“Las reclamaciones no son nuevas; las protestas, tampoco… Cesionarios de las 548 plazas del parking de Jorge Vigón están recorriendo un camino ya cubierto por los 366 del aparcamiento del parque del Semillero. De hecho, unos y otros llegaron a ser compañeros de viaje junto a otros logroñeses con el mismo problema en la plaza de las Chiribitas, Acesur y El Cubo. Mención aparte merece el caso de la plaza de la Primavera…”. Así empezaba el reportaje que ayer podía leerse en Diario LA RIOJA y larioja.com sobre los mil y un problemas para culminar el prometido paso a propiedad surgidos con los aparcamientos subterráneos construidos durante la última legislatura de Julio Revuelta como alcalde del PP y que, en hasta tres de los casos, siguen sin solución.

El pliego de condiciones contemplaba tal posibilidad. El propio contrato de cesión temporal de uso lo establecía. Y no en vano las concesionarias así lo vendían con la ‘connivencia’ de la Administración: cesiones de plazas para residentes por un período de 75 años en las que al cumplir el primer año de contrato bien el propio Ayuntamiento, de oficio, o bien a instancias de la empresa en cuestión, lo que era de esperar, se iniciarían los trámites para la desafectación del suelo permitiendo así el paso a propiedad a sus cesionarios originales.

¿Cuál ha sido el problema entonces? Que pese a que sobre el papel el trámite depende del acuerdo entre el Ayuntamiento, propietario del suelo, y la empresa constructora, concesionaria del mismo; en la práctica es ésta quien tiene la última palabra, amén de tener que hacer frente al pago municipal de alrededor de 750 euros por plaza para culminar su tramitación… Dicho de otra manera, y para que nadie se lleve a engaño, que el propio pliego deja a decisión de la ‘gestora’ el paso o no a propiedad (tiempos de crisis como los actuales y situaciones tan delicadas como las que atreviesa el sector constructor/inmobiliario lo dificultan) y la Administración local no dispone de ninguna herramienta legal (o eso dicen sus propios servicios jurídicos) para obligar a que lo haga.

Mientras, no solo es que los cesionarios se sientan ‘rehenes’ de unos y engañados por los otros, sino que la empresa privada está haciendo negocio con el subsuelo público con la única ‘contrapartida’ para la explotación “de lo de abajo” que la reurbanización “de lo de arriba”, lo que nunca ha terminado por salir gratis del todo a la ciudadanía tal y como se nos decía –y ahí sigue la Gran Vía como el ejemplo más sangrante-. Cobraron en su día por las plazas y desde entonces, y ya han pasado varios años, siguen cobrando ‘x euros’ al mes en concepto de mantenimiento, “abusivo” a todas luces según los sufridos cesionarios, incluso propietarios si no logran tener voz ni voto en la comunidad que lo gestiona -y aquí vuelve a aparecer otra vez la tan traída y llevada Gran Vía-, haciendo que el modelo (del que hablaremos en la segunda y última parte del post) sea de todo menos modélico.