Desde el siglo XVIII, las sociedades contemporáneas, principalmente las europeas, han venido disfrutando de un proceso de secularización, de separación entre el Estado y las religiones, de las instituciones y del derecho de las confesiones. Esto ha permitido que la democracia avance y que la sociedad civil se fortalezca.

Estos días, he podido observar que el problema que la derecha tiene en nuestro país con dos asuntos de actualidad, ambos de carácter reformista y progresista, no es una cuestión de posición política conservadora en lo social, político o económico, sino que las coordenadas que vertebran su estrategia y argumentos son las religiosas, en este caso los dogmas del catolicismo.

El PP se opone a Educación para la Ciudadanía porque no quiere que los valores neutrales de una sociedad avanzada y democrática se enseñen, pero sí quiere que se enseñe religión católica, sólo ésta, en las aulas, y se evalúe. Está claro, es una posición contra la secularización, que es el verdadero problema.

El PP se opone a nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, que garantice el derecho de las mujeres a decidir y que despenalice por tanto el aborto, porque antepone a los derechos civiles su credo católico, y antepone así la fe a la razón, por ser más claros.

En fin, el problema es un problema de desfase en relación a la mayoría social de nuestro país, que puede, desde los espacios aconfesionales constitucionales, creer o no creer, practicar o no practicar, pero que sabe que las leyes las hace el Parlamento, y las políticas el Gobierno; que sabe que las misas se hacen en la Iglesia.

Una mayoría que apoya la separación entre una cosa y la otra, y que está a favor de que se enseñen valores y normas compartidas por todos y de que se mejoren derechos y servicios públicos para todos.