La alternativa al ajuste por el ajuste, al austericidio, como dio en llamarse a los recortes sociales por sistema y contra el sistema, es una política presupuestaria que, cumpliendo con la estabilidad macroeconómica, ponga a las personas en el centro de los objetivos económicos del Gobierno.

En un artículo reciente en el diario ‘El País’, el economista José Carlos Díez afirma: “Nuestros vecinos portugueses son un ejemplo que confirma que la socialdemocracia sigue viva en medio del virus populista global”.

Bien, en España la socialdemocracia sigue tan viva como en el país vecino, y son el PSOE y Pedro Sánchez quienes se están encargando de que cumpla con su función: garantizar la igualdad y proveer de políticas públicas para que la cohesión social sea la base sobre la que se sustente la convivencia en el marco de la democracia representativa.

Pero, ¿cómo conseguir estos objetivos? Primero, protegiendo el Estado de Bienestar; segundo, reformar la fiscalidad para que vuelva a la lógica de la progresividad, a la lógica de la justicia, para que quien más tenga más pague, y para que las clases trabajadoras y medias salgan beneficiadas; tercero, con unas cuentas públicas saneadas; y cuarto, impulsando el desarrollo de un crecimiento más fuerte, sostenible y competitivo.

Los presupuestos que resultarán de esta nueva política económica una vez, como así espero, la mayoría del Congreso los apruebe, serán la mejor noticia para la sociedad española, después de varios años de ajustes y recortes.

Hablamos de una subida de las pensiones conforme al IPC real, y de una subida de las pensiones mínimas alrededor del 3%. Hablamos de un 40 % de aumento en el gasto de la dependencia y de incremento de 900 euros en el salario mínimo, de la eliminación del copago farmacéutico, del establecimiento del permiso de paternidad a tres semanas o de 150 millones más para becas.

Y como decía el clásico, esto, ¿quién lo paga? El gobierno garantiza la estabilidad de las cuentas a partir de una reforma en el sistema de ingresos. Y lo hace como debe hacerse: subiendo el IRPF dos puntos a las rentas altas de más de 130.000 euros al año y a las ricas de más de 300.000 euros anuales, imponiendo un tipo mínimo a las grandes empresas a través del impuesto de sociedades y protegiendo a las PYMES y a los autónomos. Quien diga que a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos se les van a subir los impuestos, sencillamente miente. O como ahora se dice, propaga fake news, noticias falsas. Que miente como un bellaco vaya.

En resumen, el presidente está impulsando una alternativa económica que va a beneficiar a la mayoría de la sociedad, algo que, por cierto, es lo que estaba esperando una mayoría también de los españoles.

Artículo de opinión publicado en nuevecuatrouno.com

Recuerdo una conversación en los días posteriores a que el actual delegado del Gobierno tomara posesión de su cargo. Era mediados del mes de junio. A la pregunta que le hice sobre cómo se había encontrado las cosas (de verdad, realmente), me contestó algo así como: poco, casi nada, y lo que hay, atascado.

Por eso, durante estos cuatro meses de responsabilidad de Gobierno, los socialistas riojanos hemos pisado el acelerador para recuperar el pulso de una (in)acción de la Administración central que corría el riesgo de convertirse en un obstáculo para los proyectos que debemos abordar como región.

Y ese es el principal problema: la ausencia de proyectos. Nunca antes se había dado semejante sequía en nuestra comunidad, causada por unos años de Rajoy-PP que aprobaban unos presupuestos muy rácanos con La Rioja y que después se han ejecutado de manera muy baja, irrisoria.

Llevará un tiempo que el olor a humo, que es lo que vendía constantemente el anterior Gobierno, se evapore y podamos respirar con la tranquilidad de tener encauzados los proyectos que, tapados por el protocolo-biombo de Serna-Ceniceros con el que cubrían la vergüenza de su pasotismo, deben centrar la agenda de región, fijada por otro lado, en lo fundamental, en el pacto por las infraestructuras aprobado por el Parlamento regional.

