El pasado miércoles, pedí a mi grupo parlamentario que votásemos a favor de la aprobación en la comisión correspondiente del Congreso de la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

Y así lo hicimos porque era necesario despejar la indefinición y la inseguridad. Una indefinición por la separación a la que obligan los reglamentos europeos entre los órganos de representación y los órganos de control y que, por tanto, obligaba a hacer cambios en la organización actual; y una inseguridad en cuanto a la personalidad jurídica, que estaba dando lugar a múltiples recursos sobre sanciones por incumplimiento de normas de elaboración o comercialización, que quedaban anuladas por los tribunales.

Es cierto que la ley era necesaria desde hace algún tiempo. Por eso es una ley que, prácticamente en su totalidad, estaba trabajada en la anterior legislatura; eso que se denomina herencia. Una ley que no pudo ver la luz, en parte por la obstrucción del Partido Popular y que, curiosamente, algunas de sus motivaciones de la obstrucción de ayer son las insatisfacciones de hoy que el sector encuentra al actual proyecto. No deja de ser paradójico. No obstante, celebro el consenso, precisamente, en estas dos cuestiones, indefinición e inseguridad, porque en torno al control, el proyecto de ley reserva para la Administración sus capacidades y establece la posibilidad de delegación de estas funciones en los organismos de control que superen unos sistemas de acreditación sobre la base de las normas UNE. En cuanto a la personalidad jurídica nos encontramos con la calificación de corporaciones de derecho público; es decir, que ya vamos en el camino de la definición y de la seguridad. El PSOE lo celebra, pero insisto, me llama la atención que las enmiendas presentadas cuyo contenido se exigía al anterior gobierno, hoy en cambio no solo no las presente el PP sino que las rechace.

Quiero que quede claro a todos los sectores implicados o afectados por esta ley, y en especial a nuestro querido sector del Rioja, que el PSOE no obstruye; el PSOE construye, y así lo hemos hecho con esta ley. Quiero reconocerles y felicitarles por su trabajo al expresar y fijar los grandes contenidos y reivindicaciones al proyecto de ley, desde la legislatura pasada. Por ellos, por su reivindicación, fundamentalmente, estamos ahora en este punto de la negociación favoreciendo y nunca obstaculizando su tramitación.

No obstante el consenso, quiero darles a conocer las modificaciones que el PSOE ha propuesto y que considera mejorarían la ley y que me temo que no prosperarán. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada de Rioja nos solicitó a todos los grupos políticos la presentación de dos enmiendas: una relativa a la emisión de certificados y otra para la definición de vino de pago calificado. El Grupo Popular ha recogido la enmienda de los certificados, pero no ha admitido la del vino de pago calificado. El Grupo Socialista sí ha recogido enteramente las sugerencias del Consejo Regulador, incidiendo especialmente en la figura de los veedores.

Cuarenta años después, la nueva reforma de la PAC pretende reforzar la competitividad del sector agrícola, promover la innovación, combatir el cambio climático y apoyar a las zonas rurales impulsando el crecimiento y el empleo.

El problema, tanto en 1962 como en 2013, no está por lo tanto en los objetivos sino en su aplicación, porque pudiera ser que objetivos razonables enunciados de forma genérica, al  aplicarse en determinados territorios,  sus efectos fueran contraproducentes. En concreto, la aplicación de la actual reforma de la PAC en La Rioja, si no lo remediamos,  va a suponer  una transformación irreversible del modelo  del Rioja como motor económico y social, un perjuicio a productos muy importantes en nuestra región como son, además del viñedo, la remolacha, frutas y hortalizas y una herida de muerte a la ganadería, especialmente la extensiva.

El resultado de la negociación que ha obtenido el Gobierno español en Bruselas, especialmente en relación a las peticiones de La Rioja,  ha sido lamentable, un fracaso.

No ha conseguido mantener el valor patrimonial de los derechos de plantación del viñedo, ni tan siquiera se ha logrado una fórmula de amortiguación para que los agricultores pudieran mantener un patrimonio para cuya adquisición han invertido su vida. Tampoco se ha logrado atajar el avance imparable de la liberalización de las plantaciones pese haberse conjurado a ello. Y para rematar la faena, se han perdido 142,75 millones de euros de los que se podían haber beneficiado los viticultores riojanos, al ser excluido el viñedo, junto a frutas y hortalizas del pago directo.

