Acabamos de aprobar el proyecto de ley que reforma las pensiones.

Su objetivo es reforzar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, de acuerdo a las recomendaciones del Pacto de Toledo y del Acuerdo alcanzado por el Gobierno con los agentes sociales.

Su contenido está en línea con lo acordado en la mesa de negociación con los sindicatos y empresarios y, en línea, también, con lo que están haciendo todos los países europeos y, además, en España, con acuerdo social.

El trámite parlamentario ha mejorado y ampliado la reforma de las pensiones, produciéndose incorporaciones relacionadas con la extensión del reconocimiento de períodos cotizados por hijos, la mejora de la protección social de los becarios, de los trabajadores autónomos y de las personas con discapacidad.

Además, en el Senado han tenido lugar una serie de mejoras que tienen que ver con la pensión de viudedad, especialmente en los supuestos de separación o divorcio anteriores a 2008; con la pensión de orfandad, que acelera la aplicación del régimen transitorio, y con la protección social de las empleadas de hogar.

En conclusión, la reforma del sistema de pensiones sirve para que los trabajadores más jóvenes puedan confiar en el futuro, y refuerza la confianza de los inversores en la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas en el medio y largo plazo.

La política seguida por el Gobierno ha permitido una revalorización de las pensiones mínimas en un 27% en términos reales desde 2004. Una política que, en 2011, cuando las dificultades económicas han obligado a suspender, sólo por este año, la revalorización general de las pensiones, ha permitido incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas en un 1%, beneficiando a más de tres millones de pensionistas (el 34% del total), atendiendo al objetivo prioritario de solidaridad intergeneracional.