Pedro Vallejo, ex alcalde de Lardero

Algunos os acordaréis del caso de los edificios Alfil y Argos, de Lardero. El ex alcalde de Lardero Pedro Vallejo y su familia participaban directamente en las promotoras de ambos bloques, que inicialmente iban a ser unifamiliares y que aumentaron el número de viviendas por consentimiento municipal, para beneficio del propio ex regidor municipal y sus socios empresariales.

Los vecinos de las urbanizaciones colindantes, que compraron unifamiliares a la inmobiliaria del propio Vallejo con el compromiso de que en toda la manzana se construirían también unifamiliares, se encontraron con los muros de dos bloques delante de sus viviendas y llevaron el caso a los tribunales. Estos dieron la razón a estos últimos y decretaron el derribo de los excesos de edificación.

Como era materialmente imposible, se acordaron unas indemnizaciones y, después de ocho años de idas y venidas en los tribunales, el abogado Ricardo Díez del Corral, amigo y abogado de Pedro Vallejo y el Ayuntamiento, pasó una minuta de 282.000 euros por sus gestiones al consistorio de la localidad.

El secretario municipal no tragó con la ‘pella’ y se negó a pagar los casi 300.000 euros (Díez del Corral había cobrado 12.000 euros por adelantado) por una razón muy lógica: el abogado y el entonces alcalde Vallejo no pactaron la minuta previamente y la valoración hecha por una parte le parecía excesiva. Díez del Corral respondió entonces con una nueva factura de casi 700.000 euros.

El desacuerdo entre el letrado y el Consistorio acabó en el Colegio de Abogados que, con un laudo, acaba de cifrar en 189.000 euros el valor de los honorarios que pagarán todos los vecinos de Lardero al amigo de Vallejo.

Me sorprende, y mucho, la cifra fijada por los abogados, máxime cuando el abogado urbanístico que dirigió a los vecinos demandantes, es decir, quien ganó los juicios, cobró, también del Ayuntamiento de Lardero por las indemnizaciones, 33.790 euros, es decir, una quinta parte que lo que va a percibir Díez del Corral. Así las cosas, supongo que si el cliente llega a ser un particular, en lugar de una administración, la respuesta, el laudo del Colegio de Abogados, hubiera sido diferente.

La consecuencia es que quien pagará la ‘broma’, como siempre, serán los vecinos, porque el actual alcalde de Lardero, Juan Antonio Elguea, también del PP, no tiene ninguna intención de reclamársela a su antecesor como parece lógico por cuanto fue el beneficiado. Y tampoco parece muy lógico que, cuando las codemandadas, además del Ayuntamiento, eran también las dos empresas promotoras, el gasto en abogados, y en indemnizaciones, lo asuma en exclusiva el Ayuntamiento.

Porque, aunque a lo mejor me equivoco, tengo mis dudas de que el abogado haya girado, o vaya a girar, otra factura igual, de 190.000 euros a cada una de las promotoras, y me pregunto por qué el laudo del Colegio de Abogados no ha caído en que eran tres las partes codemandadas.

Resulta que en abril del año 2012, por  iniciativa de la PAH, el Ayuntamiento y sus dos grupos políticos (PP y PSOE) suscribieron un acuerdo municipal para «buscar un método que permita revertir los pagos de plusvalía a los afectados por desahucios». Aquel acuerdo se anunció a bombo y platillo, pero luego pasaron casi dos años y ni las protestas continuas de la PAH consiguieron reactivar el compromiso triunfalista del 2012.

La llamada de Diario LA RIOJA, sin embargo, refrescó la memoria del equipo de Gobierno municipal -supongo al verse en evidencia pública ante gente sin recursos pagando un impuesto absolutamente injusto- y la alcaldesa, Cuca Gamarra, hizo público el compromiso ante el periodista, incluso antes de hacerlo ante la propia PAH, de que aprobaría una orden de subvención para que estas familias no paguen este impuesto.

