La administración es la acción de administrar, un verbo que la RAE traduce, entre otras acepciones, como “ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes”. Aplicado este significado a la administración pública, lo que deberían ordenar los dirigentes políticos es la hacienda o los bienes de todos.

De las supuestas deudas históricas del Estado con las autonomías y los ayuntamientos, la crisis económica ha dado la vuelta a la tortilla y ahora son las comunidades autónomas y las entidades locales las que deben miles de millones de euros a la caja central.

El problema parte de una mala previsión de la recaudación de los ingresos tributarios, especialmente del IRPF, en función de la cual el Estado transfiere, como entregas a cuenta, a las autonomías y a los ayuntamientos unas cantidades que durante los años 2008 y 2009 fueron muy superiores a las que les correspondían. Es decir, nadie quita nada a nadie, sino que se dio más dinero del que se debía y ahora hay que retornarlo, al igual que en los años anteriores a la crisis la financiación autonómica y local mejoraba al quedarse escasas las previsiones y entregar el Estado la liquidación definitiva.

Ayuntamientos y comunidades autónomas, con amenazas de llevar el caso del Tribunal Constitucional, se rasgan hoy las vestiduras por la mala programación ministerial y entiendo que es difícil recibir un dinero y no gastarlo pensando que las cuentas en el futuro pueden quedar desajustadas.

Así que, mala gestión, desde luego, la  del Ministerio al, interesadamente o no, calcular erróneamente los ingresos, pero también la de las comunidades autónomas, ya que recaudan directamente una parte del IRPF y conocían con antelación que las liquidaciones provisionales del impuesto eran muy superiores a la evolución real de la recaudación. Es decir, que no sólo gastaron el dinero que conocían percibían en exceso, sino que siguieren recurriendo a la deuda para financiar inversiones de postín hasta el punto de que ahora no pueden endeudarse más para ajustar el desbarajuste.

Ayuntamientos y comunidades autónomas, Logroño y La Rioja incluidas, hablan de asfixia, de colapso y casi de quiebra, entre la caída de los ingresos y las devoluciones obligatorias, cuando, en el peor de los casos, las entregas a cuenta realizadas en su día suponen en realidad un ventajoso préstamo a interés cero con cinco años de devolución para las entidades locales y de seis años, además con financiaciones del  ICO de la mitad de los 20.000 millones adeudados, para las comunidades autónomas.

El caso es similar al de muchas familias, que animadas en los años boyantes, decidieron cambiar los alquileres por hipotecas y que ahora, con la crisis, el paro y el rebote de los tipos hipotecarios, han visto sus préstamos ejecutados por una mala programación de los riesgos y de sus ingresos. En el caso de las administraciones públicas aún está por ver algún dirigente que asuma algún tipo de responsabilidad, aunque sea moral, por el perjuicio causado a las arcas públicas.