Como decía, lo primero era desatascar y recuperar el pulso. Por eso, hoy, cuatro meses después, puedo enumerar una serie de decisiones que ya pertenecen a un balance de buena gestión y compromisos adquiridos. Veamos:

1. En tres años y medio Rajoy no había recibido a Ceniceros. Es decir, el presidente de España no había invitado al de La Rioja a una reunión institucional. Y eso que ambos son del mismo partido. Bueno, pues en tres meses, el presidente socialista Sánchez ha recibido al popular Ceniceros. Así comienza la colaboración y la lealtad institucional para impulsar los proyectos.

2. Las obras de la ronda sur (entre Arrúbal y Navarrete), prioridad entre prioridades, serán licitadas a lo largo de este año. De la Serna se había dejado unos cuantos trámites sin aprobar, pero todos están ya en marcha.

3. La lucha contra la violencia de género es una prioridad en toda España. En La Rioja también. Por eso, habrá 1,5 millones de euros más para nuestra región en el marco del pacto de Estado. Como prioridad ha sido la recuperación del derecho a una prestación sanitaria universal, que en La Rioja beneficiará a más de 850 personas.

Fue a finales de mayo cuando el presidente Sánchez tomó una decisión que se ha revelado después crucial en el devenir de nuestra historia más reciente: presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy. Esto es, propiciar que el poder legislativo, una vez el judicial había ya hablado con contundencia y claridad desconocida (nunca antes habíamos visto la corrupción tal y como la ha ejercitado el PP), provocase un cambio en el poder ejecutivo, en su cabeza, en la Presidencia.

Ideas como la necesaria decencia en nuestra democracia o la regeneración democrática sirvieron de grandes referencias con las que acompañar al verdadero objetivo, una vez aprobada la moción e investido Pedro Sánchez en la Presidencia: impulsar un cambio político en España. La llamada «nueva política» atascó más que aligeró y sus formaciones más destacadas, como Podemos o Ciudadanos, no han sabido ofrecer una alternativa. Sin embargo, el PSOE ha impulsado en estos cien días un cambio de escenario, un nuevo tiempo, como tantas veces se ha dicho en ocasiones anteriores. Pero solo dicho.

Ahora tocaba hacer. Los hechos. Para poner a España en el siglo XXI de su propio tiempo histórico, el nuestro, Pedro Sánchez ha tomado dos grandes decisiones. Una quizá menor, protocolaria o simbólica, pero enormemente eficaz, como es retirar cualquier elemento religioso de las tomas de posesión de él como presidente y del Gobierno. Si avanza el laicismo, la sociedad avanza. La otra, será una imagen poderosa, una deuda moral. Ni Franco ni José Antonio serán protagonistas de ningún lugar público. Ese espacio no los puede acoger ni destacar. Además, el anuncio más reciente de la creación de «una comisión de la verdad lo más plural posible, en el que se incluyan todas las perspectivas históricas» nos reconcilia, que es lo que fue la Transición de forma definitiva: un proceso de reconciliación.

Pero para que España sea una potencia en el siglo XXI, el presidente ha entendido que el proyecto del Gobierno, y el del PSOE, debe dotarse de la fuerza de dos grandes movimientos, el feminismo y el ecologismo, y de una filosofía de vida, el europeísmo.

La debilidad del sistema político e institucional, causada por el descrédito absoluto del Gobierno, hacía necesaria una reacción del poder legislativo a la altura de la sentencia del poder judicial. Pocos creían con certeza y determinación, entre los que no me encuentro, que activar la solución constitucional de la moción de censura constructiva, era la idea a presentar a la sociedad española y la iniciativa política a defender, y que además tendría éxito. Pero sí creyeron en ello Sánchez y su equipo. Y no solo acertaron, sino que pusieron las bases para provocar ese cambio de escenario.

Acto seguido, y tras el desglose de un conjunto de objetivos ante el Congreso, el presidente Sánchez armaba un Gobierno que en su conformación reúne dos requisitos esenciales para apuntalar el cambio de escenario: será un Gobierno que cumplirá con los objetivos presentados al Congreso durante el debate de la moción de censura, y será un Gobierno que desarrollará un proyecto político modernizador y transformador para España.

El hecho de que el feminismo y el europeísmo sean las grandes ideas del proyecto de ese Ejecutivo completa el círculo que nos permiten asegurar que no solo ha habido un cambio de Gobierno o de ubicación de actores en el ecosistema político, sino que lo que estamos viviendo es un cambio en el fondo de la política española, y que no ha venido de la mano de los “nuevos partidos”, paradójicamente.

