Quizás como una señal inequívoca de declive, la sanidad riojana ha demostrado estar al límite de sus posibilidades. En los medios de comunicación ha resonado a modo de titulares que han sobrecogido a propios y extraños.

Lo más sorprendente es que el achaque al sistema no ha sido nada extraordinario, sino el de cada año por estas fechas: la gripe y otras infecciones respiratorias; pero el paciente, el servicio público, cada vez se encuentra más débil. La nefasta gestión del Gobierno de La Rioja a lo largo de los últimos años ha conducido a un debilitamiento paulatino de la sanidad pública con sucesivos ataques que han mermado la calidad de los servicios asistenciales por la vía de los recortes de personal y las privatizaciones encubiertas.

En menos de 5 años se ha producido una reducción de las partidas presupuestarias sin precedentes en la historia de nuestra Comunidad. Así, en el seno del Servicio Riojano de Salud, el SERIS, los gastos destinados a personal de atención primaria han caído la friolera de dos millones de euros, nada sin embargo en comparación con la drástica reducción en lo que se refiera a atención especializada, que ha caído más de 20 millones de euros y que representa aproximadamente el 20% del total de los gastos de personal.

Detrás de estas frías cifras encontramos cierres de consultorios y pérdida de horas presenciales de médicos en el ámbito rural, sobrecarga de trabajo para los profesionales, sobre quienes pesan los recortes de personal y a quienes a su vez se les maniata mediante un sistema de agenda única que todavía limita más su escaso margen de maniobra.

Pero también sufrimos la falta de sustituciones de profesionales de baja y de disfrute de periodos vacacionales y en consecuencia esto conlleva nuevas deficiencias en la atención primaria, generando surrealistas situaciones en las que para ser atendido por el médico de referencia en la capital riojana es necesario que pasen hasta cuatro días, como ha ocurrido en algunos centros de salud de Logroño en fechas recientes.

En estas condiciones, a los ciudadanos, también desorientados tras un lamentable episodio de rezonificación sanitaria que se ha realizado de espaldas a más de 40.000 logroñeses, se les pone alfombra roja para que acudan a urgencias, para luego culpabilizarlos por hacer un excesivo e inadecuado uso de las mismas. Chocante, cuando menos.

La situación en las urgencias del San Pedro ha devenido en indigna: camas cruzadas en los pasillos, boxes utilizados de manera improvisada a modo de hospitalización e interminables esperas para los usuarios del sistema.

Todo ello incluso tras la apertura, después de más de dos años, de más de 20 camas que permanecían cerradas en beneficio de mercantiles que, en un negocio en alza con este gobierno popular, absorben “pacientes rentables” de los servicios públicos mientras el otro hospital de Logroño, el Hospital de La Rioja, se utiliza al 30% de su capacidad en una demostración de privatización costosa, innecesaria y oculta.

Otros servicios, como la unidad del dolor o salud mental, son algunos de los más deteriorados después de los últimos años de gestión del actual Gobierno. Las listas de espera reales cuentan con cifras mucho menos amables que las que las autoridades nos ofrecen y están, además, enmascaradas tras trámites administrativos; tal es así que doblan los plazos de atención al especialista que nos cuentan.

Lo mismo ocurre en las intervenciones quirúrgicas, que rondan el año, como en traumatología, con chantaje al paciente incluido, perjudicando a aquellos que no pasan “por el aro” de ser intervenidos en clínicas privadas.

Porque para eso el Gobierno de Sanz no escatima. El importe dedicado a privatizaciones de servicios ha ascendido de manera tan vertiginosa como ha descendido el montante del presupuesto de la sanidad riojana. En el último año se han destinado en torno a 25 millones de euros para la prestación ajena de servicios sanitarios por empresas privadas, mientras como ocurre en los servicios de radiología, los recursos públicos son infrautilizados.

Los socialistas tenemos otro planteamiento. Un cambio de rumbo que permita funcionar al sistema público de acuerdo a sus posibilidades.

