El otro día, nuestro periódico dedicaba un extenso artículo a la caída de la construcción de viviendas en La Rioja, titulado “La vivienda roza la paralización”, acompañado de una entrevista al decano del Colegio de Arquitectos de La Rioja, en el que comentaban la dramática caída de la construcción, reflejada por cifras elocuentes: de más de diez mil viviendas, construidas en 2006, hemos pasado a menos de ochocientas en 2009.

Dejando de lado la cuestión de si son necesarias más viviendas –la realidad es que sobran muchas, aunque falten baratas-, nadie parece querer entrar en el fondo del problema, que no es otro que el sobreprecio; no tiene explicación que una vivienda, cuyo precio de construcción puede ser 10 millones de las antiguas pesetas, salga al mercado por más de 40. Yo imagino que este disparate viene bien a todos: los técnicos, que cobran porcentaje sobre el precio, ven aumentadas sus ganancias; los especuladores del terreno, donde incluyo a los Ayuntamientos, también ganan más; y los constructores ya no se conforman con el millón, por vivienda, de ganancia de otros tiempos, sino que lo han multiplicado por… ¡vaya usted a saber!

Lo más llamativo es la resistencia a que las aguas vuelvan al cauce del que nunca debieron salir. A muchos se les llena la boca hablando de las excelencias del libre mercado, y de cómo los precios son regulados por la oferta y la demanda, pero esto, al igual que la defensa de la competencia, parece no ir con la construcción, pues los precios siguen enrocados en las alturas y, por mucho que se pregone un descenso de los precios, es sólo testimonial; si el mercado estuviera bien regulado, una vivienda libre estándar, de 90 metros, ahora no debería costar más allá de 15 millones de pesetas, pero nadie quiere dejar los abusos a que estaba acostumbrado.

El colmo del despropósito, y aquí, como en todo lo anterior, tienen mucho que ver los gobiernos, es que hayamos dado un dineral a los bancos, para resolver sus problemas de mala gestión, y ahora, no quieran bajar el precio de los muchísimos pisos que se han quedado, por impagos o por lo que sea. Si no los pueden vender, su obligación es bajar los precios hasta que los ciudadanos los compren, así se regula el mercado, y, si no, que devuelvan nuestro dinero, el que alegremente les dio el Gobierno. Verán como entonces no les queda otro remedio que sacar los pisos a la venta. A su justo precio, que no es el de ahora.

“ALONSO CHÁVARRI”