Pedro Vallejo, ex alcalde de Lardero

Algunos os acordaréis del caso de los edificios Alfil y Argos, de Lardero. El ex alcalde de Lardero Pedro Vallejo y su familia participaban directamente en las promotoras de ambos bloques, que inicialmente iban a ser unifamiliares y que aumentaron el número de viviendas por consentimiento municipal, para beneficio del propio ex regidor municipal y sus socios empresariales.

Los vecinos de las urbanizaciones colindantes, que compraron unifamiliares a la inmobiliaria del propio Vallejo con el compromiso de que en toda la manzana se construirían también unifamiliares, se encontraron con los muros de dos bloques delante de sus viviendas y llevaron el caso a los tribunales. Estos dieron la razón a estos últimos y decretaron el derribo de los excesos de edificación.

Como era materialmente imposible, se acordaron unas indemnizaciones y, después de ocho años de idas y venidas en los tribunales, el abogado Ricardo Díez del Corral, amigo y abogado de Pedro Vallejo y el Ayuntamiento, pasó una minuta de 282.000 euros por sus gestiones al consistorio de la localidad.

El secretario municipal no tragó con la ‘pella’ y se negó a pagar los casi 300.000 euros (Díez del Corral había cobrado 12.000 euros por adelantado) por una razón muy lógica: el abogado y el entonces alcalde Vallejo no pactaron la minuta previamente y la valoración hecha por una parte le parecía excesiva. Díez del Corral respondió entonces con una nueva factura de casi 700.000 euros.

El desacuerdo entre el letrado y el Consistorio acabó en el Colegio de Abogados que, con un laudo, acaba de cifrar en 189.000 euros el valor de los honorarios que pagarán todos los vecinos de Lardero al amigo de Vallejo.

Me sorprende, y mucho, la cifra fijada por los abogados, máxime cuando el abogado urbanístico que dirigió a los vecinos demandantes, es decir, quien ganó los juicios, cobró, también del Ayuntamiento de Lardero por las indemnizaciones, 33.790 euros, es decir, una quinta parte que lo que va a percibir Díez del Corral. Así las cosas, supongo que si el cliente llega a ser un particular, en lugar de una administración, la respuesta, el laudo del Colegio de Abogados, hubiera sido diferente.

La consecuencia es que quien pagará la ‘broma’, como siempre, serán los vecinos, porque el actual alcalde de Lardero, Juan Antonio Elguea, también del PP, no tiene ninguna intención de reclamársela a su antecesor como parece lógico por cuanto fue el beneficiado. Y tampoco parece muy lógico que, cuando las codemandadas, además del Ayuntamiento, eran también las dos empresas promotoras, el gasto en abogados, y en indemnizaciones, lo asuma en exclusiva el Ayuntamiento.

Porque, aunque a lo mejor me equivoco, tengo mis dudas de que el abogado haya girado, o vaya a girar, otra factura igual, de 190.000 euros a cada una de las promotoras, y me pregunto por qué el laudo del Colegio de Abogados no ha caído en que eran tres las partes codemandadas.