La juez, en su sentencia, insiste en que no entra a valorar los métodos pedagógicos utilizados por la exdirectora del centro y dos empleadas, que ellas mismas en el juicio llegaron a reconocer como “mecanismos de corrección”, pero que no encuentra base suficiente en unos testimonios por existir otros contradictorios como para justificar una condena por maltrato.

Lo que sí me sorprende son las valoraciones que ayer hizo la alcaldesa de Logroño proclamando a los cuatro vientos que “nada queda probado porque nada ocurrió”. Supongo que la alcaldesa tendrá información propia de primera mano para justificar tal afirmación porque, desde luego, los indicios de que el trato a los niños en la Casa Cuna no era ni mucho menos el correcto llevaron a la Policía a enviar al juzgado un atestado con un presunto delito de violencia habitual tipificado y, posteriormente, a la Fiscalía a formalizar la acusación.

Había indicios y, aunque según la juez no ha hallado evidencias, me parece tener la piel demasiado fina pretender aparecer como víctima colateral de un supuesto linchamiento al afirmar que ha habido comportamientos “indecentes y miserables” por dar pábulo, insisto, a la Policía y a la Fiscalía, y asegurar al mismo tiempo que todo fue una supuesta trama urdida por unas extrabajadoras.

Conozco padres que han sufrido, que declararon en el juicio -desde luego no se inventaron los comportamientos ni las palabras que dijeron sus hijos cuando les preguntaron sobre la guardería- y que a mí al menos me merecen el mismo respeto que los padres que estaban convencidos de la inocencia de las acusadas. También conozco una veintena de progenitores que se dieron de baja de la Casa Cuna antes de comenzar el curso al considerar que el Ayuntamiento se había esforzado más en proteger a Eulen que a sus niños y que creo se merecen igualmente la consideración de la alcaldesa de todos los logroñeses.

Sobre la trabajadora y principal testigo de la acusación, lo que puedo decir es que rechazó en varias ocasiones una entrevista con el periódico para describir lo hechos ahora no probados, con lo que pudo hacer bastante más ruido del que hizo si ésa era su única pretensión. Fueron los padres a los que aconsejó que no llevasen a sus hijos a la Casa Cuna en la segunda etapa (de 18 a 36 meses) los que animaron a la monitora a ir al Ayuntamiento a denunciar la situación y, ante la falta de sensibilidad encontrada, a acudir a la Policía. Todo ello, sin que la monitora, por miedo o temor a las consecuencias, tuviera inicialmente intención alguna de ir por su propia cuenta, consciente  de que efectivamente la Casa Cuna no era el Orfanato, pero crítica con las políticas y prácticas educativas que veía.

La extrabajadora mantuvo su testimonio ante la Policía, la Fiscalía y, finalmente, ante la juez. Yo he pasado por un tribunal para defenderme de una falsa acusación de la familia de la exvicepresidenta del Gobierno y, personalmente y respetando por supuesto la sentencia, dudo mucho que nadie tenga la sangre fría de aguantar un testimonio falso ante todas estas instancias oficiales.

En el debate en el que nunca ha querido entrar el Ayuntamiento es si las contratas, con ofertas económicas muy ventajosas, salen finalmente caras cuando del cuidado de niños se trata. Dice ahora Cuca Gamarra que ya se vela por las condiciones laborales de las subcontratas en los pliegos de adjudicación y lo celebro, pero a lo mejor es por casos como éste por lo que se han cambiado la condiciones de los concursos.

Como conclusión, lo que pienso es que para gobernar una ciudad, aunque sea con una supermayoría absoluta y con un único grupo en la oposición destrozado en una cruenta guerra interna, hay que tener la piel más gruesa.

