “justicia” más que para los desgraciados. Un lugar en el que  se juzga sin motivos reales a una de las personas que desde su trabajo más ha hecho por la democracia, luchando contra el terrorismo y la corrupción.
La verdad es que vivimos en un país en el que se puede linchar a un juez por investigar los crímenes del fascismo,o  por investigar la corrupción de determinados  altos cargos políticos.
Un juez al que sorprendentemente se le va a dictar sentencia antes incluso que a la trama corrupta de políticos del Partido Popular y sus amiguitos del alma -que realizaban contrataciones irregulares con el dinero de todos-, precisamente por investigar dicha trama corrupta.
Mientras escuchamos con vergüenza ajena como el que era Secretario General del PP valenciano (Ricardo Costa) pedía 100 gramos de caviar al cabecilla de una trama de corrupción, un grupo de jueces interroga al juez que destapó toda la trama. Todo el caso huele a podrido.

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En la calle -mientras- un grupo de personas gritan “ Los fascistas fuera del Tribunal Supremo”. Si eso que dicen es cierto, tenemos un gravísimo problema. Un problema que habrá que solucionar.
Un país sin justicia es un país condenado al desastre, porque tenemos precedentes de que si los jueces se pliegan a mandatos políticos y rinden pleitesía al poder, terminarán por ser los propios ciudadanos quienes tengan que aplicar la justicia.
No estaremos  tan lejos del “Oeste”.