Sillas y mesas de una terraza cualquiera apiladas en la vía pública. / Sonia Tercero

Tradicionalmente, el espacio público urbano se concebía como espacio de expresión y apropiación social, el espacio que alberga el cotidiano transcurrir de la vida colectiva. Sin embargo, con el paso de los años, cualquier zona libre de coches, ya sean plazas, pasajes, aceras e incluso medianas son vistas como el lugar ideal para colocar unos ceniceros y unos servilleteros y hacer que sea ahí donde transcurra esa vida en común. La idea ha calado tan profundamente que ya no hay peatonalización que no se sostenga sobre una terraza o incluso revitalización de una zona en la que al menos una de sus patas sea el aprovechamiento hostelero de la calle. Lo de los árboles, bancos y juegos infantiles, es lo de menos, pues no suponen obstáculo alguno para que las terrazas sean el elemento diferenciador. Eso sí, el problema empieza cuando uno quiere disfrutar de la sombra de esos árboles, sentarse a conversar en esos bancos o llevar a los niños a los columpios sin quererse tomar nada.

Logroño sin Ruidos entiende que nuestra ciudad parte de una situación de saturación hostelera, por lo que se muestra contraria a la eliminación de distancias “pues no hará otra cosa que agravar tal saturación”. Araceli Lumbreras, quien intervino en la sesión, considera que la actividad hostelera es en sí misma “molesta, nociva e insalubre” y que, por tanto, necesita de regulación. Sobre todo en un país que, como España, tiene a bien ser uno de los más ruidosos del mundo.

Es por ello por lo que se pregunta por qué ese interés por aplicar la Ley Ómnibus “sólo para lo que interesa, como es el caso del sector hostelero” olvidándose de normas estatales, regionales y locales en materia de ruidos y medio ambiente. “¿Qué pasa, por ejemplo, con el mapa de ruidos? ¿Para cuándo?”, critica la asociación, quien enumeró toda una serie de ordenanzas que se incumplen. “Y ahora nos salen con que no hay más remedio que cumplir con las directivas de la UE, pero no con las ordenanzas del propio Ayuntamiento de Logroño”.

Logroño sin Ruidos está preocupado por quién controlará horarios y emisiones y cree que serán los vecinos quienes, “como siempre”, pagarán las consecuencias… Lumbreras habló de “masificación” y “especulación” y cree que la supresión de distancias “nos retrotraerá en el tiempo”.

Logroño sin Ruidos no es la primera vez que se deja oír en el pleno. / Justo Rodríguez

Tal y como ya adelantase Diario LA RIOJA, la Ley Ómnibus, nombre que recibe la ley española 25/2009, de 22 de diciembre del 2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio –para adaptar la legislación española a la Directiva Bolkestein, más exactamente la Directiva 2006/123/CE, que persigue eliminar trabas burocráticas del sector servicios–, obliga en la práctica a la desaparición de tales distancias, algo que ya se ha aplicado en distintas ciudades españolas.

El problema, cuatro años después, no es nuevo. De hecho, a principios del año pasado las dos grandes asociaciones del sector, Hostelería Riojana de la FER y Arbacares, ya reclamaban la aplicación de la citada directiva europea. Ni más ni menos. Entonces este periódico informaba de que el equipo de Gobierno, consciente del asunto, trabajaba en la redacción de un nuevo marco legal para cumplir con las directrices de la UE sin que a día de hoy haya noticias.

Arbacares, beligerante entre el 2007 y el 2008 con una supresión de distancias con carácter temporal, se muestra hoy favorable a la misma. «El sector está hoy maduro, la situación económica es la que es, y Arbacares, que nadie lo olvide, se opuso porque el Ayuntamiento eliminó distancias de la noche a la mañana para finalmente rectificar», recuerda Enrique Arévalo. Actualmente, cree que es más que razonable acometer el tema. «Ahora no vale con hablar de plazos, pues el plazo inicial de dos años para la adaptación a la directiva europea ya pasó».

Hostelería Riojana, de la FER, siempre ha apostado por la liberalización del sector. «Si ahora vienen con excepcionalidades, volveremos a lo mismo», adelanta Francisco Martínez Berges en relación a las salvedades bajo justificación que permitiría la ley como en las zonas catalogadas como saturadas.

Desde la oposición se volvían a mostrar a favor de eliminar las distancias desde el consenso tanto con los hosteleros como con los vecinos… en los bares de día, eso sí. «No tiene sentido poner trabas a la inversión en los tiempos que corren; hay que hacerlo con orden, es decir, ver en qué plazos y de qué maneras», explicaba el concejal del PSOE Vicente Urquía. El equipo de Gobierno del PP se limitaba a decir que el proyecto está muy avanzado.