Ha pasado más de un mes y dicha orden sigue en trámites administrativos. Mientras tanto, familias como las de Heriberto o Antonio se han quedado en la calle y han tenido que pagar 560 euros por el impuesto de plusvalía para poder tener acceso a cualquier tipo de ayuda social. Lamentablemente, la medida anunciada por el Ayuntamiento no tendrá carácter retroactivo (sólo afectará a quienes aún no han pagado), como reclama justamente la PAH, por lo que lo tendrán difícil para recuperar el dinero, pese a necesitarlo más que nadie.

El tercer caso particular que atendió al periódico fue el de María, especial para mí por cuanto he tomado varios cafés en la cafetería que regentaba hasta que, divorcio de por medio, se ha quedado en la calle. El recibo de la plusvalía se lo ha girado recientemente el Ayuntamiento, incluso después del compromiso público asumido por la alcaldesa. Son 2.400 euros y confía en no tener que pagar dada la promesa municipal existente, aunque, si no lo hace o no recurre judicialmente (gastos incluidos), puede quedarse sin la ayuda de inserción social mientras se tramita la nueva normativa.

Lo que pido al Ayuntamiento es la misma agilidad a la hora de aprobar la orden de subvenciones específicas para los desahuciados, que aún sigue en trámite, que la que tiene el departamento de recaudación del mismo Consistorio para girar los recibos con las plusvalías.

(Pdta): La plusvalía es un impuesto injusto y una gran fuente de ingresos municipal. Varias sentencias han comenzado a dar la razón a contribuyentes por presuponer una revalorización del suelo inexistente. Por ejemplo, una persona que compró un piso en el 2007 en Logroño si lo vendiera ahora pagaría por una revalorización del suelo urbano del 23,8% cuando, evidentemente, ese suelo vale hoy mucho menos. En los casos de desahucios, la injusticia es exponencial porque el afectado, además de perderlo todo, tiene que pagar la supuesta revalorización.

A la primera piedra asistió la entonces ministra Elena Espinosa. Luego nadie apareció para inaugurarlo

El precio de la luz y el engaño de los fijos de potencia, como al resto de ciudadanos, ha puesto contra las cuerdas a los regantes de todo el país después de inversiones, en muchos casos millonarias. Trabajando este tema en el periódico, me sorprendí la semana pasada al comprobar que el mayor regadío de La Rioja (nada más y nada menos que 6o millones de euros de inversión) sigue sin inaugurarse porque no hay político, ni del PP ni del PSOE, que pueda ni pretenda asomar por allí. Os dejo la historia que publicamos el lunes en Diario LA RIOJA porque no tiene desperdicio, con políticos al servicio de las grandes empresas y bancos buitres rapiñando presas, mientras una importante comunidad de agricultores se empufa en 20 millones de euros:

La Comunidad de Regantes del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla se sobrepone aún del impacto que la obra del mayor y más moderno regadío de La Rioja tuvo en sus bolsillos. La infraestructura, que permitió la modernización de 9.017 hectáreas desde Haro a Santo Domingo (14 municipios) con la constitución de una comunidad de 4.200 regantes, ha sido un continuo quebradero de cabeza.

La constructora española Sacyr es hoy actualidad por los problemas y retrasos en las obras del Canal de Panamá y los regantes riojanos sufrieron en sus propias carnes las consecuencias de sobrecostes y retrasos de una obra que se adjudicó en diciembre del 2004 por 45 millones de euros, con un plazo de ejecución de 17 meses –lo que sirvió a la UTE formada por FCC y Aqualia para ganar el concurso–, pero que finalmente costó casi 60 millones y se ejecutó en 58 meses.

