La Asociación de Empresarios de la Construcción y Afines de La Rioja (CPAR) celebra este lunes elecciones. No son políticas, pero casi, ya que la vinculación entre construcción y política ha sido evidente en los últimos años en los que el dinero, y me refiero exclusivamente al impositivo, ha entrado a ‘chorro’ en las administraciones.

José Miguel Arambarri ha reunido un grupo importante de empresarios (según asegura 150, lo que le daría la victoria en las elecciones de este lunes) y, si bien no es un movimiento político, nadie puede ocultar que desde el Palacete de Gobierno se ve con muy buenos ojos, cuando menos, la candidatura. En este sentido, el enfrentamiento entre el Ejecutivo riojano y la CPAR, es decir, los constructores que apoyan al actual presidente, Carlos del Rey, es más que evidente.

Carlos del Rey representa a un grupo de grandes promotores de suelo, con Luis Ilarraza y José Luis Lázaro a la cabeza, que son los principales propietarios de los nuevos sectores de Logroño, cuyas delimitaciones urgentes defendieron ‘a muerte’ tanto Julio Revuelta (incluso a costa de su carrera política), antes, como Miguel Gómez Ijalba (PR), después, aunque para cuando han sido autorizados por la Comisión de Urbanismo (PP) el ‘petardo’ inmobiliario impide ya su desarrollo a corto o medio plazo.

Detrás de Arambarri, entre otros, están Construcciones Samaniego y Luis Martínez Benito, en este último caso con la ‘ecociudad’ como principal interés, proyecto que ‘apadrina’ el propio gobierno regional y que ahora dormita a la espera del resultado de las elecciones municipales. Ello no quita para que también probablemente haya pequeños empresarios hartos de la política de los grandes fastos y de quienes han hecho negocio comprando y vendiendo suelo en lugar de poniendo ladrillos.

Los constructores (los de Del Rey) controlaron la FER en el año 2002 e intentaron hace unos años ‘dirigir’ también la Cámara de Comercio, aunque la amenaza de ‘asalto’ acabó con una lista pactada entre Alejos y Doménech. La CPAR se ‘trabajó’ también muy bien los sindicatos en los años de bonanza que, lejos de cuestionar el urbanismo faraónico (¿no eran de izquierdas?), salieron públicamente a reclamar las delimitaciones de suelo que pedían los empresarios por el supuesto temor a la pérdida de puestos de trabajos.

Es decir, mucha presión social para el PP, pero ahora son otros empresarios, animados precisamente por el PP, los que amenazan con ‘cazar al cazador’. El resultado, el lunes.