Interior de un bar de la capital riojana. / LARIOJA.COM

P. D.

Extracto de la información publicada en Diario LA RIOJA y Kiosko y Más.

Inmobiliaria Río Ara confirmaba a Diario LA RIOJA tanto la venta del local a un empresario hostelero de la capital, a fin de retomar el proyecto, como la denegación de la solicitud de licencia para la reconstrucción de la cafetería en el bajo del número 10 de Bretón de los Herreros. La razón esgrimida por el Ayuntamiento es que la demolición del edificio extinguió las licencias de todas las actividades y, para conceder una nueva, debería cumplir la normativa de distancias, que establece un mínimo de 25 metros respecto a otro local con licencia de bar.

Se da la circunstancia de que en la esquina opuesta a la del Tívoli, en la calle El Peso, se ubica una tienda de vinos con licencia de bar solicitada durante los seis meses en que quedaron sin efecto las distancias durante la pasada legislatura –según la citada inmobiliaria–, que no haría posible la concesión de una nueva. Aunque, y es ahí donde los impulsores se sienten perjudicados, la conocida como Ley Ómnibus, nombre que recibe la ley española 25/2009, de 22 de diciembre del 2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio –para adaptar la legislación española a la Directiva Bolkestein, que persigue eliminar trabas burocráticas del sector servicios–, obliga en la práctica a la desaparición de tales distancias, algo que ya se ha aplicado en distintas ciudades españolas.

El Ayuntamiento denegaba la licencia mediante resolución de Alcaldía de fecha 10 de abril del 2012, aunque no era recibida por los interesados hasta el 30 de agosto, después de que en principio la Administración local se comprometiese a su mantenimiento tras acordar las condiciones en las que debía acometerse el derribo y futura reconstrucción de Los Gabrieles en su conjunto.

El local, por dentro y por fuera. / Jonathan Herreros

La promotora del nuevo inmueble, cuyos pisos comenzarán a ser entregados antes de finales de año pues las obras finalizarán en noviembre y los que dan a Bretón están prácticamente vendidos, no entiende la demora de la Administración local para adaptar las normas urbanísticas del PGM a la directiva europea, máxime cuando se les llegó a hablar incluso de un plazo para hacerlo.

Sea como fuere, lo cierto es que el interés por la reapertura del Tívoli surgió a la par que arrancaba el proyecto inmobiliario, con el derribo de la manzana. Un empresario del sector hostelero firmaba un contrato de compraventa del futuro local en cuestión, de unos 140 metros cuadrados, dando los primeros pasos para que, si todo hubiese ido según lo previsto y acordado con el anterior equipo de Gobierno, se culminase ahora que terminan el conjunto de las obras con la inauguración del espacio reconstruido a imagen y semejanza del viejo pues incluso se conservaron elementos para tal fin, caso de los letreros de fuera relativos al ‘Café Tívoli Bar’.

El planteamiento era que la misma constructora acometiese la reconstrucción del local a fin de abaratar costes, pero… la paralización administrativa no sólo no lo ha hecho posible, sino que, además, está teniendo consecuencias negativas para los implicados: inmobiliaria y hostelero.

Y es que, aparte de las distancias y según la denegación municipal, para poder otorgar una licencia de cafetería como la que se solicita «el edificio en el que se ubique debe tener concedida la licencia de primera ocupación», algo que, según Río Ara, puede hacerse de manera paralela con lo que no supondría problema alguno.

El interés por los bajos de Los Gabrieles no sólo se centra en el Tívoli pues, tal y como informa la inmobiliaria, otros dos locales de grandes dimensiones, de 300 y 180 metros cuadrado, ya están comprometidos también para la actividad hostelera siempre y cuando se solucione el problema de las distancias en el que han encallado todos pese a que la ley parece ampararles.

P. D.

Extracto de la información publicada en Diario LA RIOJA y Kiosko y Más.

Más de un centenar de establecimientos hosteleros han sido expedientados por infracciones de la ordenanza reguladora de la instalación de quioscos y terrazas de veladores de Logroño desde el 2011, año en el que entraba en vigor la ley antitabaco y comenzaron a proliferar los cerramientos de las mismas obligando a una modificación en la normativa municipal que, pese a flexibilizarse, sigue sin convencer a casi nadie y desde entonces se está saldando con decenas de incumplimientos y sanciones.