Los regantes asumieron un crédito de 20 millones de euros con Banesto –pagaron el 33% de la obra y el Ministerio y fondos europeos, el restante 67%–, por lo que los retrasos en la ejecución supusieron muchos miles de euros en intereses a los agricultores, junto con sobrecostes injustificados: «Seiasa, la sociedad del Ministerio que hizo las obras, se desentendió de nosotros y únicamente la Consejería de Agricultura riojana, que nos financió préstamos para hacer frente a los intereses y nos asesoró legalmente, han hecho algo para que este regadío salga adelante», explica Borja García-Baquero, presidente de la comunidad. «Hubo modificados de obra por trabajos que no existieron y retrasos injustificados, hasta el punto de que estuvimos a punto de abandonar las obras, pero teníamos que afrontar, sí o sí, el crédito de 20 millones, así que no había otro remedio que acabar».

Los regantes llevaron a juicio al Ministerio –David contra Goliat– y lograron una sentencia parcialmente favorable que rebajó en 3 millones de euros el sobrecoste de 13 millones. El Ministerio adeuda aún un millón de euros a la comunidad de regantes porque ha recurrido la sentencia: «El conflicto con Seiasa fue con el Gobierno del PSOE –explica García-Baquero–, pero cuando llegó el PP al poder el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se desentendió igualmente pese a todo lo dicho cuando era oposición y ha recurrido ante el Supremo la sentencia, con lo que aún no han desbloqueado el millón de euros que nos deben».

De hecho, la gran obra del regadío riojana, modélica por la aplicación de últimas tecnologías –en breve los agricultores podrán regar sentados en su sofá con su teléfono móvil– no ha sido inaugurada por ningún ministro: «Elena Espinosa [PSOE] puso la primera piedra en el 2005, pero nadie se atreve a venir por aquí porque saben que engordaron los presupuestos para favorecer a las constructoras y que los retrasos, que a nosotros nos costaban miles de euros en intereses, no tenían justificación». «Únicamente Íñigo Nagore –continúa el presidente de los regantes– nos ha apoyado, tanto cuando el Gobierno era del PSOE como del PP, y su ayuda ha sido clave para poder terminar esta obra y no arruinarnos».

Banesto y los ‘swap’
Las cosas se complicaron aún más cuando Banesto, la entidad con la que tenían los préstamos la comunidad de regantes, cambió las condiciones de varios contratos y los convirtió en ‘swaps’ (productos financieros de derivados) que ‘colocó’ a los agricultores de mala fe: «Si algo sale mal, puede salir aún peor», recuerda Borja García-Baquero. «Nos engañaron y nos encontramos con que los intereses se nos multiplicaban de forma exponencial cuando en teoría nos habían protegido para lo contrario». La Justicia, en primera y segunda instancia, condenó al banco a devolver a los regantes 885.396 euros, pero éste ha llevado el caso al Supremo pese a la contundencia sobre la «mala fe» existente y que dejan claras las dos sentencias favorables a la comunidad.

Ahora, los regantes del Najerilla afrontan un nuevo problema: el ‘tarifazo’ eléctrico. «El agua la movemos con electricidad –explica García-Baquero– y ésta representa ya el 40% del total del coste de riego».

La burbuja, que entonces comenzaba a inflarse, acabó explotando diez años después. Bemo Servicios, que ha convocado para el día 20 de marzo una subasta en la que saca todo su patrimonio por unos 25 millones de euros de La Rioja (su participación en Bodegas Altanza incluida), Valladolid, Zaragoza y Mallorca, fue en su momento una de las tres grandes inmobiliarias riojanas.

Urbanizadora XXI de Luis Ilarraza y Proconsol, de José Luis Lázaro, fueron socios en muchos negocios y, de hecho, arrastraron en varios proyectos, dentro y fuera de España, a otros empresarios riojanos. Bemo Servicios, con el apoyo económico de la orden religiosa de los jesuitas, fue por su cuenta y centró su expansión en Zaragoza y Valladolid, aunque también participó en algún proyecto fallido en Cantabria.

La urbanización del solar de los pimientos, los residenciales San Adrián y El Avión fueron algunas de las promociones de éxito de Bemo en Logroño, mientras que las viviendas de Toyo Ito en Pradoviejo (ejecutadas por La Caixa) y el Residencial Electra (Ibercaja) sus principales fiascos locales.

