La reciente subida del precio del billete de autobús es un agujero más dentro del bolsillo del esforzado, más que nunca, contribuyente. Duele que la realidad se imponga en el usuario a diario, pero las escandalosas cifras energéticas me hacen pensar, más en si es justa o no la subida, es en si será suficiente.

Las administraciones, y ahí tenemos el famoso déficit eléctrico tarifario, acostumbran a dar las malas noticias en tacitas cuando afectan de lleno. Esta subida la notará todo el mundo y no se podrá ‘camuflar’ en palabras ni conceptos huecos, como, por cierto, ha sucedido con los Presupuestos Generales del Estado, cuya asignación ha caído casi un 40% y tanto el delegado del Gobierno en La Rioja como el Ayuntamiento de Logroño están satisfechos porque es “ejecutable” y “no inflada”.

Lo cierto es que la empresa concesionaria de autobuses tenía un déficit tarifario acumulado de años atrás por la imparable escalada del gasóleo. La última revisión de precios se aprobó en febrero del 2010 (un 7% el ticket ordinario que no se había tocado desde el año 2003), después de varios tiras y aflojas entre el Ayuntamiento (PSOE-PR) y de la Comunidad Autónoma (PP), que, a través de la comisión de precios, puso todas las pegas del mundo consciente de los problemas en que ponía al Ayuntamiento por ‘deuda’ atrasada y el correspondiente desajuste en los ingresos que, curiosamente, llevan ahora al concejal Yangüela a rasgarse las vestiduras y dejan a su colega Javier Merino con el ‘culo’ al aire  por lo que dijo sobre el tema hace apenas dos años cuando era el PSOE el que decía subir el precio del billete.

Aproximadamente el 25% del coste del transporte urbano lo marca el combustible, así que, con un gasóleo en récord e imparable escalada histórica, no queda otra que revisar los precios, los servicios o que la administración asuma el sobrecoste y esto último no parece muy viable en estos momentos. Personalmente, más que los precios, y el 16% del titular de la subida, me preocupan los servicios. Son las administraciones las que deben garantizarlos y me temo que, con la subida anunciada, no sé hasta qué punto quedan garantizados o en qué condiciones quedan cubiertas las líneas suprimidas por el servicio metropolitano (¿cuesta lo mismo?, por cierto) ni si habrá a corto plazo nuevas supresiones de líneas

En cualquier caso, lo que debería comenzar a hacer ya el Ayuntamiento, y el resto de administraciones, es revisar ciertos acuerdos preferenciales (chiquibecas, por ejemplo) específicamente beneficiosos para determinadas grupos de población que, precisamente, no viajan en autobús sino en todo terrenos y, ni qué decir tiene, plantearse en qué debe invertir para el verdadero servicio ciudadano (aeropuerto, estación de tren, determinados conciertos educativos, etc.) porque, más allá de los diez céntimos del autobús, la noticia del día son los 10.000 millones que el presidente español, Mariano Rajoy, va a ‘ahorrar’ en Sanidad y en Educación: eso sí que promete ser un tarifazo.