Las protestas de la Policía Local marcan el pleno (1): chorizos en vez de porras en referencia a...

El no acuerdo para cubrir servicios especiales -la falta de horas extra ‘pactadas’ se suple mediante resoluciones de Alcaldía- lleva visos de enquistarse con las consiguientes consecuencias: de momento, los sindicatos policiales, concretamente sus asesorías jurídicas, barajan llevar a los tribunales el conflicto con el Ayuntamiento de Logroño. «No somos la guardia pretoriana de la alcaldesa, sino un cuerpo al servicio del ciudadano», decía una vez acabada la protesta José Guillermo Rubio Chinchurreta, secretario general del SPPME en La Rioja.

Las protestas de la Policía Local marcan el pleno (2): disfrazados de Pinocho en referencia a...

Tanto en el salón como fuera del mismo se vivieron episodios tales como un agente a gritos con el concejal Pedro Sáez Rojo a quién recriminaba que percibiese chiquibecas. Alusiones personales constantes tanto al edil de Desarrollo Urbano como al de Interior, Miguel Sáinz, a quien precisamente la oposición preguntaba ayer por el conflicto calificando su gestión de la Policía Local de «desastre».

Las protestas de la Policía Local marcan el pleno (y 3): coplilla que se podrá oír en breve en Nanay de Logroño

Según los datos ofrecidos por Interior a requerimiento del PSOE en lo que va de legislatura y tras la ruptura de negociaciones en cuanto a horas extra Gamarra se ha visto obligada a firmar hasta 12 resoluciones de Alcaldía para cubrir eventos especiales tales como cabalgatas, desfiles y manifestaciones. Las últimas tres, las relativas al ‘lío’ por la manifestación del 23F, supondrán finalmente un coste de 8.540 euros por los 88 agentes movilizados.

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), mayoritario en La Rioja y en la Policía Local de Logroño, venía a confirmar a requerimiento de Diario LA RIOJA los reveses sufridos por los planes publicitados por el equipo de Gobierno municipal pues desde su implantación han ido encadenando problemas que, según la Concejalía de Interior, no pasan de ser los normales, por lo que el pasado martes ambos vehículos pudieron verse por las calles –aunque del resto de días asegura no tener conocimiento–.

Si ya a finales de diciembre el sindicato mostraba sus reticencias al uso del nuevo sistema de detección de drogas implantado en Logroño desde septiembre del 2011 al apreciar importantes deficiencias en su funcionamiento, a día de hoy la realidad es que el mismo no está siendo utilizado por orden expresa de la Jefatura de Policía Local. Instrucciones tras la que estarían los ‘falsos positivos’ probados según el SPPME, pero que las explicaciones municipales sitúan en el retraso sufrido en la entrega de nuevos kits de elementos químicos –detectores del consumo de drogas en la saliva– ante la caducidad –o cercanía de la misma– de los adquiridos en su día.

Desde su suspensión, «precisamente para garantizar la seguridad jurídica de los conductores», en palabras del concejal delegado, Miguel Sáinz, y con la vuelta al sistema anterior, los agentes no han practicado prueba alguna debido a las dificultades que representa tener que desplazar al sospechoso de ingesta alcohólica hasta el Hospital San Pedro tal y como se venía haciendo con anterioridad al también llamado ‘narcotest’.

La cadena de despropósitos denunciados por distintas fuentes, no sólo el citado sindicato, tendría continuidad con el ‘multacar’, que ya estuvo fuera de la circulación seis meses tras dos años de servicio en situación administrativa irregular al no haber pasado la ITV. Presentado con un nuevo protocolo de funcionamiento a finales de octubre, y tras una campaña de preaviso hasta noviembre, lo cierto es que poco después era devuelto a los talleres por problemas en una lente de la cámara y con el sistema de GPS –errores de posición–.

El concejal de Interior, Miguel Sáinz, reducía tales problemas a los desajustes propios de equipos nuevos respondiendo que el ‘multacar’ está funcionando con total normalidad, si bien es la Jefatura quien decide su salida o no. «Que no esté de servicio no quiere decir que haya problemas», sentencia mientras informa de que se está actuando sobre las dobles filas tal y como se anunció.

Con el ‘drogotest’ suspendido y el ‘multacar’ en proceso de revisión, los radares móviles, otra de las novedades policiales presentadas recientemente –concretamente el pasado noviembre–, estarían actualmente aún en período de pruebas y sin sanción efectiva alguna… lo cierto es que la fecha para comenzar a multar previa campaña de aviso se ha ido alargando desde entonces. Desde el SPPME se denuncia que concluida dicha campaña informativa y de apercibimiento pasadas las navidades, no hay orden alguna de sacar a la calle el radar. ¿El problema? Según deducen, la carencia de un programa de tramitación de denuncias –un software informático pedido, pero que no llega–, que estaría tras la ‘suspensión’ de uso.

Interior, quien niega que esa sea la causa, explica que, cómo ya se informó una vez finalizada la campaña de preaviso, no se comenzará a sancionar hasta que el Ayuntamiento instale la señalización advirtiendo de su posible presencia… «pero de momento seguimos en fase de pruebas». Los hechos, pese a todo, son que en noviembre se dijo que se iba a empezar a multar en diciembre, en enero se dijo que en febrero y, actualmente, aún no se ha comenzado a colocar tal señalización. «El software no es necesario ni imprescindible para el uso del radar y que todo el mundo tenga la certeza que una vez visible la señalización el vehículo comenzará a denunciar», informó Sáinz.

Si la situación del vehículo se presta a las dudas, el radar colocado sobre un trípode, también cedido por la DGT, sí que no se está utilizando. «No es el concejal quien decide cuándo radar móvil y ‘multacar’ salen a la calle , sino la Jefatura de la Policía Local según lo estime conveniente», alega el también portavoz municipal.