Está claro que uno es responsable de sus actos y no de los de su familia ni amigos ni allegados. La vicepresidenta del Gobierno, Aránzazu Vallejo, ha intentado sostener que, pese a ser copropietaria de los terrenos, no era la cultivadora (lo era su hermano Jesús Vallejo) y que, por tanto, no tenía responsabilidad en el caso del viñedo ilegal.

El problema es que no se ha acreditado que Jesús Vallejo -que plantó 18 hectáreas en el año 2000 con papel para 13 de ellas- pagase por la cesión de las fincas a su hermana, es decir, que fuera un arrendamiento real. Tampoco se ha demostrado si los rendimientos de las uvas iban para el cultivador o para la comunidad de bienes de toda la familia y, sobre todo, está el hecho de que Aránzazu Vallejo, evidentemente, conocía que su familia tenía viñedo ilegal y en ningún momento se planteó regularizar la situación, pese a que la irregularidad era tan palmaria como plantar cinco campos de fútbol de exceso.

En este sentido, después de perder en vía administrativa (en el año 2006 se ordenó el arranque) y en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (en el 2007), la familia Vallejo llevó el caso al Supremo, lo que le permitió introducir una pieza separada en el TSJR para que, de forma cautelar y hasta que se pronunciase el Alto Tribunal, se paralizara la orden de arranque y se le permitiera vendimiar las restantes 13 hectáreas que completan la finca (las otras cinco eran las ilegales). Según el criterio que venía aplicando la Consejería de Agricultura a los propietarios de viñedo ilegal, se denegaba sistemáticamente esta petición como medida coercitiva para obligar a regularizar. Es decir, no se podían vendimiar, por supuesto los viñedos ilegales, pero tampoco el resto de la parcela vitícola para favorecer el arranque.

El TSJR accedió a la suspensión cautelar de la sentencia y lo hizo exclusivamente porque la Consejería de Agricultura no se opuso a la petición de la familia Vallejo. Así, Jesús Vallejo pudo vendimiar las 13 hectáreas en las campañas 2007 y 2008. Pero lo más grave sucedió en la campaña 2009, cuando el Supremo, en el mes de febrero, ya había confirmado la resolución de arranque y, por tanto, la sentencia del TSJR era firme.

La familia Vallejo volvió a vendimiar las trece hectáreas en el 2009 porque la Consejería de Agricultura reconoció esas fincas, como había hecho en el 2007 y en el 2008, obviando al Supremo y cuando conozco agricultores que, sin ni tan siquiera tener viñedo ilegal o al menos ser conscientes de ello, tuvieron que descepar unos pocos metros porque el nuevo Sistema de Información Gegráfica (SIGPAC) por satélite ajustó las mediciones al milímetro bajo la amenaza de que si no lo hacían no hubieran podido vendimiar toda la parcela.

Es decir, hubo trato de favor hacia esos viñedos, y si no lo hubo el Gobierno riojano no lo ha desmentido, y, por tanto, la vicepresidenta del Gobierno es directamente responsable del caso del viñedo ilegal en la medida de que ella misma, o su familia, fueron beneficiados.

El caso, y esto sí que no lo entiendo, es que ningún sindicato agrario, que conocían la situación, ha querido denunciarlo, limitandose exclusivamente a rasgarse las vestiduras por los bajos precios de la uva.