Un giro que represente una apuesta por servicios eminentemente públicos prestado por profesionales de lo público. Una apuesta por la reversión de las privatizaciones y el refuerzo al personal a los niveles de antes de la crisis. También con el impulso a nuevas iniciativas, como la eliminación de los copagos y la universalización de la sanidad, derogando la infame contrarreforma sanitaria. Realizando definitivamente la integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el SERIS, y garantizando por ley tiempos máximos de espera para los usuarios de la sanidad. Debemos impulsar la receta electrónica (La Rioja es la CCAA más retrasada en su implantación) y promover hábitos de vida saludables y una adecuada y definitiva planificación sanitaria, errática en los últimos 15 años, contando con la participación de los usuarios, dando un paso definitivo en la “democratización” de la sanidad para así sacar a La Rioja del vagón de cola de la sanidad pública española. Solo hay que creer en ello y querer.

Artículo de opinión publicado hoy domingo 2 de febrero de 2014 en DIARIO LA RIOJA.

Esta mañana he mantenido un encuentro en el Hospital San Pedro con diferentes profesionales de la sanidad riojana. Creo que los recortes presupuestarios, 20 millones de euros en los últimos cinco años, y la infrautilización de los distintos servicios públicos, como por ejemplo radiología, provocan un funcionamiento por debajo de las posibilidades del sistema y que se disparen las listas de espera, como bien han denunciado los sindicatos y bien saben también los profesionales, verdaderos héroes.

He propuesto recuperar inversiones presupuestarias para el sistema público, y destinarlas a contratar personal preferentemente. Así, mejorará la calidad del servicio y se reducirán las listas de espera.

Creo que el sistema sanitario público puede funcionar a pleno rendimiento, paliar las deficiencias en muchos servicios, como el de radiología, salud mental o unidad de dolor, y creo que debemos tomar ya dos decisiones: implantar una unidad de daño cerebral e integrar la Fundación Hospital de Calahorra en el sistema público, con pleno acuerdo con los trabajadores.

Termino con un dato interesante: en cinco años 20 han sido los millones de euros que se han reducido del presupuesto público de la sanidad riojana, de 126 a 106. Curiosamente, son 22 los millones de euros que se dedican a la externalización de la sanidad riojana. Juzguen ustedes mimos.

Los socialistas proponemos cinco medidas específicas:

Uno. Recuperar el presupuesto público para garantizar las sustituciones mediante la contratación de 40 médicos, enfermeros y personal auxiliar de enfermería, medida que tendría un coste de 20 millones de euros, aproximadamente.

Dos. Modificar y mejorar la planificación, atendiendo no solo a las necesidades reales, sino a las potenciales, reordenando la Zona Básica de Salud de Logroño, en diálogo con los vecinos, y aprovechando mejor las posibilidades del Hospital de La Rioja.

Tres. Crear una red de proximidad de urgencias en los meses de riesgo potencial a través de la apertura por las tardes las urgencias de algunos centros de salud.

Cuatro. Implantar inmediatamente la receta electrónica.

Cinco. Reforzar la prevención y la educación en materia de salud.

Esta tarde me he reunido con responsables de organizaciones sanitarias, educativas y de servicios sociales que tienen en común la defensa de los servicios públicos, con el fin de reforzar con ellos el papel y la política del PSOE en la defensa de la sanidad pública, los servicios sociales, la dependencia y la educación pública en La Rioja.

En este tiempo de crisis, cuando son más necesarios estos servicios públicos, estamos asistiendo a un descenso paulatino y constante de los presupuestos que el Gobierno de destina a los diferentes servicios públicos; por ello, defendemos una recuperación del volumen presupuestario para garantizar el Estado del Bienestar.

Los socialistas, que hemos tenido desde siempre una concepción de los servicios públicos como algo eficaz, eficiente y útil, cuando hablamos de servicios públicos pensamos en los colegios, las escuelas infantiles, los institutos, la Universidad de La Rioja, los centros de salud y ambulatorios, los hospitales, los centros de día, las residencias de mayores, y pensamos en los profesores, los médicos, los enfermeros o los trabajadores sociales. De eso es de lo que estamos hablando cuando nos referimos a los servicios públicos. Como socialistas pretendemos que los servicios públicos en La Rioja sigan garantizando las prestaciones sociales y los derechos de los ciudadanos.

