Alrededor de un centenar de personas se dieron cita en la sala de usos múltiples del Ayuntamiento, sin presencia alguna del Gobierno del PP, aunque sí de la oposición del PSOE, dejando constancia de que reforzar la seguridad y la limpieza en las también denominadas ‘siete calles’ urge más que constr uir un parking en la avenida de Navarra.

Y es que, aunque el aparcamiento es admitido como uno de los problemas no sólo de la Villanueva sino del conjunto del Casco Antiguo de Logroño, los vecinos de la zona entienden que un aparcamiento subterráneo de rotación en avenida de Navarra no sólo no es prioritario, sino que además no aporta solución alguna para el barrio.

«Habiendo tres en el Ayuntamiento, en El Espolón y en Jorge Vigón con plazas libres, qué adelantamos nosotros con otro de ese mismo modelo si ya estamos rodeados», vino a ser el sentir general. «Meternos en una obra de tales características puede suponer la puntilla para el sector comercial y hostelero de la zona, muy castigados ya de por sí con problemas mucho más acuciantes que los meramente urbanísticos», expusieron quienes regentan negocios en la misma avenida de Navarra.

Asamblea ciudadada. / Miguel Herreros

El traslado del centro de salud de Rodríguez Paterna a la antigua Comisaría de Policía, aun siendo en la zona, es visto con recelo en el vecindario pues entienden que aún será peor para la degradada calle del mismo nombre.

Suciedad e inseguridad, amén de conflictos vecinales, fueron puestos de manifiesto por quienes viven en la zona –San Gil, San Roque, Baños, Horno, Brava, Hospital Viejo y Yerros– demandando un plan integral de actuación más pensada en sus gentes que en tal o cual edificio. «Confiar la recuperación de la zona a un aparcamiento subterráneo o elevado o a una torre exenta o abrazada no es suficiente», sentenciaba quien aseguraba llevar toda una vida en el barrio. Y es que el hecho de que la Villanueva reúna gran parte de los servicios sociales y contra la exclusión de la ciudad no pasó ni mucho menos desapercibido. «Se han encargado de centralizar en el corazón del Casco Antiguo todo lo que nadie quiere ver…», hubo quien llegó a decir.

A la dimensión social, se le vino a sumar la de la habitabilidad… «Desde que llevan dándole vueltas al plan director de ordenación, lo único que han hecho ha sido echar abajo más de 20 viviendas y sacar fuera a entre 60 y 70 familias», se puso de manifiesto. Tampoco quedó al margen la dimensión patrimonial. «Y, una vez recuperada la torre de San Bartolomé, que te puede gustar o no, nos vienen con que hay que volver a edificar donde hemos derribado precisamente para conseguir todo lo contrario… ¡Pongamos en valor nuestra historia!», fue otra de las voces que se dejaron oír.

El pliego de condiciones contemplaba tal posibilidad. El propio contrato de cesión temporal de uso lo establecía. Y no en vano las concesionarias así lo vendían con la ‘connivencia’ de la Administración: cesiones de plazas para residentes por un período de 75 años en las que al cumplir el primer año de contrato bien el propio Ayuntamiento, de oficio, o bien a instancias de la empresa en cuestión, lo que era de esperar, se iniciarían los trámites para la desafectación del suelo permitiendo así el paso a propiedad a sus cesionarios originales.

¿Cuál ha sido el problema entonces? Que pese a que sobre el papel el trámite depende del acuerdo entre el Ayuntamiento, propietario del suelo, y la empresa constructora, concesionaria del mismo; en la práctica es ésta quien tiene la última palabra, amén de tener que hacer frente al pago municipal de alrededor de 750 euros por plaza para culminar su tramitación… Dicho de otra manera, y para que nadie se lleve a engaño, que el propio pliego deja a decisión de la ‘gestora’ el paso o no a propiedad (tiempos de crisis como los actuales y situaciones tan delicadas como las que atreviesa el sector constructor/inmobiliario lo dificultan) y la Administración local no dispone de ninguna herramienta legal (o eso dicen sus propios servicios jurídicos) para obligar a que lo haga.

Mientras, no solo es que los cesionarios se sientan ‘rehenes’ de unos y engañados por los otros, sino que la empresa privada está haciendo negocio con el subsuelo público con la única ‘contrapartida’ para la explotación “de lo de abajo” que la reurbanización “de lo de arriba”, lo que nunca ha terminado por salir gratis del todo a la ciudadanía tal y como se nos decía –y ahí sigue la Gran Vía como el ejemplo más sangrante-. Cobraron en su día por las plazas y desde entonces, y ya han pasado varios años, siguen cobrando ‘x euros’ al mes en concepto de mantenimiento, “abusivo” a todas luces según los sufridos cesionarios, incluso propietarios si no logran tener voz ni voto en la comunidad que lo gestiona -y aquí vuelve a aparecer otra vez la tan traída y llevada Gran Vía-, haciendo que el modelo (del que hablaremos en la segunda y última parte del post) sea de todo menos modélico.

Un ‘cadáver’ que costó en su día 3,6 millones a las arcas municipales construido durante la última etapa de Julio Revuelta como alcalde del PP y que, finalizadas las obras a mediados del 2007, ejemplifica a las mil maravillas los tiempos de bonanza mal entendidos cuando no los disparates urbanísticos que ahora pagamos. De aquellos polvos… vienen estos lodos.

382 plazas de aparcamiento puestas a la venta por entre 13.500 y 15.500 euros en una zona donde no solo no existen problemas de estacionamiento sino que todas y cada una de las viviendas, de obra nueva, cuentan con su garaje privado correspondiente. 9.928 metros en el subsuelo de la antigua ‘Bodegas y Bebidas’, entre las calles Gustavo Adolfo Bécquer y Juan Boscán, ‘ocupados’ por una infraestructura que hoy, casi cinco años después, se antoja claramente innecesaria. Que más de tres años después el equipo de Gobierno de PSOE y PR se viese obligado a sacar esas mismas plazas vacías a subasta a un precio de 9.879 euros y que la ciudadanía mirase para otro lado da buena prueba de ello. Ni interesaban ni interesan.

Y es que ayer mismo nos enterábamos que de esas 382 plazas totales aún quedan libres 313 (de hecho la segunda de las plantas está tapiada e inutilizada), las mismas que siendo como son de propiedad municipal y suponiendo como suponen un coste de mantenimiento trata de quitarse de encima como sea la Administración local de nuevo gobernada por el PP. Ya ven: quienes crearon el problema tras una legislatura en la oposición han visto en el soterramiento una salida airosa al mismo.

El Ayuntamiento de Logroño planteará al Adif la posibilidad de que el parking municipal, el mismo que apenas ha despertado interés entre los vecinos, fuesen residentes o no, sustituya por completo o en parte al previsto en el propio proyecto de integración ferroviaria de Fomento. Y es que sobre el papel hay proyectado un aparcamiento de 600 plazas que ya debería haberse empezado a construir a apenas 50-100 metros del existente en Marqués de Larios. Ya en la anterior legislatura socialistas y regionalistas trataron de frenarlo sin éxito, y ahora son los populares quienes, confiando en la sintonía de administraciones del mismo color político, hacen un nuevo intento.

¿Hasta 12 millones de ahorro si Adif dice ahora que sí? Pues habrá que verlo, pero lo que parece claro es que sería un marrón menos para un Ayuntamiento que directa o indirectamente ha visto una oportunidad como no habrá otra para que sea la entidad adscrita a Fomento la que se lo coma y aquí paz y después gloria.