Sigo con el post colgado esta misma mañana sobre la facilidad de nuestros políticos para pedir la dimisión de tal y cual (luego no dimite ni Perry) y continúo tirando del hilo a costa de la rapidez con la que a los mismos se les llena la boca a la hora de amenazar al contrario con ir a los tribunales (y luego resulta que no saben ni por dónde se va a los juzgados).

Mucho se ha hablado de la judicialización de la política (casi tanto como de la politización de la justicia) y para muestra un botón: el de las famosas comisiones de investigación que se abren y se cierran en las Administración según convenga compareciendo ante la prensa el día de su constitución sin que se vuelva a saber nada.

Ya he escrito en alguna ocasión que la mejor forma de que nadie se entere de nada es la de crear la correspondiente comisión que se encargue de ‘no’ llegar al fondo del asunto. Aún recuerdo cómo en marzo, y como previa a las pasadas elecciones, el Ayuntamiento de Logroño constituía una comisión para aclarar lo sucedido en torno a las ‘lonas’ de Gran Vía a petición del PR sin que desde entonces haya trascendido nada.

Y me viene a la memoria ahora que el mismo Ayuntamiento, solo que a petición del PP, ha formalizado una comisión especial de cuentas para investigar facturas y contrataciones en la Fundación Logroño Turismo.

Dos casos en los que las supuestas irregularidades eran (y son) supuestamente evidentes y con las que PSOE y PP (y antes PR) se han estado amagando y retando en nombre de no se que juez hasta fechas recientes…

Y digo que se han estado y no que están porque solo así se entiende que la actual concejala de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar Montes, aun no encontrando explicación alguna para “los mil euros mensuales pagados de más” por la Administración local a una determinada empresa, se muestre reacia y tire de eufemismos cuando se la pregunta si, una vez que se haga evidente, el equipo de Gobierno piensa, por una vez, acudir a los tribunales.

Que no, que no…