Un tema profusamente recogido  por los medios de comunicación -desde octubre de 2007-, ha sido la destrucción de un bosque ribereño protegido (de 45.000 metros cuadrados de superficie) por las obras acometidas por la empresa Lázaro Conextrán en la urbanización de un sector  en la ciudad de Calahorra (La Rioja).
En lo que muchos han dado en calificar de “clara connivencia” del alcalde ( y senador del Partido Popular),  Javier Pagola no quiso abrir un expediente sancionador a los responsables cuando sucedieron los hechos (hace ya cinco años) . Pese a que toda la oposición lo pidió en pleno,  se negó a iniciar un expediente sancionador y a sancionar económicamente  a Lázaro Conextrán por una infracción que la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja califica nítidamente como “muy grave” y que implica la imposición de una sanción económica de entre 30.000 y 300.000 euros al responsable. Ante la presión mediática, política y social (de una plataforma ciudadana  “Salvemos el Parque”  y de la asociación ” Ecologistas en Acción”), se limitó a instar a la empresa a la realización de una plantación de arbolitos a varios kilómetros de distancia (a modo de sanción ambiental – figura inexistente que se inventaron-)  y de expediente sancionador, nada de nada.
Una asociación Ecologista local, “Ecologistas en Acción de la Rioja”, ha venido insistiendo en que dicha inacción era inadmisible y con su abogado a la cabeza,  comenzarón una batalla legal para conseguir que los responsables de la destrucción ilegal del Soto del Cidacos pagaran por su tropelía…Para que no quedara impune, como pretendían desde el Ayuntamiento.
En un largo periplo por los juzgados, defensoría del pueblo, Consejería de Obras Públicas, etc., Ecologistas en Acción de la Rioja ha seguido uno a uno todos los pasos que llevan a que el responsable pague. Y los hechos (y la responsabilidad de sus autores) no han prescrito ni mucho menos, ya que al pasar varios años en un proceso penal, la prescripción queda automáticamente paralizada mientras se desarrolla ese proceso penal.
El último de esos pasos ha sido seguir fielmente la instrucción derivada de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de La Rioja (organismo competente en disciplina urbanística) , y solicitar por registro de entrada (22-octubre-2012) al propio alcalde la apertura de un expediente sancionador por la destrucción del soto y por la instalación ilegal de una planta hormigonera.
No le ha quedado otro remedio al alcalde y senador Pagola, que ordenar con fecha (30-octubre-2012) la apertura de un expediente sancionador contra la empresa constructora, contra la Junta de Compensación y contra el director técnico de las mismas por la roturación y destrucción del soto, como consecuencia de las obras de urbanización del sector Cidacos . Así como otro expediente sancionador -contra la misma empresa- por la instalación ilegal de una planta de producción de hormigón en la zona.
Es un dato a analizar, que para que este alcalde cumpla sus funciones -y haga cumplir las leyes-, hayan sido necesarios cinco años, varias denuncias y un proceso judicial.

Pero que nadie se llame a engaño, con independencia de que los expedientes se hayan abierto por fin, la realidad es que la voluntad política va a seguir siendo la misma.  Según recoge la Agencia Europa Press, -el día 5 de Diciembre de 2012. el senador Pagola realiza la sorprendente declaración que pego literal:

“Pagola ha puntualizado que “lo que se hace ahora es abrir los expedientes para revisar los hechos y las responsabilidades” pero ha venido ha decir  (la”h” no es mía)  que eso no significa que la empresa vaya a ser finalmente sancionada.

   Esta última declaración podría responder al hecho de que los hechos sancionables habrían prescrito a los tres años según el artículo 132 de la Ley del Procedimiento Administrativo y a los cuatro años según el artículo 219 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.”