La sentencia confirma un fallo previo del juzgado de lo penal número 9 de Zaragoza, que condena también a Manuel Muñoz Escolano, propietario de la empresa Intagro Nuevos Regadíos, a la pena de un año y nueve meses de cárcel y una multa de 507.158,82 euros con una responsabilidad subsidiaria de cinco meses añadidos en caso de insolvencia. A priori, ambos condenados, a los que se aplica una pena de cárcel menor por dilaciones indebidas, eludirían su entrada en prisión si hacen frente a las multas.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando Intagro Nuevos Regadíos presentó una factura emitida por otra sociedad, Acretopus (propiedad de Proconsol), por importe de 1,10 millones de euros con un IVA de 176.403,07 euros. Ambas firmas colaboraban en el desarrollo de un parque empresarial en la localidad de Fuentes de Ebro (Zaragoza) y la sentencia cifra en 507.158,82 euros el quebranto contra la Hacienda pública por deducción en la cuota del Impuesto de Sociedades y del IVA que se dedujo la empresa de la familia Lazaro con la emisión de una factura falsa, cantidad que, al margen de las multas y junto con los intereses legales, deben devolver también a Hacienda las empresas utilizadas en el fraude como responsabilidad subsidiaria.

El concepto de la factura cargada por Acretopus (Proconsol) a Intagro Regadíos era ‘Honorarios por gestión y asistencia técnica en distintos proyectos urbanísticos’ y el juez de primera instancia, y luego la propia Audiencia Provincial, consideran que nunca se llegaron a realizar esos trabajos, por lo que la factura fue una maniobra contable para reducir la base imponible del Impuesto de Sociedades y la declaración de IVA.

Un trabajo ficticio
En este sentido, la Audiencia destaca que, pese a no haber una «prueba directa» del fraude –por lo que los condenados pedían su absolución–, existían indicios suficientes como para llegar a dicha conclusión. Entre ellos, la sentencia recuerda que «la mercantil Intagro Nuevos Regadíos carece de la documentación de los gastos deducidos fiscalmente: ni figura contrato (sólo un borrador) ni concreción de los trabajos ni directrices ni valoraciones de los mismos».

Asimismo, los jueces ponen de manifiesto que «no se ha presentando documentación acreditativa de los trabajos facturados por Acretopus y ésta carece además de personal para realizarlos, sin que se haya acreditado tampoco que fuese el personal de Proconsol el que realizó los servicios».

Igualmente, la sentencia apunta la «connivencia entre los acusados, José Luis Lázaro Pérez, que dirigía el grupo Proconsol, y Manuel Muñoz, responsable de Intagro, después de que ambos colaboraran en el proyecto emprendido en el parque empresarial en Fuentes de Ebro».
Así las cosas, la sentencia considera que «los servicios abonados a Acretopus por Intagro –concluyen los jueces– eran ficticios y por tanto la factura girada era fraudulenta; en definitiva un medio para obtener una minoración en la tributación de Intagro con el consiguiente perjuicio para la Hacienda pública».

Dicho perjuicio lo cuantifica la sentencia en 330.909,62 euros que dejó de ingresar Intagro en el impuesto de sociedades y en 176.403,07 euros que se dedujo de IVA indebidamente. En total, el perjuicio para el erario público fue de 507.158,82 euros, que las empresas deberán también reparar.

La familia Lázaro fundó una de las grandes inmobiliarias de La Rioja (Proconsol) y construyó dos colosales bodegas en Rioja (Antión, en Elciego) e Irius (Somontano), que hoy se encuentran en concurso de acreedores o liquidación.

(*) Noticia publicada el pasado lunes en Diario LA RIOJA

No sé a qué padres se refiere porque lo cierto es que el grupo de progenitores que denunció el caso no sigue en la guardería, precisamente, porque el Ayuntamiento no estuvo con ellos. Sus hijos acudían todos los días ala Casa Cuna bajo la tutela de la monitora cuyo testimonio basa el atestado policial y el reciente auto del juez en el que de veracidad a los testimonios de supuestos castigos inapropiados, encierros, insultos e incluso agresiones físicas a los críos, con la imputación de la hasta hace poco directora del centro educativo y dos profesoras.