Lo cual no significa que todo esté hecho. Más bien al contrario. Casi todo está por hacer. Pero sí hay una cosa segura, y es que la pericia y acierto (con la responsabilidad de Estado en el núcleo) del presidente Sánchez y de su equipo, sin ser infalible –ojo-, han permitido no solo activar una solución institucional ante un tapón obstaculizador (recuérdese el no al Rey de 2016) como Rajoy y el actual PP, sino que ha posibilitado la apertura de un nuevo escenario político, que de confirmarse (más allá de la fecha de la próxima convocatoria electoral) se convertirá en ciclo o etapa.

Un buen regalo sin duda para nuestra Constitución, en su 40 cumpleaños. Y un mejor regalo para un partido como el PSOE, tan zaherido en los últimos cuatros años, que ha recibido un verdadero soplo de autoestima y fuerza por parte de su líder y secretario general (impulsado por sus bases). Le toca ahora al partido devolverle ese esfuerzo en forma de apoyo y adaptación a ese nuevo escenario político (que en España se está configurando de la mano, otra vez, de la socialdemocracia), para acompañar y, por qué no, también proponer ideas y alternativas al nuevo Gobierno. Le toca trabajar, con muchas dosis de humildad, para ocupar ese espacio protagonista y mayoritario en las urnas cuando llegue el momento. El cambio de paradigma impulsado por Sánchez hace apenas quince días apunta en esa dirección.

El pasado 24 de mayo, conocimos la sentencia (la primera, porque vendrán más) sobre Gürtel. Queda confirmado. El PP fue condenado por corrupción, y Rajoy tocado seriamente por los tribunales: advertido y amonestado. Y de nuevo está España ante una crisis institucional provocada por Rajoy. Como hace dos años, el PSOE, con Pedro Sánchez al frente, han asumido el peso de la responsabilidad de salvar el buen nombre y funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.

Desde hoy, el PSOE tendrá responsabilidades de Gobierno en España, al triunfar con claridad la moción de censura, y Pedro Sánchez será presidente para cumplir con los objetivos que hemos asumido ante el Congreso y ante los españoles: apartar a Rajoy para tener un Gobierno limpio, estabilizar la vida política e institucional y convocar a los españoles a las urnas.

Creo que todos nos hemos equivocado. Decíamos, y pensábamos, que peor era imposible, pero entre Rajoy, Rivera y Ceniceros lo han hecho posible. Con los Presupuestos Generales del Estado para La Rioja del 2018 empeoramos más aún. Nos ocurre a los riojanos con los Presupuestos del Estado en la era Rajoy (da igual la coincidencia con el autoritario e ineficaz Sanz, que con el apático y resignado Ceniceros) que cada año es peor que el anterior. Y los riojanos queremos otros presupuestos, no los mismos con que nos vienen atizando un año tras otro desde el 2012.

Lo vengo repitiendo en años anteriores: se presupuesta poco (bastante menos que la media nacional), se ejecuta menos (bastante menos que la media nacional) y se abandonan los grandes proyectos que debe abordar un presupuesto estatal: las infraestructuras viarias y ferroviarias en el caso riojano.

Para este 2018, el trío Rajoy-Montoro-Ceniceros (con la colaboración de Rivera, últimamente perejil de cualquier salsa que se precie, –y la muy posible de los nacionalistas vascos, ya se sabe que a tanto el voto…–) nos presentan unas Cuentas que, en líneas generales, consolidan la desigualdad y la precariedad contra la que la calle está movilizándose cada vez de forma más importante, dan el sablazo a los pensionistas con el 0,25 tristemente famoso y se afanan en mantener los recortes en el gasto social y productivo.

El ínfimo gasto en educación (un 3,7 % del PIB por un 5 % de media que se invierte en la UE), el más que insuficiente aporte a la sanidad y a la dependencia y la conservadora política fiscal, por la que se sigue beneficiando al 10 % más pudiente de la población y perjudicando a la mayoría social de clases medias y trabajadoras, desmiente tajantemente la propaganda oficial. Estos Presupuestos están muy lejos de ser sociales, más bien son lo contrario: la reiteración de la política del PP que se desentiende de los débiles y de los que más sufren.