Sorprendente porque el propio alcalde, (lejos de trabajar para que paguen la multa y se restaure la legalidad) se muestra fiel a su trayectoria de complacencia y favor hacia los responsables, y les indica un camino para “irse de rositas”…. Pero los hechos no han prescrito, ya que el plazo de prescripción no computó mientras el caso estuvo en el juzgado (más de 2 años), y eso es algo que cualquier abogado/a conocería, por muy afiliado al PP que pueda ser.

Así que queda demostrado, que desde el Ayuntamiento de Calahorra algunos/as  seguirán intentando que nadie pague un solo euro por la destrucción ilegal del Soto, tal y como llevan cinco años haciendo. Por lo que habrá que estar atentos y, si finalmente la instrucción  de los expedientes sancionadores termina en que nadie paga, ( por una defectuosa, partidista o prevaricadora tramitación)   será el momento de poner el foco no solamente sobre los políticos, también sobre sus necesarios colaboradores.

¿Quién coño se ha casado?…me preguntaba espantado un vecino del casco histórico. No era para menos, ya que de una forma absolutamente sorprendente, la calle principal de la ciudad había sido desalojada de coches para permitir que aparcaran cinco autobuses. Para ello, la policía municipal había colocado señales de prohibido aparcar al punto de la mañana del sábado 29 de septiembre.
El motivo de desalojar toda una calle de vehículos era el de facilitar a los asistentes a una boda religiosa su acceso con toda comodidad y cercanía a los autobuses que desde la Iglesia de Santiago los iban a trasladar al banquete en un restaurante de Logroño.

La alternativa era que los cinco autobuses esperaran en la cercana estación de autobuses de Calahorra, pero eso hubiera supuesto que los invitados tuvieran que caminar a pie los doscientos metros que separan la iglesia de la estación (a dos manzanas).

Cortar la calle y poner un par de policías municipales al tanto de la operación sería algo natural en una república bananera o en un pueblo gobernado por un cacique, pero estaba sucediendo en Calahorra…Que evidentemente no es una república, pero de caciques sabemos un rato.

Sea como fuere -el despelote de cortar y desalojar una calle principal-, es algo que nunca había sucedido para que se celebre una ceremonia privada y, que tras indagar un poco resulta que la contrayente, es hija de un importante  empresario (del sector de la construcción) al que según se comenta el alcalde Pagola procesa amistad. Y este no es un dato menor ni mucho menos, ya que si el que se casa es el hijo de un “desgraciado”, o un pobre ciudadano de clase media…O sencillamente no cuenta con la amistad e intercesión del alcalde de Calahorra, ni por el forro de los cataplines le cortan la calle, se la desalojan con señales del Ayuntamiento, le dejan aparcar cinco autobuses y ponen a su disposición dos o tres policías municipales. ¡Ni de coña!

Pero en este caso así sucedió. Desde el Ayuntamiento solicitaron a la Jefatura de Policía local que señalizara la calle Grande, cosa que la Jefatura ordenó a la Policía Local, los cuales señalizaron, vigilaron, cortaron la calle desviando el tráfico en determinados momentos y todo ello sin que esa actuación fuera solicitada por registro, ni aprobada por la Junta de Gobierno ni nada de nada. Es precisamente por ello una actuación irregular y arbitraria, que supone un trato de favor del alcalde hacia un determinado ciudadano, por el cual se malversan bienes y recursos públicos para beneficio privado. Y eso tiene un nombre.
¿Quién ha pagado las señales, su colocación, las tasas por ocupación de la vía pública, por cortar una calle…Por utilizar durante varias horas a los agentes de policía….¿Dónde está la solicitud y la autorización para hacer todo eso?…¿Qué coño pasa en este pueblo?…

PDT: Hace dos años, una asociación (ecologistas en acción de Calahorra) solicitó poner una mesa un sábado por la mañana para celebrar el día de las aves y repartir información sobre ornitología en el paseo del mercadal (peatonal). El alcalde lo denegó y los mandaron al aparcamiento del Silo (a un kilómetro de distancia), el motivo: que obstaculizarían el tránsito de personas.