Con la caída de Lehmann Brothers, se agudizaba la fase inicial de la actual crisis internacional de la economía, que primero fue financiera, después crediticia y acabó estallando en las costuras de la economía real y afectando, sobre todo, al empleo y al tejido empresarial.

La especulación abusiva de los más poderosos y egoístas y la ausencia de un marco regulatorio y de controles sacaron a relucir la cara más negativa de lo peor de la economía de mercado, entendida por ellos como negocio y no como medio para el desarrollo social y democrático pleno.

Los políticos del partido republicano y los teóricos neoliberales no están lejos por tanto de los orígenes de la crisis, por lo que no están lejos ni Aznar, ni Rajoy, ni el PP.

Las soluciones globales han venido marcadas desde la UE y desde el G 20, al que asiste España por tercera vez consecutiva: aplicar impulsos fiscales anticíclicos e introducir reformas en el sistema financiero.

Las consecuencias de la crisis en España han sido el bajón de la actividad económica y el parón en el crédito, que han producido la pérdida de un millón y medio de empleos y de mucho tejido empresarial, y han puesto al descubierto nuestras debilidades: sobredimensionamiento prolongado de la construcción residencial, dependencia excesiva de la financiación externa y elevada temporalidad de nuestro mercado del trabajo.

Las soluciones nacionales están integradas en los objetivos de modernizar nuestro sistema productivo para mejorar su competitividad y dotarlo de mayor estabilidad ante los cambios de ciclo y en mantener una protección-cohesión social reforzada.

El presidente Zapatero explicó en el Congreso el pasado día 9 de septiembre la filosofía del Gobierno para afrontar esta realidad: “Parar el golpe, contener las consecuencias sociales más duras de la crisis, limitar sus efectos y sentar las bases para una recuperación económica sólida y con futuro han sido los objetivos de cuantas medidas ha tomado el Gobierno”.

Se desarrolló entonces un Plan de choque inmediato: el Plan E. A través de él, se han generado o mantenido en total más de 400.000 empleos, al mismo tiempo que 14.000 empresas han mantenido su actividad gracias a la inversión pública de 8.000 millones de euros.

Para paliar la crisis crediticia, el ICO ha permitido la financiación de 13.000 millones de euros a 275.000 empresas, autónomos y familias.

En esta dura etapa de recesión, con muchas familias en situación de desempleo y con una dificultad enorme para tener y mantener ingresos, los socialistas hemos desplegado una intensa política social. El gasto social aumentó en 2009 un 17 por ciento con respecto a 2008, el incremento en gasto para apoyo al sistema de atención a la dependencia ha sido de un 80 por ciento, hemos financiado el apoyo a 125.000 jóvenes para que alquilen una vivienda y se ha iniciado la construcción de 96.000 viviendas de protección social, hemos puesto en marcha el Plan Educa 3 y el Programa Escuela 2.0, y en España ya hay más de 1.600.000 estudiantes con una beca o ayuda al estudio.

El salario mínimo interprofesional sigue subiendo de acuerdo a nuestros compromisos, y las pensiones mínimas subirán sustancialmente, manteniendo su poder adquisitivo las de carácter general.

Toda esta política ha quedado completada con la prestación de 420 euros para quienes no encuentran empleo, han agotado sus prestaciones y no cuentan con recursos económicos familiares suficientes. Este apoyo significa un avance más del Estado de Bienestar, que aliviará necesidades inmediatas y que establecerá una dinámica de formación laboral necesaria.

El Gobierno y los socialistas hemos presentado las soluciones, en el marco de un obligado diálogo social, parlamentario y autonómico, y cuyas bases son las siguientes:

La ley de economía sostenible, que pretende reorientar la actividad, la inversión y el empleo para lograr un modelo económico y un patrón de crecimiento más estable, más rentable, más sostenible, más competitivo y más productivo.

Esta ley tendrá tres ejes: la sostenibilidad económica, que fomentará la innovación, la formación, la internacionalización de las empresas y la eficacia de las administraciones públicas, la sostenibilidad medioambiental, para impulsar las energías renovables, el ahorro energético y una política urbanística y de vivienda más racional y equilibrada y la sostenibilidad social, que incluirá la formación a todos los niveles y edades con igualdad de oportunidades.

Un Fondo para la economía sostenible, de 20.000 millones de euros, financiará proyectos privados que recojan estos objetivos y habrá un segundo fondo de inversión local de 5.000 millones de euros para que los ayuntamientos promuevan también este cambio de modelo.

La reforma de la financiación autonómica, por su parte, mejorará la prestación de los servicios públicos y garantizará la igualdad de trato de todos los ciudadanos.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2010 van a mantener el gasto productivo necesario en infraestructuras, en investigación, desarrollo e innovación, y en protección social. Y van a introducir ajustes fiscales.

Actualmente, la presión fiscal es del 32.8 en relación con el PIB. En 2004, con el PP, era del 34.5. En este tiempo, el Gobierno ha bajado cinco puntos el Impuesto de Sociedades y ha bajado los tipos del IRPF.

Ahora, para mejorar los ingresos públicos, que han caído como consecuencia del aumento del gasto y de la bajada de la actividad, para impulsar la inversión y la protección social es necesario hacer un aumento moderado de la presión fiscal.

Aun así, seguiremos teniendo una presión fiscal menor que en 2004 y menor que la media de la UE. Estos ajustes servirán para alcanzar la estabilidad presupuestaria y reducir el déficit, incentivará las actividades en el campo de la economía sostenible y bajará el impuesto de sociedades para las empresas que mantengan los puestos de trabajo.

Y, en cualquier caso, la presión no aumentará en las rentas del trabajo, nunca, y sí en las del capital.

Como pueden comprobar los lectores, este es el único interés del Gobierno, su único trabajo: luchar por la recuperación, facilitar la creación y el mantenimiento del empleo y garantizar la protección social.

En el PP, ni apoyo ni diálogo. Están pensando en las encuestas y en hacer favores al sector más duro de la patronal, defendiendo recortes sociales y de los derechos de los trabajadores.

Concluyo: hay dos tipos de intereses en España hoy: un interés común para salir de la crisis, pensando en los ciudadanos y en el futuro del país. Y hay un interés particular en utilizar la crisis para saciar la sed de poder, pensando en su partido y en las próximas elecciones.

Tendrá la ciudadanía, como corresponde, la oportunidad de devolver a cada uno lo que merece por su interés.

Publicado hoy en Diario La Rioja