Un reintegro que las administraciones deben efectuar en ¿cinco cómodos plazos anuales? y que llevará a los distintos responsables del área de Economía y Hacienda a necesitar algo más que una simple calculadora a la hora de elaborar los próximos presupuestos, tanto regionales como locales. Las previsiones ‘al alza’ del Ministerio hicieron que ayuntamientos y comunidades autónomas gastasen un dinero que no era suyo (en otras palabras, que no tenían) y ahora, con la que está cayendo, se verán obligados a devolver céntimo a céntimo.

Una nueva y perversa versión por parte de la Administración General del Estado del ‘ponerles el caramelo en la boca para luego quitárselo’, en este caso a municipios, provincias y regiones, solo que con la particularidad de que aquí el caramelo no es que ya lo hayan chupado sino que hasta lo han relamido. ¿Quién pagará ahora las consecuencias de tal dispendio de ‘chuches’? De momento, el Ayuntamiento de Logroño ha descartado un incremento de la presión fiscal sobre la ciudadanía, pero, lo dicho, solo de momento. Normal el ‘cabreo’ que tengan unos y otros independientemente de siglas.

Desajuste, desvío, desequilibrio… son muchas las maneras de referirse a lo sucedido: las entregas estatales a cuenta tanto a las administraciones regionales como a las locales por parte del Estado se hicieron en base a una previsión de ingresos en concepto de impuestos muy por encima de lo finalmente recaudado. Infladas hasta en un 32% para que nos entendamos…

Unos cálculos que hablan muy poco en favor de la Administración General del Estado (sea la que sea) y que dejan abiertas no pocas preguntas: ¿Cómo puede un Ministerio de Economía y Hacienda que se precie elaborar unos presupuestos tan alejados de la realidad? ¿Acaso no disponen de los mecanismos necesarios para prever con un mínimo margen de error lo que se ingresará o se dejará de ingresar? Lo dicho, algo más que una simple calculadora… eso sí, mejor que la que en su día utilizó Pedro Solbes.

Así se lo han hecho saber tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Salud, encargada de velar por el cumplimiento de la ley antitabaco, al Ayuntamiento de Logroño, habida cuenta de que los servicios jurídicos municipales de la capital de La Rioja, y no otros, habían publicitado una interpretación equívoca de la nueva norma.

Ello había llevado a pensar equivocadamente a parte del sector hostelero de nuestra ciudad que en los cerramientos de terraza permitidos por la ordenanza logroñesa de veladores (con un total de tres ‘caras’) uno se podía encender un cigarrillo sin consecuencias pero, tras la necesaria aclaración, todo ha cambiado.

El negocio funciona, aunque no así. Terrazas cubiertas como en las que usted se habrá sentado estos días por nuestras calles son legales urbanísticamente, por supuesto, pero se quedan al margen en lo que a consumo de tabaco se refiere.

El Ayuntamiento no lo entendió así y ahora algún que otro establecimiento se siente ‘engañado’. La Administración local, consciente de que toca follón, no ha tardado en desmarcarse diciendo que no es competente en la materia, que su interpretación jurídica era interpretación, sí, pero “no vinculante”.

Las inspectoras de Salud, a las que por cierto me encontré mientras realizábamos el vídeo que pueden ver abajo en una de las terrazas cubiertas de Logroño, concretamente la de Gran Vía, salen en su defensa diciendo que tanto una mala interpretación como el desconocimiento de la norma no eximen de su cumplimiento.

Para que se hagan una idea: es como si a su casa le llega una carta de Hacienda multándole por no haber presentado la declaración de la Renta y usted dice que un primo suyo concejal de Cuenca (o de aquí, que también me sirve) le dijo que no era necesario. No hay excusas que valgan… sobre todo si tenemos en cuenta que los no fumadores tenían claro desde el principio que ahí tampoco se podía fumar.