En varias ocasiones, hemos pedido los socialistas que se aprobase una declaración de sequía, pero ésta no ha llegado nunca. Peor aún. Cuando el PP tenía la posibilidad de enmendar todos sus errores, ha metido aún más el pie en el barro de la desconsideración hacia La Rioja. ¿Era posible? Sí, votando en contra de los acuerdos entre distintos partidos, adoptados a iniciativa del PSOE, que perseguían ampliar las ayudas y otras medidas para agricultores y ganaderos de otras cuencas, como la nuestra del río Ebro y especialmente su margen derecha, que están teniendo muchos problemas en forma de pérdidas cuantiosas y más gastos de los previstos. Un desastre sin paliativos, como se diría.

El PP no tiene culpa de la sequía, nadie puede tenerla. Pero ni ha sabido ni ha querido anticiparse a la sequía, ni tampoco gestionar los riesgos que advertían de unos ciclos de sequía cada vez más intensos y frecuentes. Ese es el problema de concebir el agua como un  tema de utilización partidista y electoral. Reitero, el PP no tiene la culpa de la sequía, pero sí es responsable de sus peores consecuencias por no planificar debidamente, sobre todo las infraestructuras de regadío, y por no tomar las decisiones políticas a su tiempo.

Ahora bien, de lo que sí tiene culpa el PP es de las decisiones políticas que (no) se han ido tomando durante este año, decisiones que, una tras otra, han ido dejando fuera de juego a La Rioja, por más que el propio Gobierno regional, patéticamente, pidiera a su propio Gobierno, del mismo color, que atendiese las peticiones de regantes, agricultores y ganaderos. La culpa de tolerar actitudes displicentes como la del inefable responsable, esperemos que no por mucho tiempo, de la CHE o de los burócratas del ministerio, siempre dispuestos a repetir de pepitoria las condiciones legales que prevén la declaración de sequía, condiciones que utilizan como obstáculo siempre.

Estábamos en éstas, cuando llegó la tramitación del Real Decreto que atiende, desde hace meses, la situación gravísima en la cuenca del Duero, y que el PSOE, junto con otros grupos políticos, pidieron que se tramitase como Ley con el objetivo de poder ampliar el número y tipo de ayudas, y además de poder extender éstas a otras Demarcaciones Hidrográficas, como la del Ebro.

Y aquí ya no vale esconderse detrás del inefable responsable de la CHE, de la burocracia ministerial o de las estadísticas. Hay que fijar una posición política. Y ya lo creo que la fijaron. Y que mantienen, por cierto.  En contra. Dirán ustedes, pero ¿de qué? En contra de todo. De todo.

El PSOE planteó entonces, hace escasos días, “establecer medidas de apoyo y, en su caso, la concesión de ayudas a los titulares de las explotaciones agrarias situadas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía en el presente año agrícola, que hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos o en los aprovechamientos ganaderos”. Esta propuesta salió adelante, y el PP votó en contra.

El PSOE planteó también flexibilizar la aplicación de las medidas para atender las situaciones de sequía, como la sufrida durante el 2017. Se aprobó, y el PP votó en contra.

El PSOE pidió la creación “de un Fondo Extraordinario de lucha contra la sequía y sus consecuencias destinada a financiar medidas de ayuda para compensar las pérdidas producidas por la sequía y otras adversidades climáticas en las explotaciones agrícolas y ganaderas”, propuesta que salió adelante, y el PP votó en contra.

Por último, el PSOE planteó que se contemplase la posibilidad de poder contratar dos potencias diferentes en cuanto a las redes de transporte y distribución eléctrica para regadíos que tuviese en cuenta la necesidad de suministro en cada momento del año. También se aprobó, y (para no estropear la función) con el voto en contra del PP.

Este texto está en el Senado y volverá al Congreso. Desde estas líneas le pido al PP que, aunque sea tarde, mal y nunca, corrijan su incomprensible posición y apoyen las decisiones que una mayoría en las Cortes están impulsando, y que no bloqueen estas medidas en el Senado, porque, de hacerlo, solo ustedes serán los responsables de las pérdidas enormes de muchas familias agrícolas y ganaderas de la región que no merecen su displicencia como partido y el olvido como Gobierno.

Me muestro satisfecho con las sentencias en primer lugar porque fue un Ayuntamiento, el de Logroño, con un Alcalde socialista, Tomás Santos, el que decidió recurrir a instancias judiciales este proyecto de ecociudad que el Tribunal Supremo ha paralizado.

Satisfecho, también, porque a los socialistas nos pareció siempre una invasión competencial desde el Gobierno regional a los ayuntamientos,  como el de Logroño.

Satisfecho porque el proyecto atacaba una zona protegida desde el punto de vista medioambiental y sostenible. Era una invasión de una zona protegida.

Y en tercer lugar satisfecho porque era un proyecto miope desde el punto de vista de hacia donde iban las cosas. Todavía en enero el Gobierno regional seguía manteniendo la ilusoria percepción de que las cosas podían ser cómo y cuándo ellos habían decidido liberalizar el suelo, y se ha demostrado que ello no podía ser así. Si ya en enero era un disparate intentar mantener un proyecto que invade las competencias municipales, un proyecto que invade una zona protegida medioambientalmente, era un proyecto que iba hacía atrás, hacia lo que en parte nos había llevado a como estamos ahora, el crecimiento sin ningún tipo de orden racional de la ciudad de Logroño, especulación del suelo y la burbuja inmobiliaria.

Las sentencias suponen que la razón que no le entró al Gobierno de la Rioja por sus propios medios, se la haga entrar por la Justicia.

Y estas sentencias tienen que llevar a buscar y ofrecer responsabilidades en el Ejecutivo regional. Cuando uno se mete en estas aventuras y recibe un contundente varapalo judicial, como gobierno, debe asumir y reconocer responsabilidades.

Se está hablando mucho sobre la decisión que el Gobierno ha de tomar en torno a la prorroga o no de la actividad de la central nuclear de Garoña.

Los socialistas tenemos un programa electoral y un programa de gobierno donde proyectamos nuestra idea de un sistema eléctrico donde tengamos cada vez menos energía nuclear, menos dependencia de los hidrocarburos y más energías renovables. Una idea modernizadora y de futuro.

Con dos años para cumplir la cuarentena, lo lógico, razonable y normal en el contexto mundial es cerrar la central, porque habrá llegado al fin de su vida útil, y prorrogar su actividad sería algo excepcional e innecesario, puesto que tiene un impacto neutro en nuestro sistema energético y no supone ni un 1 % del total.

La nueva economía sostenible debe asentar su nacimiento en las energías renovables: seguras, limpias y posibilitadotas de más autosuficiencia energética.

Además, somos ya un referente internacional en este campo, tenemos un gran potencial de desarrollo y haremos de esta política algo económica y energéticamente positivo para el país.

Acerquémonos al futuro y cerremos Garoña cuando toca y cuando llega el momento de combinar la energía nuclear que tenemos por la sustitución progresiva de ésta por energías renovables.