Decenas de promotores pequeños y medianos (alguno de ellos llegó a Logroño con un coche, un teléfono y una maleta para levantar un pequeño ‘imperio’ local) han desaparecido conel estallido de la burbuja y los grandes llevan el mismo camino: El Banco Popular, que obligó a Ilarraza a vender Bodegas Darien para reducir deudas, sujeta aún a Urbanizadora XXI con alfileres dado que una quiebra total supondría un serio agujero en su balance; Proconsol saltó por los aires, comenzando por su faraónicas bodegas, mientras que Bemo se une ahora a la listas de cadáveres de la burbuja inmobiliaria, que se lleva por delante a grandes y pequeños en un sector en el que sólo resisten, o resistirán, los escasos propietarios de suelo anterior a aquella increíble mentira especulativa que ha dejado al país hecho unos zorros.

Luis Ayúcar, fotografiado por mi compañero Juan Marín acudiendo al juzgado

Luis Ayúcar, con un aspecto inmejorable a sus casi 60 años, dio carpetazo el fiasco de proceso judicial del fraude del viñedo con un “sí, acepto”. Fueron las únicas palabras que salieron de su boca en estos 14 años al aceptar una irrisoria condena: 1.080 euros de multa, que le servirán para conmutar la pena de 24 meses de cárcel, y una indemnización por las estafas de 219.000 euros, que de forma subsidiaria recaé en la Comunidad Autónoma y que pagaremos en gran parte todos los contribuyentes por su situación de insolvencia, ya que de los supuestos más de 100 millones de pesetas que se embolsó, o se repartió con sus cómplices, nada más se supo.

La sentencia que está redactando la juez de la Audiencia, basada en el pacto promovido por el fiscal con acusaciones y acusados –sin responsabilizar de ella a las instancias judiciales que, evidentemente, están condicionadas por las dilaciones indebidas cuando han pasado 14 años desde que se inició el procedimiento-, es aún más fraudulenta que las propias estafas.

Primero, porque nunca se sabrá si fueron cien hectáreas o miles las que creó el funcionario en un proceso de regularización histórico que Ayúcar, como responsable del registro de Viñedo, manejó a su antojo.

Segundo, porque la multa es una broma (1.000 euros), más cuando enfrentaba una condena de 11 años de prisión.

Tercero, porque seremos los contribuyentes los que pagaremos (el seguro de la CCAA no cubre delitos penales) gran parte de la indemnización a bodegas y particulares que pagaban derechos de plantación mucho más baratos que a cómo estaban en el mercado. Es decir, que sabían que lo que compraban era de dudosa procedencia por cuanto nadie da duros a cuatro (a dos en este caso) pesetas.

Cuarto, porque el funcionario fue expedientado (suspendido de empleo aunque tengo mis dudas de si también de sueldo), pero, tras alegar depresión, consiguió la jubilación en el 2003 y, por tanto, la pensión que buscaba sin apenas, o nula, oposición administrativa.

Quinto, porque el proceso estuvo viciado desde el principio. El PP agrupó en un mismo abogado quince acusaciones particulares que nada tenían que ver con el caso, lo que multiplica por quince las posibilidades de dilación de un proceso tan farragoso como éste (quien recursos, quince peticiones de prueba adicionales…) y, al final, consiguió su objetivo.

Sexto, porque la negociación del fiscal con las partes estuvo protegida por un pacto de silencio entre los abogados de forma que, de no ser por Diario LA RIOJA, hubiera permanecido oculto.

Séptimo, porque hace al menos cinco o seis años el abogado de Luis Ayúcar ya me dejó claro que nunca iba a decir una palabra y que no iba a pisar la cárcel. A los condenados, al Gobierno regional, a la Justicia… (en este caso por las dificultades técnicas y económicas de poner en marcha un macrojuicio con tantos acusados, acusaciones y testigos con la amenaza de sobreseimiento por las dilaciones o incluso prescripciones) les interesaba esta solución y así se la han cocinado.