La monitoria advirtió en agosto a los padres de que estaba pasando en la Casa Cuna (falta de personal, medios y profesionales desbordadas) y que tuvieran cuidado si pasaban a sus hijos al piso de arriba (para los mayores de 18 meses). Estos padres pidieron amparo al Ayuntamiento e incluso la monitora, acompañada de una segunda que también corroboraba su versión, fue voluntariamente a declarar lo que estaba pasando, pero la concejala de Bienestar Social, Paloma Corres , aceptó las explicaciones de Eulen en lugar de las ex trabajadoras.

De hecho, la investigación propia que anunció el Ayuntamiento adolece de rigor y, por ejemplo, incluyó la supuesta declaración de las dos monitoras sin firmar porque ni tan siquiera se les tomó testimonio formalmente: simplemente se las escuchó y se miró para otro lado.

La Policía, sin embargo, sí dio autenticidad a los testimonios y comenzó a llamar a otros padres cuyos hijos ya habían pasado por el piso de arriba (más de 18 meses). Los instructores del caso apreciaron comportamientos extraños (miedos) en los niños que relacionan con los supuestos gritos, insultos y castigos. Fue sólo entonces, con el atestado policial en la mano, cuando el Ayuntamiento solicitó a Eulen apartar a la actual directora ahora imputada por un delito contra la integridad moral de los pequeños y decidió abrir un expediente sancionador que está ahora mismo en suspenso pendiente de las decisiones del juez.

La realidad es que la investigación la iniciaron los padres, la siguió la Policía y fue Diario LA RIOJA quien sacó a la luz pública un expediente anterior y denuncias previas por una deficiente gestión de Eulen: un niño había agredido a otra niña causándole graves daños por la ausencia de su puesto de trabajo de una monitoria en el año 2012, una mujer denunció desde el hotel Ciudad de Logroño un pequeño episodio de maltrato a un niño en el patio de la Casa Cuna y una educadora, que se despidió después de una sola mañana de trabajo en la guardería, ya había advertido al Ayuntamiento de deficientes métodos y medios.

Es cierto, como recordó ayer el PP, que el pliego de adjudicación de las guarderías lo confeccionaron y resolvieron el PSOE y el PR+ desde el anterior gobierno municipal, con lo que el tema debería servir para preguntarnos si estos grandes contratistas de servicios públicos, como es la educación y el cuidado de los niños, son los idóneos por mucho que mejoren las ofertas económicas. Pero, en cualquier caso, las obligaciones se heredan y es responsabilidad del actual Ayuntamiento de Logroño comprobar lo que ofertan en los pliegos de adjudicación se corresponde con la realidad.

A este cocinero le hace mucha ilusión la participación de los usuarios y quiero aprovechar estas líneas (y va sin coña) para agradecer, y confirmar, que el mismísimo presidente de La Rioja, Pedro Sanz, está entre nuestros lectores.

Comentábamos en el post anterior que la veterana periodista madrileña Curri Valenzuela se arriesgaba a amortizar al jefe del Ejecutivo riojano y a sus dos compañeros de la ‘época Aznar’ que siguen gobernando las regiones de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Todo ello dentro del escenario del nuevo PP que Mariano Rajoy está supuestamente dibujando y cuyos primeros trazos gruesos supusieron la ‘amortización’ de Esperanza Aguirre.

Ante tales arriesgadas aventuras, que Curri publicaba el pasado domingo en ABC, pedíamos a Sanz que nos aclarase, como ya hizo en una ocasión si recordáis a propósito de las quinielas sobre su nuevo gobierno, qué es lo que realmente está pasando por su cabeza y cuál es su papel real dentro de ese nuevo PP.

Pues bien. Ya tenemos respuesta, y aunque el presidente recuerda al cocinero que el comentario es a nivel personal, no puedo por menos que compartir con vosotros, los auténticos cocineros de la ensalada, el espíritu de su respuesta. En resumidas cuentas, la ensalada a la riojana parece que no marida demasiado bien con el ‘curry’, así que el presidente riojano nos aconseja que utilicemos ingredientes más propios de la tierra.

