Desde que en agosto contacté con un grupo de padres que habían puesto en conocimiento dela Policía (primero del Ayuntamiento) el caso de los supuestos malos tratos en la Casa Cuna, he seguido de cerca el proceso y, aunque no sorprenden, no cuadran las declaraciones de la concejal de Bienestar Social, Paloma Corres, de que el Ayuntamiento ha estado desde el primer momento con los padres.

No sé a qué padres se refiere porque lo cierto es que el grupo de progenitores que denunció el caso no sigue en la guardería, precisamente, porque el Ayuntamiento no estuvo con ellos. Sus hijos acudían todos los días ala Casa Cuna bajo la tutela de la monitora cuyo testimonio basa el atestado policial y el reciente auto del juez en el que de veracidad a los testimonios de supuestos castigos inapropiados, encierros, insultos e incluso agresiones físicas a los críos, con la imputación de la hasta hace poco directora del centro educativo y dos profesoras.

La monitoria advirtió en agosto a los padres de que estaba pasando en la Casa Cuna (falta de personal, medios y profesionales desbordadas) y que tuvieran cuidado si pasaban a sus hijos al piso de arriba (para los mayores de 18 meses). Estos padres pidieron amparo al Ayuntamiento e incluso la monitora, acompañada de una segunda que también corroboraba su versión, fue voluntariamente a declarar lo que estaba pasando, pero la concejala de Bienestar Social, Paloma Corres , aceptó las explicaciones de Eulen en lugar de las ex trabajadoras.

De hecho, la investigación propia que anunció el Ayuntamiento adolece de rigor y, por ejemplo, incluyó la supuesta declaración de las dos monitoras sin firmar porque ni tan siquiera se les tomó testimonio formalmente: simplemente se las escuchó y se miró para otro lado.

La Policía, sin embargo, sí dio autenticidad a los testimonios y comenzó a llamar a otros padres cuyos hijos ya habían pasado por el piso de arriba (más de 18 meses). Los instructores del caso apreciaron comportamientos extraños (miedos) en los niños que relacionan con los supuestos gritos, insultos y castigos. Fue sólo entonces, con el atestado policial en la mano, cuando el Ayuntamiento solicitó a Eulen apartar a la actual directora ahora imputada por un delito contra la integridad moral de los pequeños y decidió abrir un expediente sancionador que está ahora mismo en suspenso pendiente de las decisiones del juez.

La realidad es que la investigación la iniciaron los padres, la siguió la Policía y fue Diario LA RIOJA quien sacó a la luz pública un expediente anterior y denuncias previas por una deficiente gestión de Eulen: un niño había agredido a otra niña causándole graves daños por la ausencia de su puesto de trabajo de una monitoria en el año 2012, una mujer denunció desde el hotel Ciudad de Logroño un pequeño episodio de maltrato a un niño en el patio de la Casa Cuna y una educadora, que se despidió después de una sola mañana de trabajo en la guardería, ya había advertido al Ayuntamiento de deficientes métodos y medios.

Es cierto, como recordó ayer el PP, que el pliego de adjudicación de las guarderías lo confeccionaron y resolvieron el PSOE y el PR+ desde el anterior gobierno municipal, con lo que el tema debería servir para preguntarnos si estos grandes contratistas de servicios públicos, como es la educación y el cuidado de los niños, son los idóneos por mucho que mejoren las ofertas económicas. Pero, en cualquier caso, las obligaciones se heredan y es responsabilidad del actual Ayuntamiento de Logroño comprobar lo que ofertan en los pliegos de adjudicación se corresponde con la realidad.