Centenares de logroñeses ya han iniciado, están en ello o estudian emprender acciones legales por los mil y un quebraderos de cabeza que les supone la plaza de aparcamiento de promoción municipal a la que accedieron en su día atraídos por la garantía de la Administración local. Tres parkings de los ocho inicialmente contemplados en el controvertido Plan de Centro, puesto en marcha entre el 2004 y el 2007, siguen en régimen de cesión y no propiedad como se publicitaron y vendieron.

Más de mil cesionarios continúan demandando la enajenación de sus aparcamientos tal y como les prometieron, se sienten engañados y, dejando a un lado los diferentes problemas de las adjudicatarias y constructoras, ya han empezado a señalar directamente al Ayuntamiento como principal responsable.

Si bien la cesión temporal de uso establecía el sabido paso a propiedad, la voluntad final quedaba a decisión de las empresas… Los cesionarios se sienten rehenes y, tras dirigirse en reiteradas ocasiones a sus concesionarias, han vuelto sus miradas al Ayuntamiento, a quien ya no es que exijan soluciones, sino que además piensan plantearle movilizaciones. Los plenos municipales, a partir de ahora, contarán con su presencia y su protesta.

Las protestas por los problemas de los parkings del Plan de Centro amenazan con volver al salón de plenos. / Enrique del Río

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El pliego de condiciones contemplaba tal posibilidad. El propio contrato de cesión temporal de uso lo establecía. Y no en vano las concesionarias así lo vendían con la ‘connivencia’ de la Administración: cesiones de plazas para residentes por un período de 75 años en las que al cumplir el primer año de contrato bien el propio Ayuntamiento, de oficio, o bien a instancias de la empresa en cuestión, lo que era de esperar, se iniciarían los trámites para la desafectación del suelo permitiendo así el paso a propiedad a sus cesionarios originales.

¿Cuál ha sido el problema entonces? Que pese a que sobre el papel el trámite depende del acuerdo entre el Ayuntamiento, propietario del suelo, y la empresa constructora, concesionaria del mismo; en la práctica es ésta quien tiene la última palabra, amén de tener que hacer frente al pago municipal de alrededor de 750 euros por plaza para culminar su tramitación… Dicho de otra manera, y para que nadie se lleve a engaño, que el propio pliego deja a decisión de la ‘gestora’ el paso o no a propiedad (tiempos de crisis como los actuales y situaciones tan delicadas como las que atreviesa el sector constructor/inmobiliario lo dificultan) y la Administración local no dispone de ninguna herramienta legal (o eso dicen sus propios servicios jurídicos) para obligar a que lo haga.

Mientras, no solo es que los cesionarios se sientan ‘rehenes’ de unos y engañados por los otros, sino que la empresa privada está haciendo negocio con el subsuelo público con la única ‘contrapartida’ para la explotación “de lo de abajo” que la reurbanización “de lo de arriba”, lo que nunca ha terminado por salir gratis del todo a la ciudadanía tal y como se nos decía –y ahí sigue la Gran Vía como el ejemplo más sangrante-. Cobraron en su día por las plazas y desde entonces, y ya han pasado varios años, siguen cobrando ‘x euros’ al mes en concepto de mantenimiento, “abusivo” a todas luces según los sufridos cesionarios, incluso propietarios si no logran tener voz ni voto en la comunidad que lo gestiona -y aquí vuelve a aparecer otra vez la tan traída y llevada Gran Vía-, haciendo que el modelo (del que hablaremos en la segunda y última parte del post) sea de todo menos modélico.