Por todo ello, a los sindicatos y asociaciones con los que me he reunido, les he propuesto dotar suficientemente, a través de los Presupuestos de La Rioja, a toda esta serie de grandes servicios públicos de un Fondo de Garantía del Estado de Bienestar a través de una propuesta de 55 millones de euros, para el mantenimiento de la sanidad pública, los derechos sociales y la calidad en la educación y también defender los derechos de los trabajadores, que son las personas que los defienden y ennoblecen día a día.

Esta mañana me he desplazado al Centro de Salud La Guindalera con los portavoces del PSOE en La Rioja y en Logroño para pedir la retirada de la injusta Orden de rezonificación sanitaria de Logroño.

Injusta porque se hizo sin hablar con nadie y con una falta total de sensibilidad con los pacientes, especialmente los crónicos, las personas mayores o con problemas de movilidad. Injusta porque su criterio de elaboración es más urbanístico que sanitario, más para mercancías que para personas. Injusta porque trata de ajustar los pacientes a los centros como sea, rompiendo la relación entre el paciente y el médico, sin pensar en que dotar mejor los centros, construyendo los pendientes, y las plantillas es la mejor forma de prestar el servicio con calidad.

Hoy debe ser el primer y último día de esta decisión que perjudica a 40.000 logroñeses. Le pedimos que la retiren y que convoquen los Consejos de Salud de Zona y el Consejo Riojano de Salud para elaborar una propuesta mejor que garantice la prestación y satisfaga a los pacientes y a los ciudadanos.

Además, hemos solicitado que el Consejero de Salud comparezca en el Parlamento, porque se debe buscar también el consenso político en esta materia.

La rectificación debe ser completa, deben retirar la Orden y poner en marcha un proceso dialogado y con sensibilidad que dé como resultado una planificación de las zonas sanitarias que beneficie a los logroñeses.

Primero. La crisis como coartada. La crisis económica y el recorte del gasto público han permitido a sectores conservadores o neoliberales proponer y adoptar medidas que no tienen una relación directa con la crisis, ni con el déficit, sino que se ejecutan por razones ideológicas, para cercenar el reconocimiento de derechos sobre la igualdad o en materia social.

Segundo. Ruptura del contrato social. El desmantelamiento del Estado del Bienestar –tanto en sanidad, como en educación, servicios sociales o seguridad social- supone romper con un modelo de sociedad reconocido e impulsado desde la transición en España. Esta ruptura del contrato social se está haciendo sin el acuerdo con los ciudadanos, por lo que el cambio de las reglas de convivencia democrática va más allá del proyecto de un partido político en una legislatura y de una mayoría absoluta para cuatro años. Por otra parte, aunque se entendieran como reversibles algunas de las medidas adoptadas este último año, el efecto producido es el  de un retroceso de 30 años en nuestros derechos civiles y sociales.

Tercero. La salud como negocio. En el caso de las medidas adoptadas en la atención sanitaria respecto al derecho a la atención sanitaria universal y equitativa, además de la vertiente ideológica, existe un negocio económico para diferentes sectores, especialmente, aseguradoras privadas que –hasta la fecha- han tenido un papel muy limitado en una actividad que moviliza en España más de 56.000 millones de euros anuales. La salud empieza a ser negocio y las expectativas de la sanidad privada están en sus mejores momentos, siendo de especial interés para entidades que buscan refugio en nuevos sectores ante el fracaso o el hundimiento del sector inmobiliario o de otras actividades especulativas.