Una solución, no obstante, que impide saber quiénes colaboraban (¿otros funcionarios y políticos?), o hacían la vista gorda a lo que descaradamente estaba sucediendo en el registro de Viñedo. La UAGR y el PSOE se personaron rápidamente como acusaciones particulares, pero según avanzaba el proceso se retiraron. Una vez más, el PSOE -más ocupado en afilar sus puñales para los ‘asesinatos domésticos’- hizo omisión de su deber opositor. Si hubiera mantenido la acusación particular hubiera habido juicio por inconformidad de una de las partes y Ayúcar, y el resto de condenados, hubieran tenido que declarar ante la juez. Probablemente, la sentencia cambiaría poco, pero seguro que alguno de los doce condenados hubiera levantado la alfombra.

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, y otros miembros del PP apuntaron en sus declaraciones tras la vista a que era un fraude que se encontraron cuando llegaron al Gobierno en 1995. Pero no es cierto. El fraude comenzó en 1996 cuando empieza a dispararse el precio de los derechos y se abren las regularizaciones históricas. Fue en 1997 cuando el PP asciende a Ayúcar a responsable de Viñedo. Misteriosamente, un mes y medio antes de poner el caso en conocimiento del Fiscal (por la presión de Diario LA RIOJA, en enero del año 2000), la Consejería de Agricultura (PP) había ‘castigado’ al funcionario cesándole fulminantemente y enviándolo al laboratorio de La Grajera.

En España, como bien sabemos, no dimite ni dios y tampoco tiene intención de hacerlo el secretario general del PSOE nacional, Alfredo Pérez Rubalcaba. Diario Público aporta su granito de arena al debate de la renovación socialista con la propuesta de cinco caras y perfiles jóvenes con capacidad y posibilidades, entre ellos César Luena, secretario general del PSOE riojano. Eduardo Madina (conocido por todos), Emiliano García-Page (secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha), Susana Díaz (mano derecha de Griñán en Andalucía) y Patricia Hernández (senadora canaria y ‘chaconista’ confesa) son las otras caras alternativas que plantea Público, casi los mismos que en su momento apuntaba en una similar quiniela del diario El País.

El caso es que el ‘chico de oro’ -así bautizado de ‘rebote’ por nuestro amigo Teri Sáenz en Chucherías y Quincalla- cuenta en esta carrera de imagen en Madrid con la colaboración del actual presidente del PSOE riojano y ex senador, José Ignacio Pérez Sáenz, quien en su momento también fue un valor al alza como joven presidente riojano.

José Ignacio Pérez ‘acabó’ su proyección nacional con las dos derrotas electorales ante Pedro Sanz en La Rioja y, para cuando llegó al Senado, lo hizo con la etiqueta de ex presidente ‘retirado’. La pregunta qué nos hacemos ahora es cómo dirigirá Nacho Pérez la carrera de su ‘protegido’.

En estos momentos, plantearse disputar unas elecciones en el2015 frente a Pedro Sanz es poco más o menos que un suicidio. ¿Permitirá José Ignacio Pérez vuelva a estrellarse con la misma ‘piedra’ con la que tropezó el mismo? ¿Dejará Luena el marrón del 2015 a un compañero/a y seguirá haciendo carrera política en Madrid ante la renovación que retrasa Rubalcaba?

Este cocinero, corto de miras, pensaba en su momento que Luena venía para postularse como candidato a las autonómicas desde la secretaría general, pero he de reconocer que un confidente habitual de la ensalada, ‘perro viejo’ o al menos mucho mejor conocedor de la política que el que escribe, le advirtió hace meses que Luena no tiene un pelo de tonto y que no se comería ese marrón. Hoy me quito el sombrero ante este amigo ‘perro viejo’.