Según los datos facilitados por el PSOE, en lo que va de año el Ayuntamiento de Logroño ha dictado 151 resoluciones de Alcaldía relativas a expedientes sancionadores por no ajustarse a la conocida como ordenanza de terrazas, si bien 114 de las mismas corresponden a infracciones detectadas entre el 2011 y el 2012, incluso dos ellas abiertas en el 2010, hasta ahora sin resolución.

Tales cifras, teniendo en cuenta que la capital cuenta en la actualidad con un total de 400 terrazas, dan como resultado que una de cada cuatro hayan sido expedientadas por uno u otro motivo -que no quiere decir que tras los requerimientos hayan acabado en sanción-, lo que a juicio de la oposición y no pocos hosteleros deja bien a las claras que hay un serio problema con la aplicación de la ordenanza.

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La emblemática cafetería La Granja, casi centenaria, a día de hoy. / Díaz Uriel

Miguel Fernández y Diego Blanco, un par de treintañeros logroñeses, han apostado por recuperar el mítico local y hacerlo con un novedoso modelo de negocio con el que esperan poder hacerse un hueco a partir del próximo San Bernabé aprovechando el actual momento de crisis económica. La propuesta de bar ‘low cost’, ausente hasta la fecha en la capital, nace del convencimiento de que la calidad no está reñida «para nada» con los precios. Cafés -con magdalena incluida- vinos, refrescos, cervezas y montaditos -hasta 35 diferentes- a un euro y copas -con botellita individual- a cuatro euros.

Logo de 'Copas Rotas'.

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Así se lo han hecho saber tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Salud, encargada de velar por el cumplimiento de la ley antitabaco, al Ayuntamiento de Logroño, habida cuenta de que los servicios jurídicos municipales de la capital de La Rioja, y no otros, habían publicitado una interpretación equívoca de la nueva norma.

Ello había llevado a pensar equivocadamente a parte del sector hostelero de nuestra ciudad que en los cerramientos de terraza permitidos por la ordenanza logroñesa de veladores (con un total de tres ‘caras’) uno se podía encender un cigarrillo sin consecuencias pero, tras la necesaria aclaración, todo ha cambiado.

El negocio funciona, aunque no así. Terrazas cubiertas como en las que usted se habrá sentado estos días por nuestras calles son legales urbanísticamente, por supuesto, pero se quedan al margen en lo que a consumo de tabaco se refiere.

El Ayuntamiento no lo entendió así y ahora algún que otro establecimiento se siente ‘engañado’. La Administración local, consciente de que toca follón, no ha tardado en desmarcarse diciendo que no es competente en la materia, que su interpretación jurídica era interpretación, sí, pero “no vinculante”.

Las inspectoras de Salud, a las que por cierto me encontré mientras realizábamos el vídeo que pueden ver abajo en una de las terrazas cubiertas de Logroño, concretamente la de Gran Vía, salen en su defensa diciendo que tanto una mala interpretación como el desconocimiento de la norma no eximen de su cumplimiento.

Para que se hagan una idea: es como si a su casa le llega una carta de Hacienda multándole por no haber presentado la declaración de la Renta y usted dice que un primo suyo concejal de Cuenca (o de aquí, que también me sirve) le dijo que no era necesario. No hay excusas que valgan… sobre todo si tenemos en cuenta que los no fumadores tenían claro desde el principio que ahí tampoco se podía fumar.

Y es que apenas ocho días han bastado para comprobar que el mundo sigue y seguirá girando, con humo o sin él, y que la opinión ciudadada de la clase política, fumadores o no, se mantiene en los mismos niveles que antes de la controvertida norma… es decir, a la altura de las baldosas que ahora sirven de improvisados ceniceros.

“Cualquier ciudadano puede denunciar, como se ha hecho hasta ahora con cualquier otro tipo de supuestos delitos o incumplimientos de leyes”, soltó la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, animando a denunciar a los fumadores que incumplan la nueva ley. Y, claro, las críticas no se han hecho esperar.

“¿Denunciar a los fumadores?”, se cuestionaba irónica el otro día una conocida hostelera logroñesa cuando le preguntaba por el funcionamiento de las estufas de terraza o ‘setas’ que estos días están ‘creciendo’ por la capital.

“Pues yo animo a denunciar a quien trabaja y cobra el paro, a quien trabaja estando jubilado o a quien trabaja sin estar dado de alta en la Seguridad Social…”, se respondía a sí misma. “Y eso sí que sería saludable para el país”, concluía la hostelera que, por unos momentos, llegó a sonarme como una política. ¿O era como una autoridad sanitaria más?