Si ya el borrador inicial rescataba del cajón la planteada entre El Cubo y Las Norias, cuyo proyecto constructivo se encuentra redactado desde el 2009 e incluso con la dirección de obra contratada desde entonces, el actual documento, pendiente de establecer costes y plazos de cara a su aprobación definitiva, añade cuatro más, dos de ellas en la misma situación de aplazamiento ‘sine die’. Así, a la del Camino, con proyecto constructivo desde el 2007, y a la prevista entre la plaza de toros y el cementerio, con los primeros estudios ya realizados, se le unirían un par más de las que se ha venido hablando en los últimos años y de las que toca empezar de cero.

Tales serían los casos de La Estrella y Los Lirios, especialmente esta última, muy reivindicada por los vecinos.

Pasarela El Cubo-Las Norias, con proyecto constructivo en el cajón desde el 2009.

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Jorge Vigón, Avenida de España y Albia de Castro (aún pendientes); Gran Vía (con jaleos por la “opacidad” en la gestión y cuotas “excesivas” por parte de quien lo construyó y ahora lo gestiona…); y las plazas Acesur y Valcuerna y los parques del Semillero y El Cubo (movilizaciones mediante) se verían completados con casos tanto o más polémicos como el de la plaza de la Primavera (donde los problemas constructivos y las grietas aparecidas en los edificios aledaños vinieron a copar las reivindicaciones reservadas en otros para el paso a propiedad) o el de Marqués de Larios (actualmente casi vacío y a la espera de que Adif acuda al rescate del Ayuntamiento de Logroño que no sabe qué hacer con él después de varias ofertas públicas de plazas sin ninguna demanda).

Los afectados, ejerciendo su derecho a la protesta, disparan aquí y allá… pero habría que empezar a asumir por muy votantes que se sea que la responsabilidad es de quien con el pliego de condiciones en la mano ha provocado una situación de la que se sienten ‘cautivos y desarmados’ que diría mi compañero Pablo Álvarez: una política de construcción de aparcamientos subterráneos, mediante cesión y con la Administración local con la guardia baja, que durante la anterior legislatura del PP horadó la capital aquí y allá para ahora no conseguir tapar los agujeros que va dejando un modelo de gestión que se ha destapado tal y como decíamos ayer de todo menos modélico.

Curiosamente, y he aquí la paradoja, la solución se la piden a algunos de los que formaban parte de ese mismo equipo de Gobierno del hoy denostado Revuelta… Y más curioso todavía es que incluso algunos de sus miembros más ‘populares’ de entonces son o han sido parte del mismo problema (léase la relación del exconcejal de Urbanismo en tiempos del Plan de Centro, José Musitu, con LMB, empresa constructora del parking que más complicado tiene su paso a propiedad según reconoce el propio Ayuntamiento como es el de Jorge Vigón).

El pliego de condiciones contemplaba tal posibilidad. El propio contrato de cesión temporal de uso lo establecía. Y no en vano las concesionarias así lo vendían con la ‘connivencia’ de la Administración: cesiones de plazas para residentes por un período de 75 años en las que al cumplir el primer año de contrato bien el propio Ayuntamiento, de oficio, o bien a instancias de la empresa en cuestión, lo que era de esperar, se iniciarían los trámites para la desafectación del suelo permitiendo así el paso a propiedad a sus cesionarios originales.

¿Cuál ha sido el problema entonces? Que pese a que sobre el papel el trámite depende del acuerdo entre el Ayuntamiento, propietario del suelo, y la empresa constructora, concesionaria del mismo; en la práctica es ésta quien tiene la última palabra, amén de tener que hacer frente al pago municipal de alrededor de 750 euros por plaza para culminar su tramitación… Dicho de otra manera, y para que nadie se lleve a engaño, que el propio pliego deja a decisión de la ‘gestora’ el paso o no a propiedad (tiempos de crisis como los actuales y situaciones tan delicadas como las que atreviesa el sector constructor/inmobiliario lo dificultan) y la Administración local no dispone de ninguna herramienta legal (o eso dicen sus propios servicios jurídicos) para obligar a que lo haga.

Mientras, no solo es que los cesionarios se sientan ‘rehenes’ de unos y engañados por los otros, sino que la empresa privada está haciendo negocio con el subsuelo público con la única ‘contrapartida’ para la explotación “de lo de abajo” que la reurbanización “de lo de arriba”, lo que nunca ha terminado por salir gratis del todo a la ciudadanía tal y como se nos decía –y ahí sigue la Gran Vía como el ejemplo más sangrante-. Cobraron en su día por las plazas y desde entonces, y ya han pasado varios años, siguen cobrando ‘x euros’ al mes en concepto de mantenimiento, “abusivo” a todas luces según los sufridos cesionarios, incluso propietarios si no logran tener voz ni voto en la comunidad que lo gestiona -y aquí vuelve a aparecer otra vez la tan traída y llevada Gran Vía-, haciendo que el modelo (del que hablaremos en la segunda y última parte del post) sea de todo menos modélico.