Cuarto. La confrontación de intereses. La salud como negocio se enfrenta a la salud como derecho de los ciudadanos, lo que supone una confrontación de intereses que puede hacer incompatible el derecho de los ciudadanos a la salud. Si en el ámbito público la prioridad es garantizar el derecho de los ciudadanos a la atención sanitaria universal, equitativa y de calidad, en el ámbito privado el interés principal –legítimo, evidentemente- es la obtención de beneficio económico. Esto se traduce, salvo que exista la fijación muy precisa de las reglas de funcionamiento y control sobre actividades concertadas, que se limiten los recursos humanos o profesionales para la atención sanitaria, que se priorice la calidad aparente frente a la real o que no se actúe en sectores o zonas donde no exista un margen adecuado de negocio. Por ejemplo, en nuestra Comunidad Autónoma y, específicamente, en nuestras zonas rurales, tienen menos posibilidades de que se impulse la actividad sanitaria privada –salvo que “parasite” sobre recursos públicos- que en grandes ciudades donde se eleva el número de potenciales “clientes”. La atención primaria, especialmente, la rural, al requerir menos recursos económicos carece del interés que tiene la actividad hospitalaria para las empresas sanitarias. El aseguramiento privado excluirá o limitará la atención de enfermos crónicos o personas mayores ya que “consumen” muchos más recursos sanitarios que el resto de la población y carecen, por tanto, de interés económico.

Quinto. El aseguramiento privado. Una “vuelta de tuerca más” de la política sanitaria del Partido Popular. Durante los últimos años y, de manera concreta, en Madrid, la Comunidad Valenciana y en otras Comunidades gobernadas por el PP como La Rioja, su apuesta era la provisión sanitaria privada, es decir, desde un aseguramiento público a los ciudadanos, se impulsaban conciertos con empresas sanitarias para que la gestión de áreas de salud –el ejemplo más paradigmático ha sido Alzira en la Comunidad Valenciana o los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid-, o que la atención sanitaria se realizara en hospitales privados (Ejemplo; Los Manzanos en La Rioja). Esto reportaba a estas empresas una importante capitalización de recursos que, en ocasiones, era contradictorio con la existencia de recursos públicos que se infrautilizaban con el deterioro de la red pública.

En la actualidad, manteniendo de manera intensa este modelo, se ha hecho una nueva apuesta y es la del aseguramiento privado. Se trataría de “alejar” del sistema sanitario público a las clases medias y trabajadoras, manteniendo una red pública residual sólo para situaciones de marginación, exclusión o beneficencia. Este resultado se intentaría alcanzar con las nuevas medidas legales que retornan a la figura del “asegurado” para la obtención del derecho a la atención sanitaria, el impulso de los seguros sanitarios privados y la reducción de la cartera básica de servicios de la red pública (el copago o la exclusión de determinadas técnicas o prestaciones). Los ciudadanos podrían optar por una atención sanitaria pública con prestaciones limitadas y destinada a personas sin recursos o un seguro privado que capitalizaría el gasto de los ciudadanos.

Finalmente, hay quien piensa que hemos podido gastar en sanidad “por encima de nuestras posibilidades, pero la realidad demuestra lo contrario; España gasta menos que la media de los países de la OCDE, – puesto 19 entre los países desarrollados- y garantiza un sistema cuya esperanza de vida es la 4ª del mundo y la de mayor equidad. Un ejemplo, Estado Unidos, que excluye a 40 millones de ciudadanos de la asistencia sanitaria –si la Reforma Obama no lo impide-, y gasta ¡más del doble! de recursos en términos homogéneos a través de sus aseguradoras privadas.

En el caso de La Rioja, mientras que el presupuesto sanitario de la Comunidad Autónoma ha descendido este año un 6 %, los conciertos con las empresas privadas no sólo no se reducen, sino que se incrementarán un 25 % respecto al año anterior.

Conclusión: no podemos destruir algo por lo que España puede sentirse orgullosa: su sistema de salud público. Animo a todos a defenderlo. El PSOE lo va a hacer desde su papel en la oposición, liderando el rechazo político y la defensa del modelo público universal y acompañando y escuchando las expresiones del malestar social; porque están en juego los derechos básicos y la prosperidad de todos. También la tuya, también tu futuro.