El Imserso, dependiente del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, ha nombrado a la exconsejera riojana Sagrario Loza directora gerente del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Lardero. El Ministerio de Agricultura designó a finales de febrero a la exconsejera riojana Aránzazu Vallejo directora de la Sociedad Estatal de Aguas de la Cuenca del Ebro (AcuaEbro).

De los cinco consejeros que se fueron tras las últimas elecciones, tres tenían claros los destinos -Conrado Escobar fue el número 1 al Congreso de las listas populares; Luis Alegre se jubiló, mientras que Juan José Muñoz, después de sus experiencias fotovoltaicas, bastante tenía con recuperar su puesto de funcionario en el instituto-, así que la incógnita ya se ha resuelto también para estas otras dos mujeres.

Dijo hace años Emilio del Río que “Pedro Sanz no deja a nadie tirado por las escaleras”, una frase que podría dar lugar a numerosas interpretaciones sobre las contrataciones públicas. Pero no es este asunto lo que motiva este post, ni tan siquiera una intención de poner en cuestión si las dos exconsejeras tienen méritos para ocupar dichas plazas o si eran las mejores (¿o las únicas?) candidatas en los procesos de selección abiertos.

En este sentido, lo que más me llama la atención es que el método de contratación elegido para el centro de Lardero sea un contrato de alta dirección, con derecho a indemnización en caso de rescisión. Aránzazu Vallejo sustituyó al frente de AcuaEbro al ex alcalde socialista de Lleida Antoni Siurana y la pregunta que nos hacemos en la ensalada es si el exdirigente socialista se llevó una indemnización por su sustitución.

Lo mismo sucede con en el caso de Sagrario Loza, que sustituye a Francisca Rubio, una militante socialista riojana -formaba parte, como secretaria de política social, de la candidatura de Victoria de Pablo para la agrupación del PSOE de Logroño-, que, si tuvo el mismo contrato que su sucesora, se habrá llevado su correspondiente indemnización. ¿Cuándo vuelva a cambiar el Gobierno central, quién pagará la indemnización de Aránzazu Vallejo y de Sagrario Loza?

Se vista como se vista el muñeco en los procesos selectivos, los cargos, cuando son de confianza, no deberían tener carácter indefinido y quienes los ocupan deberían cesar automáticamente y cobrar sólo por los servicios prestados que, tal y como están las cosas, parece más que suficiente.

Vimos recientemente en la ensalada los casos de los ex diputados y ex senadores y las indemnizaciones percibidas porque sus partidos, ni tan siquieras las Cámaras, prescindieron de ellos en las listas. También los ex altos cargos del Gobierno central tienen su derecho a indemnización, y, por supuesto, los del Gobierno regional, que, por acuerdo de todos los partidos del Parlamento en el año 2003, tienen derecho percibir durante un máximo de seis meses 45 días por año trabajado (sin reforma laboral para ellos) para facilitar su ”incorporación a la actividad privada”.

No sé qué pasó con aquellas contrataciones con el PSOE en el Gobierno de Madrid del SEIASA y si se acabaron resolviendo con indemnizaciones, pero sí recuerdo el caso de la ex concejal del PP y ex gerente de Logroño Turismo, Carmen González Cuevas, que, ni siquiera con cambio de gobierno por medio, ‘sopló’ 13.000 euros al Ayuntamiento por una indemnización surrealista y el caso es que, indemnización tras indemnización, aquí nadie pone el cascabel al gato y nadie, ni tan siquiera, llama a las cosas por su nombre: si son cargos de confianza, pues eso, que al menos se vayan como han venido cuando la confianza se les acabe.