Además, los Presupuestos de 2018 adolecen de varios problemas que a día de hoy condicionan su capacidad de influir en la política económica del país. Esto es así, porque su capacidad de vigencia se limita a medio año y porque su formulación está más pensada en la capacidad de influir en el calendario electoral que en los problemas de España.

Los socialistas hemos mantenido, por coherencia y de acuerdo a nuestros principios, nuestra posición contraria a la prisión permanente revisable, que está basada en muchas razones, que resumo en estas dos:

• Porque las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social, según reza nuestra Constitución.
• Y porque el sistema penal español es ya el más duro de Europa, puesto que en España los delitos graves están penados con 40 años de prisión, que se cumplen íntegramente.

Varios expertos han redactado un texto de lectura muy recomendable:

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Manifiesto-prision-permanente-revisable_6_749685080.html

manifiesto-contra-la-prision-permanente-revisable-106-primeras-firmas

Hay aniversarios que conviene recordar. Es más, sirven para renovar compromisos prioritarios y urgentes hoy en la sociedad española. Hace seis años que el Partido Popular optó por una apuesta equivocada: una gran devaluación salarial y de la calidad de los puestos de trabajo como forma de competir en una Europa en crisis. La reforma laboral que Rajoy aprobó a inicios de 2012 tenía un propósito claro, su gran objetivo: reducir los salarios, facilitar el despido y abaratar su coste. Las consecuencias las conocemos: precariedad, pobreza salarial, explotación, abusos, temporalidad, proliferación de figuras como la del falso autónomo, las pensiones públicas en jaque y un agravamiento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, quienes tienen los peores contratos y los perores salarios del país.

La gran apuesta de Rajoy se basó en implantar esa devaluación interna a través de contratos precarios y recortes de los derechos de los trabajadores. En España hoy, el despido objetivo se ha convertido en la norma habitual, las empresas pueden tramitar un ERE sin autorización administrativa previa, los jóvenes pueden ser contratados durante un año para después ser despedidos sin derecho alguno a indemnización, el empresario puede modificar el salario de forma unilateral, por no hablar de la prevalencia de los convenios de empresa sobre los de sector, lo que ha dinamitado la negociación colectiva. Todo esto les suena, pero ahora toca decir que, además de injusticia y desigualdad, ha provocado un gran fracaso, porque en España trabajan un millón y medio menos de personas con respecto al año 2008.

La causa de este fracaso es la apuesta de Rajoy por la devaluación interna, que es la que ha provocado la reducción de las plantillas y de los costes salariales, beneficiando a los empresarios y perjudicando a los trabajadores (se han transferido 2,4 puntos de rentas de la remuneración de los asalariados al excedente empresarial). Por si fuera poco, todas las prestaciones contributivas, así como los subsidios, han sido recortados en este tiempo, aunque el paradigma de nefasta gestión es el aumento del déficit de la seguridad social y la práctica desaparición del Fondo de Reserva.

En varias ocasiones, hemos pedido los socialistas que se aprobase una declaración de sequía, pero ésta no ha llegado nunca. Peor aún. Cuando el PP tenía la posibilidad de enmendar todos sus errores, ha metido aún más el pie en el barro de la desconsideración hacia La Rioja. ¿Era posible? Sí, votando en contra de los acuerdos entre distintos partidos, adoptados a iniciativa del PSOE, que perseguían ampliar las ayudas y otras medidas para agricultores y ganaderos de otras cuencas, como la nuestra del río Ebro y especialmente su margen derecha, que están teniendo muchos problemas en forma de pérdidas cuantiosas y más gastos de los previstos. Un desastre sin paliativos, como se diría.

El PP no tiene culpa de la sequía, nadie puede tenerla. Pero ni ha sabido ni ha querido anticiparse a la sequía, ni tampoco gestionar los riesgos que advertían de unos ciclos de sequía cada vez más intensos y frecuentes. Ese es el problema de concebir el agua como un  tema de utilización partidista y electoral. Reitero, el PP no tiene la culpa de la sequía, pero sí es responsable de sus peores consecuencias por no planificar debidamente, sobre todo las infraestructuras de regadío, y por no tomar las decisiones políticas a su tiempo.