El caso es que argumentábamos que no estaba siendo tan ‘sosegada’ dicha aplicación como parecía y ahí enmarcamos la despedida del ex director general de Cultura del Gobierno de La Rioja Javier García Turza, que, con su escueta comunicación de dimisión al frente del departamento de Ciencias Humanas, aludía a las “discrepancias” por la aplicación del decreto Wert en la universidad riojana.

Como no podía ser de otra forma, este cocinero aplaude las decisiones valientes, como la García Turza, aunque confieso que me ha sorprendido la escasa generación de comentarios que ha provocado el post, y máxime cuando una habitual comensal de la ensalada como Lina nos comentaba que su hijo ha tenido que dejar de estudiar porque no podía afrontar un pago de matrícula de 3.000 euros. Así las cosas, quiero presuponer que estas verduritas letradas no llega a determinados círculos educativos, porque lo que no quiero pensar que realmente estamos tan dormidos o ‘atontados’ como parece.

En cualquier caso, tenemos una nueva noticia sobre el tema. El pasado 15 de octubre el Departamento de Agricultura y Alimentación, uno de los más prestigiosos de la Universidad, convocó un proceso para seleccionar candidaturas para director del departamento. El resultado ha sido que no se ha presentado ningún aspirante, lo que nos hacer pensar, más bien confirmar, que el decreto Wert no está pasando efectivamente tan desapercibido como parece en la Universidad riojana.

Si recordáis, algo similar le sucedió a la Consejería de Educación a la hora de recibir solicitudes para ocupar las plazas de director de centros escolares el año pasado y hoy en día la escuela pública está inmersa en el proceso de movilizaciones que todos conocemos, pese a que el consejero de Educación, Gonzalo Capellán, lo sigue obviando.

El soterramiento no es un proyecto único de Logroño –Girona, Valladolid, Gijón, Granada, León, Palencia, Murcia, Ourense, Almería, Alicante y Zaragoza– son ciudades que, también, en diferentes estados de ejecución, apostaron por integrar de forma subterránea la estación de trenes- y, si algo ha dejado claro el Ministerio de Fomento, es que ya no hay dinero vía presupuestaria para estas obras con la presentación del Pitvi. En el caso de Girona, incluso, el Ayuntamiento baraja denunciar al Ministerio de Fomento.

Dada la magnitud de los presupuestos para realizar estas obras, y al calor del irreal mercado inmobiliario, se crearon públicas participadas por las tres administraciones para recurrir a los bancos y, a crédito, financiar los soterramiento y/o la llegada de la alta velocidad a las capitales de provincia. No voy a desmentir, ni mucho menos, las palabras de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, del consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos, ni del secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, pero sí conviene ver cómo están las cosas en Valladolid.

La Sociedad Alta Velocidad de Valladolid (similar a Logroño Integración del Ferrocarril) afrontará en el año 2013 la primera de las facturas por la devolución del préstamo de 400 millones de euros y asciende a 65 millones, 46 por amortización y 19 millones en intereses. En Logroño, el préstamo, de 220 millones, hay que comenzar a devolverlo en el 2014 y, desde luego, no veo que la subasta de parcelas inmobiliarias en superficie como la que estaba prevista -salvo a lo mejor alguna comercial para el siempre esperado Corte Inglés, que lo dudo- vaya a contar con muchos aspirantes ni éste ni el año próximo.

El caso es que el alcalde de Valladolid, León de la Riba, ya ha decidido “no poner fecha al soterramiento” -inicialmente la fase IIde la ciudad castellana-, mientras que aquí no sólo confiamos en ‘librar’ la fase I sin pagar, sino que la fase IIy III siguen en tramitación.

Pintaban, y pintan, bastos en la UR ante una ‘revolución’ que no ha hecho más que comenzar y que significa, entre otras cosas, el incremento de tasas, la revisión de la dedicación del profesorado, la limitación de la incorporación de nuevo personal y el principio de estabilidad presupuestaria, lo que pone en el punto de mira a aquellas universidades pequeñas que no han conseguido una auténtica especialización como la riojana.

