Hay aniversarios que conviene recordar. Es más, sirven para renovar compromisos prioritarios y urgentes hoy en la sociedad española. Hace seis años que el Partido Popular optó por una apuesta equivocada: una gran devaluación salarial y de la calidad de los puestos de trabajo como forma de competir en una Europa en crisis. La reforma laboral que Rajoy aprobó a inicios de 2012 tenía un propósito claro, su gran objetivo: reducir los salarios, facilitar el despido y abaratar su coste. Las consecuencias las conocemos: precariedad, pobreza salarial, explotación, abusos, temporalidad, proliferación de figuras como la del falso autónomo, las pensiones públicas en jaque y un agravamiento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, quienes tienen los peores contratos y los perores salarios del país.

La gran apuesta de Rajoy se basó en implantar esa devaluación interna a través de contratos precarios y recortes de los derechos de los trabajadores. En España hoy, el despido objetivo se ha convertido en la norma habitual, las empresas pueden tramitar un ERE sin autorización administrativa previa, los jóvenes pueden ser contratados durante un año para después ser despedidos sin derecho alguno a indemnización, el empresario puede modificar el salario de forma unilateral, por no hablar de la prevalencia de los convenios de empresa sobre los de sector, lo que ha dinamitado la negociación colectiva. Todo esto les suena, pero ahora toca decir que, además de injusticia y desigualdad, ha provocado un gran fracaso, porque en España trabajan un millón y medio menos de personas con respecto al año 2008.

La causa de este fracaso es la apuesta de Rajoy por la devaluación interna, que es la que ha provocado la reducción de las plantillas y de los costes salariales, beneficiando a los empresarios y perjudicando a los trabajadores (se han transferido 2,4 puntos de rentas de la remuneración de los asalariados al excedente empresarial). Por si fuera poco, todas las prestaciones contributivas, así como los subsidios, han sido recortados en este tiempo, aunque el paradigma de nefasta gestión es el aumento del déficit de la seguridad social y la práctica desaparición del Fondo de Reserva.

Sin embargo, no ha tardado ni 100 días el gobierno de Rajoy de desandar lo andado, dinamitar el diálogo social y decretar una contrarreforma laboral de magnitudes históricas que fundamentalmente abarata el despido para el conjunto de trabajadores y precariza las relaciones laborales para los trabajadores.

A partir del decreto, las empresas podrán despedir con indemnizaciones de solo veinte días, aún teniendo beneficios, si se reducen ingresos o ventas durante nueve meses, así como aplicar ese despido a los trabajadores que no aceptarán modificaciones arbitrarias en salario, horarios, turnos, puesto, etc. Los trabajadores perderán los derechos laborales después de dos años de bloqueo de los convenios colectivos, que se tendrán que negociar de nuevo desde cero y habrá barra libre para hacer ERES, despidos colectivos en la administración pública.

El denominado “contrato de emprendedores” no garantiza la creación de empleo estable, ya que fija un año de prueba durante el cual el despido es libre y gratuito, lo que básicamente precarizará el empleo para los más jóvenes; éstas y otras “tretas” contra los trabajadores incluye el decreto.

El elevado desempleo de nuestro país es el problema central de la economía española. La necesidad de reducir la tasa de desempleo y dar paso a una situación de creación de empleo con garantías tendría que ser el objetivo del Gobierno, pero esta reforma solo trae más precariedad y despido barato. Por eso, porque es una reforma injusta, ineficaz e inútil estaré esta mañana en la manifestación de Logroño, defendiendo una política de relaciones laborales y del mercado del trabajo justas y orientadas a la creación de empleo y la defensa de los derechos de la mayoría.