Lo cierto es que nadie se ha extrañado de que para poner freno al goteo de gastos en continuas reparaciones se haya optado por una solución tan tajante como supuestamente efectiva. Y digo supuestamente porque el propio informe de Ciesm-Intevía, en el que se basa la misma, deja claro que una vez que el pavimento haya sido rehabilitado se deberá cuidar especialmente el mantenimiento de la rejilla y el drenaje.

Y es que uno de los problemas que se han observado es que aun siendo una vía urbana se le ha dado un tratamiento de carretera sin ninguna limitación para el tráfico. «Aunque la rehabilitación del firme ofrecerá un pavimento suficientemente resistente, quedarán puntos débiles como la rejilla o los pavimentos de las intersecciones», concluye la consultora, quien recomienda abiertamente que se consideren restricciones de velocidades, cargas o servicios (carga y descarga).

Llegada la hora de echar cuentas hay una pregunta que se antoja clave teniendo en cuenta que a los 6,4 millones de ‘sobrecoste’ en el proyecto inicial se le han sumado un millón más en ‘parches’ desde su inauguración hace cinco años y ahora otros 496.000 euros para el pretendido ‘arreglo definitivo’: ¿Y si no da resultado? ¿Y si esos «puntos débiles» siguen provocando deterioros por los siglos de los siglos? Pues eso. Amén. Y las responsabilidades, por tanto, el Día del Juicio Final, porque como tengamos que esperar a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno…

¿Ley de Transparencia? Sí, por supuesto, pero según cómo… ¿Serán datos reales sin interpretación alguna o habrá ‘cocinero’ de por medio? Ejemplo: el baile de cifras sobre la situación económica del Ayuntamiento de Logroño tras el último cambio de Gobierno. ¿Tendremos acceso a todos y cada uno o los habrá que sean declarados confidenciales en caso de resultar incómodos? Ejemplo: la evolución y las actuales condiciones de la plantilla del San Pedro y de los servicios del Hospital en sí.

Al grano: el Gobierno del PP da un paso que al PSOE le costó dar (y finalmente ni dio) con el denominado anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, una norma que obligará a las administraciones públicas sin distinción a hacer accesibles todos sus contratos, subvenciones, convenios y sueldos públicos… algo necesario, y no solo ahora, de lo que curiosamente debatía quien arriba firma con los lectores de su blog (Nanay de Logroño) a raíz de que el Grupo Municipal Socialista denunciase que el Ayuntamiento de Logroño se hubiese gastado 6.000 euros en 950 delantales –adquisición aprobada mediante Resolución de Alcaldía sin que el PP diese cuenta de la misma– con motivo de la pasada Semana del Pincho.

Lo cierto es, para qué engañarnos, que la falta de transparencia (u opacidad en la gestión si ustedes lo prefieren) parece ser algo instaurado en la cultura política española, algo que va más allá de mandamases, sean del color que sean y sin señalar a nadie. «Yo quiero saber hasta lo que se gastan en papel higiénico tanto en el Consistorio como en el Palacete», me decían el otro día muy acertadamente. Queremos saber, sí, pero todo… Debemos saber, que también, pues pese a quien pese estamos en nuestro derecho.