Gracias presidente Sanz por atender nuestras demandas y sacarnos de dudas por segunda vez. Nos gusta seguir alineando la ensalada sabiendo que usted es una de las personas que degusta habitualmente nuestras verduritas letradas.

Sólo podemos ir de oídas en la ensalada (Madrid y Génova nos pilla muy lejos), pero , además de las versiones ‘más o menos oficiales’ sobre su marcha, la publicación diarioelaguijon.com tiene la suya propia y, aunque supongo que varios de vosotros ya la conoceréis, no deja de ser interesante la teoría, al menos para quienes nos gusta escuchar lo que pasa en las cocinas… Aquí va un extracto:

“Esperanza Aguirre no dimitió por motivos personales, ni el cáncer que padece desde hace tiempo tiene nada que ver en esa decisión. La verdad es completamente diferente a la contada oficialmente por la lideresa madrileña y por el Partido Popular. Rajoy obligó a Esperanza Aguirre a dimitir, tras mantener durante al menos dos semanas un enfrentamiento frontal a causa de la implantación de Eurovegas en Madrid.

La discusión a gritos del martes 4 de septiembre. Todo comienza el pasado martes 4 de septiembre cuando la presidenta madrileña acudió a una reunión con Mariano Rajoy en el despacho que este tiene en la sede de Génova. Según confirman a El Aguijón cinco personas que trabajaban ese día en Génova, ambos mantuvieron una fortísima discusión a gritos en el despacho de Rajoy, que algunos de los que la escucharon señalan “que jamás se había oído nada semejante y hasta se escuchó algún golpe”, que se podría haber producido por la caída de algún objeto al suelo durante la discusión y por golpes en la mesa. La bronca que duró alrededor de unos 40 minutos finalizó con una airada Esperanza Aguirre que abandonó el despacho notablemente enfadada. Todos ellos afirman que la discusión estaba centrada en torno a Eurovegas y que Rajoy la reprochaba que tomara decisiones sin consultar a nadie sobre temas en los que no tiene competencia.

Cospedal interviene ante Rajoy. La discusión se originó, según nos confirman las fuentes de Génova, por la queja unos días antes de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal a Rajoy por los acuerdos unilaterales que Esperanza Aguirre habría alcanzado con el grupo de Adelson para la ubicación de Eurovegas en Alcorcón. De estos acuerdos no habría informado ni al partido ni al Presidente del Gobierno. Entre esos pactos, estaría el acuerdo verbal de la presidenta madrileña de permitir fumar en los establecimientos y de un sistema fiscal “singular” y normas laborales específicas para Eurovegas, algo para lo que Aguirre no tiene competencias y que forzaría a Rajoy a tener que cambiar leyes nacionales…

Más información. http://www.diarioelaguijon.com/

(Pdta). Si seguís las informaciones de El Aguijón, veréis que en medio de la ‘trama’ aparece un viejo conocido del PP riojano, valedor de Pedro Sanz y, en su día, de José María Aznar: Álvaro Lapuerta. Una curiosidad, simplemente)

A nadie se le escapa que Bankia, antes y después de la nacionalización, es uno de los gigantes nacionales y que el peso que Caja Rioja tenía dentro del SIP (la fusión de las siete entidades) era muy limitado: en concreto del 1,34%. Con este contexto de partida, Jorge Albájar, director general de Caja Rioja, se esforzó en la rueda de prensa después de la asamblea general celebrada el pasado sábado en intentar ofrecer las máximas garantías para clientes, trabajadores y accionistas. El problema es que, sin negar que al menos en algún caso las haya, no es Caja Rioja quien puede darlas.

1. Clientes: Efectivamente, tras la nacionalización los depósitos de los ahorradores están más seguros que nunca. En palabras de Albájar, los impositores son los más beneficiados del SIP, pero está claro que no están protegidos por Caja Rioja, sino por la inyección estatal de liquidez a toda Bankia.