Ahora bien, de lo que sí tiene culpa el PP es de las decisiones políticas que (no) se han ido tomando durante este año, decisiones que, una tras otra, han ido dejando fuera de juego a La Rioja, por más que el propio Gobierno regional, patéticamente, pidiera a su propio Gobierno, del mismo color, que atendiese las peticiones de regantes, agricultores y ganaderos. La culpa de tolerar actitudes displicentes como la del inefable responsable, esperemos que no por mucho tiempo, de la CHE o de los burócratas del ministerio, siempre dispuestos a repetir de pepitoria las condiciones legales que prevén la declaración de sequía, condiciones que utilizan como obstáculo siempre.

Estábamos en éstas, cuando llegó la tramitación del Real Decreto que atiende, desde hace meses, la situación gravísima en la cuenca del Duero, y que el PSOE, junto con otros grupos políticos, pidieron que se tramitase como Ley con el objetivo de poder ampliar el número y tipo de ayudas, y además de poder extender éstas a otras Demarcaciones Hidrográficas, como la del Ebro.

Y aquí ya no vale esconderse detrás del inefable responsable de la CHE, de la burocracia ministerial o de las estadísticas. Hay que fijar una posición política. Y ya lo creo que la fijaron. Y que mantienen, por cierto.  En contra. Dirán ustedes, pero ¿de qué? En contra de todo. De todo.

El PSOE planteó entonces, hace escasos días, “establecer medidas de apoyo y, en su caso, la concesión de ayudas a los titulares de las explotaciones agrarias situadas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía en el presente año agrícola, que hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos o en los aprovechamientos ganaderos”. Esta propuesta salió adelante, y el PP votó en contra.

El PSOE planteó también flexibilizar la aplicación de las medidas para atender las situaciones de sequía, como la sufrida durante el 2017. Se aprobó, y el PP votó en contra.

El PSOE pidió la creación “de un Fondo Extraordinario de lucha contra la sequía y sus consecuencias destinada a financiar medidas de ayuda para compensar las pérdidas producidas por la sequía y otras adversidades climáticas en las explotaciones agrícolas y ganaderas”, propuesta que salió adelante, y el PP votó en contra.

Por último, el PSOE planteó que se contemplase la posibilidad de poder contratar dos potencias diferentes en cuanto a las redes de transporte y distribución eléctrica para regadíos que tuviese en cuenta la necesidad de suministro en cada momento del año. También se aprobó, y (para no estropear la función) con el voto en contra del PP.

Este texto está en el Senado y volverá al Congreso. Desde estas líneas le pido al PP que, aunque sea tarde, mal y nunca, corrijan su incomprensible posición y apoyen las decisiones que una mayoría en las Cortes están impulsando, y que no bloqueen estas medidas en el Senado, porque, de hacerlo, solo ustedes serán los responsables de las pérdidas enormes de muchas familias agrícolas y ganaderas de la región que no merecen su displicencia como partido y el olvido como Gobierno.

Al señor De la Serna habría que pedirle menos declaración sin fundamento y más responsabilidad. Desde que se conoció que se habían dejado caducar la declaración de impacto ambiental del tramo Castejón-Logroño han ido de disparate en disparate hasta darse cuenta de que ese tramo debe ser alta velocidad, como está planificado. Lo que ocurre es que lo será dentro de muchos años después de lo debido por la negligencia del PP. Esa es la cuestión. Estaremos vigilantes para que esto no sea otra mentira más, la continuación del pitorreo. Y si se tramitan los PGE en las próximas semanas podremos ver si van en serio o es otra mentira más.

P.D. La sociedad riojana ha estado a la altura reivindicando lo que necesitamos en el marco nacional y comunitario de infraestructuras ferroviarias, empezando por  medios de comunicación como el que aloja este blog. No bajemos la guardia. El actual ministro y su propensión comprobada a meterse en jardines estúpidos deben ponernos alertas. En cualquier momento, puede volver a perdonarnos la vida, cuando lo sencillo era reconocer que se habían equivocado, rectificar y enmendalla, no sostenella.