La destrucción de empleo es, junto con la restricción del crédito, la característica más dramática para la economía y para los ciudadanos de esta crisis global estructural contra la que estamos luchando y ante la que estamos preparados para resistir y para salir.

En el marco de esta crisis se ha desatado una guerra financiera especulativa y monetaria, con un componente psicológico, que ha afectado a nuestros niveles de credibilidad de la solvencia bancaria y, por tanto, a la confianza para captar financiación en los mercados, perjudicando las expectativas de mejora de la actividad económica y de creación de empleo en consecuencia.

Ante esta realidad, el Gobierno socialista de Zapatero mantiene tres objetivos centrales en su acción política:

Uno, generar y posibilitar las condiciones para recuperar el crecimiento económico con otro patrón y crear así empleo más estable y de mayor calidad.

Dos, preservar y mejorar el estado de bienestar como seña de identidad de nuestro modelo de sociedad, que persigue la prosperidad.

Y tres, introducir reglas de control y transparencia en el sistema económico y financiero global, como hemos hecho al decidir la publicación de las pruebas de resistencia de los bancos y la imposición de una tasa que grave los beneficios de los bancos para crear un fondo de rescate ante futuras crisis.

Para llevar adelante estos objetivos, el Gobierno aprobó un plan de ajuste para la consolidación fiscal, que ya tiene el respaldo de la Unión Europea, y ha planteado tres grandes reformas: la del sistema financiero (proceso de reordenación del sistema bancario y de la cajas); la del sistema público de pensiones, que se debatirá en el seno de los Pactos de Toledo, y la del mercado de trabajo, las cuales tienen el apoyo de Obama y del Fondo Monetario Internacional, cuyo director ha asegurado que Zapatero ha sentado las bases para dos décadas de crecimiento.

Esta semana, hemos convalidado en el Congreso de los Diputados el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, que seguirá su tramitación como proyecto de ley. Una vez que el Gobierno y el Partido Socialista han hecho el esfuerzo de buscar el equilibrio entre las propuestas de los empresarios y de los sindicatos, es necesario que el resto de las fuerzas políticas se posicionen ante una reforma sustancial, la más importante en España en muchos años, para que el texto aprobado pueda verse mejorado y su número de apoyos ser mayor en los próximos meses.

El sentido de esta reforma es doble: dotarnos de un mercado de trabajo en el que los ajustes futuros no conlleven una destrucción de empleo inmediata y facilitar que a partir de ahora se realicen más contrataciones, y que éstas sean más estables.

El Gobierno socialista impulsa ahora el contrato de fomento de la contratación indefinida como alternativa a la temporalidad y acota el contrato de obra o servicio, clarifica los encadenamientos de contratos temporales y aumenta gradualmente la indemnización de la extinción del contrato temporal. La temporalidad debe ser consecuencia de las circunstancias económicas y no una cultura de contratación.

Esta reforma recoge medidas para desarrollar la flexibilidad interna en las empresas, con la que los empresarios y los trabajadores podrán acordar adaptar la realidad de su empresa al contexto económico.

Para dinamizar la búsqueda de empleo y la colocación, se abrirá paso, manteniendo los servicios públicos, a agencias privadas en el proceso de intermediación laboral y se bonificará la contratación de parados de larga duración mayores de 45 años y de jóvenes con escasa formación.

Mientras el Gobierno y el Partido Socialista adoptan estas decisiones con determinación, el PP se comporta de forma irresponsable y oportunista. Sin propuestas, no está a la altura del momento que estamos atravesando como país, porque no le importa nadie, ni los parados, ni los pensionistas ni los funcionario; sólo sus encuestas, aunque para engordarlas tengan que debilitar la imagen de España y alentar así los ataques especulativos.

Por nuestra parte, destaparemos su desvergüenza, pero eso no ocupará sino un mínimo espacio de nuestro tiempo, porque lo emplearemos para actuar con determinación y decisión, acelerando los ajustes y las reformas para recuperar el crecimiento y la creación de empleo, preservar y avanzar en el estado de bienestar ampliando la cohesión social y las oportunidades de los españoles. Es decir, ganaremos la prosperidad con estas decisiones duras, difíciles, pero que son las únicas que nos permitirán renovarnos como país y como sociedad en esta transición donde cambiaremos las reglas y el sistema económico-productivo y preservaremos y mejoraremos el modelo social.

Tribuna de opinión publicada hoy en Diario La Rioja.