También hemos cosechado pérdidas en la remolacha, al eliminarse las cuotas de la producción de este cultivo para el año 2016, y en la ganadería al ligarse la ayuda a la propiedad de la superficie, algo nefasto para la ganadería extensiva.

A partir de aquí, podremos lamentarnos del fracaso pero no debemos permanecer en él. La situación no ofrece posibilidades de retorno, por lo que será más inteligente trabajar para conseguir medidas de reparación. El procedimiento abre una oportunidad para que en cada Estado se definan aspectos fundamentales de la aplicación de la PAC, y su determinación va a ser fundamental para la agricultura y ganadería riojana.

Por lo tanto, ahora en España se abre un tiempo fundamental de negociación, al que propongo que se le dote de fuerza y acierto. La fuerza proveniente de un acuerdo del sector, con el apoyo de los grupos políticos y sociales, que reclamo y ofrezco,  que avalaría el valor de nuestra posición y el éxito de la negociación.

Hay que concretar la definición de Agricultor Activo, que debiera ser común en todos los países de la UE, hay que definir quién, qué y cuánto recibirá cada agricultor y ganadero riojano de los fondos europeos, habrá que exigir la referencia a su cotización a la Seguridad Social Agraria, a la producción anual de su explotación y a su rendimiento por cultivo, porque sería ridículo que quien trabaja el campo, mantiene su explotación y cotiza y proporciona riqueza al mundo rural quedara excluido.

Conclusión: todavía estamos a tiempo de frenar algunos de los efectos nocivos y es por lo que creo conveniente la creación de un frente común, de un frente de todos que tenga como objetivo defender el futuro de la agricultura y la ganadería riojana.

La justificación de la PAC es reforzar la competitividad. El futuro de una nueva estructura económica de España también queremos y debemos asentarlo en la competitividad. Si la agricultura riojana es ya de las más competitivas de España, parece lógico y es de razón que una negociación y reparto dentro de España debiera de atender las demandas de La Rioja.

Nuestras razones son de peso, pero para que sean imbatibles se hace necesaria la unidad del sector junto al apoyo de las instituciones riojanas. Pido un esfuerzo para convertir este tiempo de negociación en tiempo de esperanza. En ese afán va a trabajar el PSOE.

*Artículo de opinión publicado hoy, domingo 8 de septiembre, en Diario La Rioja.

He transmitido la importancia de la alta velocidad para La Rioja como elemento vertebrador del territorio a Inés Ayala,  responsable del informe de las redes transeuropeas de transporte y al Presidente de la Comisión Parlamentaria de Transportes Brian Simpson. La inclusión de tramo Castejón-Logroño-Miranda de Ebro es de vital importancia para nuestra región. Este es un tema que debemos pelear hasta el final y estoy dispuesto a hacerlo juntos, con el Gobierno, partidos y sociedad riojana. La unidad nos hará más fuertes.

La presente reforma de la Política Agrícola Común va a afectar profundamente al  campo riojano. Vamos a luchar para que no se liberalicen los derechos de plantación a  partir de 2018 tal como ha propuesta de la Comisión. Creemos en un modelo de vitivinicultura que prime la calidad y el buen hacer de nuestros agricultores. Desde la presentación de la propuesta, los socialistas españoles han defendido firmemente esta postura y así seguirá siendo a lo largo de la negociación con el Consejo de la Unión Europea. En este sentido, contamos con el claro respaldo de todos los diputados socialistas europeos, que trabajan decididos para lograr un acuerdo que mantenga los derechos de plantación y beneficie a La Rioja. En mi reunión con Paolo de Castro, Presidente de la Comisión de Agricultura, he percibido que el Parlamento Europeo trabaja convencido en la defensa de los derechos de plantación hasta 2030, como defienden los eurodiputados Capoulas y Dantin, quienes acaban de presentar esa propuesta.

Asimismo, dentro de la defensa de la DOC Rioja, he transmitido al Comisario Almunia nuestro firme rechazo a la comercialización de la IGP La Rioja-Argentina en la UE y en los países con los que la UE tiene acuerdos comerciales bilaterales. No podemos permitir que otras regiones se aprovechen de la trayectoria y del prestigio de nuestros vinos para hacer competencia desleal y confundir al consumidor.

En resumen, defender, reforzar y representar los intereses riojanos en la UE. En eso está el PSOE de La Rioja, y está en hacerlo juntos, al menos en aquello en que podemos servir mejor a la sociedad y a la Comunidad.