Las hay, universidades, en huelga como la de Barcelona, y las hay que, ante la contundencia del decreto y para minimizar el número de despidos, han decidido reducir estructuras e incluso facultades para intentar adaptarse y evitar males mayores, como la de Alcalá. Los hay, rectores, como el de la Universidad Complutense, que dicen las cosas cómo son y que no le duelen prendas al advertir de que este modelo, inspirado en el americano, acabará provocando la exclusión social.

Y las hay, universidades y rectores, como la de La Rioja, que no dicen nada y siguen con resignación cristiana el decreto Wert.

Pese a los movimientos iniciales, incluso con amenazas de movilizaciones de sindicatos y representantes de los trabajadores por los ajustes ante presumibles despidos, reordenación de ‘créditos’ y de horas lectivas -y por supuesto recolocaciones de los habituales supervivientes-, nada más se supo del decreto Wert en la UR.

Calma ‘chicha’ se podría suponer, pero nada más lejos de la realidad. Llega a oídos de este cocinero que el que fue director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Javier García Turza, se ha dado el ‘piro’ y ha dimitido como director del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad. Turza se ha despedido con unas escuetas líneas en las que manifiesta su desacuerdo con la aplicación del denominado decreto Wert en la UR y en la ensalada nos preguntamos cómo está la ‘cosita’ si son hasta los ‘suyos’ (del PP) se van ante el plan de ajuste del ministro.

Pese a ello, en nuestra universidad, oficialmente, los despidos se llaman ‘ajustes’ o ‘no renovaciones’ y el silencio, de unos y otros, haría pensar a primera vista que los universitarios riojanos no pagarán más por las matrículas y que tampoco se verá mermada la calidad ni el número del profesorado, como sostiene el mismísimo Wert.

Lo cierto es que no tiene mucha lógica la resolución ministerial que deniega la inscripción -y más con las declaraciones del propio Isasi que se resumen en el título del post-, ya que, como bien sostiene Miguel González de Legarra, la única acción en 20 años de ese amago de partido ‘fantasma’ ha sido la de oponerse al registro de la marca de los regionalistas.

El caso es que, siete meses después de cambiar de siglas, el Partido Riojano vuelve a ser el PR porque cualquiera se arriesga a reclamar la inscripción en los tribunales y a esperar dos años una sentencia que te puede dejar en vísperas de elecciones sin la marca con la que pretendes participar.

Los regionalistas darán marcha atrás este sábado, lo que, según cuentan algunas voces internas a este cocinero que nunca vieron con buenos ojos un cambio de marca por la fusión con Ciudadanos de Logroño, es más positivo que negativo.

El ‘joder’ de Isasi tiene consecuencias económicas, aunque sólo sea por el cambio de imagen e iconografías -aunque como bien apunta un amigo periodista al menos los caramelos de las ruedas de prensa volverán a estar en sintonía con la marca del partido-, pero lo que queda por ver, y eso es lo más importante, es el efecto real que tiene la llegada del ex alcalde de Logroño Julio Revuelta a las filas del PR, después de comprobar que el ‘filtreo’ previo preelectoral no tuvo ni mucho menos un resultado positivo en apoyo ciudadano y de que, pese a ser respaldado en el Congreso de marzo su nombramiento como secretario general, su reconversión regionalista no termina de despejar todos los recelos.  

 (*) Pdta: La imagen está sacada de la web de Neftalí Isasi. Es una viñeta de El Correo de marzo de 1992 y aparece el ex diputado con una baraja del PP y ¿otra? en el cinturón de UPR. Como sabéis, el origen de UPR no está muy claro: según el ex diputado lo registró entonces para evitar que corrientes secesionistas del PP de entonces utilizaran las siglas (siguiendo el modelo UPN), pero, según otras fuentes del PP, Isasi amenazó a su partido con fundar UPR si le sacaban de las listas al Congreso.