No sólo hay que tener razón, sino saber mostrarla; ya puestos, poder demostrarla; y, por si esto fuera poco, que el juez, además, te la dé. Así funcionan los pleitos, y uno sabe de antemano a lo que se expone cuando acude a los tribunales. El derecho no es una ciencia exacta, admite interpretaciones, y basta con echar un vistazo a la prensa de la pasada semana para comprobarlo. Todos dicen pedir justicia de la misma manera que, según sea el fallo, dirán que la hay o no. El caso de la construcción de las rotondas en Gustavo Adolfo Bécquer con Lope de Vega es el primero. A la espera de la resolución del recurso contra los proyectos de expropiación y construcción, las obras ingresan de nuevo en la sede de Bretón de los Herreros con Víctor Pradera a cuenta del derribo de un chalé. No había lugar a las medidas cautelares para su paralización, pero los trabajos se han iniciado cuando aún no hay sentencia definitiva y todo queda a la espera de resolución. «Ellos dicen que pueden, nosotros que no… pues que decida el juez», dicen los propietarios expropiados.

Otro caso sería el del conflicto por el control de la comunidad del parking de Gran Vía. Concesionaria y pequeños propietarios aseguran ostentar la presidencia –cada una de las dos partes no da legitimidad a la otra por sus correspondientes razones– y, ahora, será un juez quien deba decidir. De la misma manera que con la demanda contra la refinanciación del soterramiento presentada por el PR+ y admitida a trámite. A ver si entiende o no un juez que ese acuerdo, para pagar lo que se debe, lesiona los derechos de los logroñeses. Y por último, la ecociudad, donde se debe indemnizar a una empresa según un juez como… ¿compensación por no llevar a cabo un proyecto declarado ilegal por otro juez? Lo dicho, que decida el juez, que decida pese a las tasas. Ya llegarán, si eso, los recursos.