2. Trabajadores y oficinas: Según el director general de Caja Rioja una red rural tan amplia (más de 100 oficinas) en un valor, y más en los tiempos que corren, por lo que no veía peligro para las oficinas rurales ni para los trabajadores. El problema es que Caja Rioja, una vez fuera del negocio financiero, no puede garantizar nada y, como decíamos al principio, la red de sucursales riojanas, ahora de BFA-Bankia, supone el 1,34% del negocio. Presupongo que Bankia deberá presentar un plan de viabilidad a cambio de la superinyección de liquidez y dudo mucho que no haya ‘sacrificios’ en esa red rural que tiene por toda España. Es decir, que ni la red de oficinas ni los trabajadores están seguros por mucho que Bankia tenga una dirección regional (La Rioja, Aragón, País Vasco y Navarra en Logroño), ya que habrá ajustes en breve, y, probablemente, muy duros, con lo que perderán, por supuestos, los trabajadores, pero también los riojanos, especialmente los mayores, que verán desaparecer las entidades de toda la vida que tenían en sus pueblos.

3. Accionistas: me sorprendió que ni en la asamblea ni en la rueda de prensa hubiera disculpa alguna. Un director de oficina de Caixa Laitana había pedido disculpas en la junta general de Bankia un día antes por lo que todo el mundo sabe que se hizo: recomendar acciones de una entidad que, aun por desconocimiento por parte de aquel director y no dudo de que también de los de las oficinas de Caja Rioja, no tenía la solvencia que se decía. Muchos mayores, y no tan mayores, han invertido en acciones aconsejados por quienes les daban la confianza de muchos años de servicio que se han desplomado en picado comprometiéndose los recursos, o parte de ellos, que tenían guardados para su vejez. Como decía antes, eché en falta las disculpas, frente al discurso de Albájar: “estamos ahora en una buena posición para generar valor y si nuestras acciones han caído, también las de otras entidades”.

En resumidas cuentas, los dirigentes de Caja Rioja intentan ofrecer garantías a sus ex clientes, pero lo cierto es que las garantías, si es que las hay, no las puede prestar Caja Rioja, sino terceros y, por supuesto, sin el compromiso con la región que tuvo la entidad que fue de los riojanos y que ahora no sabemos de quién es.

Todavía se deben unas cuantas explicaciones, y también desde la esfera política que impulsó el SIP, es decir, del Gobierno riojano, que ahora esconde la cabeza, así como del ex presidente de la entidad, Fernando Beltrán, que lo fue durante muchos años en los que prosperó con su despacho de abogados, que acabó vendiendo a una multinacional, y del que nada más se supo.

Mi compañero Javier Campos, en el vecino e ilustrativo ‘Nanay de Logroño’ ha abierto un interesante debate sobre el Centro de la Cultura del Rioja, una magnífica infraestructura, y sobre las dificultades que tiene el Ayuntamiento para encontrar, y pagar con los recursos actuales, un contenido y una programación.

El CCR se planteó inicialmente por parte del ex alcalde de Logroño Julio Revuelta en La Grajera, en la zona sur de la ciudad, donde el grupo dominante de promotores y constructores estaba poniendo los huevos (parque digital y desarrollos residenciales). La mejor decisión que se tomó con el CCR fue devolverlo al Casco Antiguo, donde debía haberse planificado desde un inicio. Ahora bien, el también ex alcalde Tomás Santos asumió la ‘facturita’ del desarrollo arquitectónico que había encargado su predecesor de, nada más y nada menos, que dos millones de euros.

La Comunidad Autónoma contaba antes del delirio de despropósitos con el recinto ferial de Albelda para acoger determinadas ferias agroalimentarias, caso de Salical. El caso es que el Gobierno de La Rioja gastó un dinero importante en reformar aquel recinto ferial que, desde hace años, permanece cerrado a la vez que murió Salical, salvo para alguna cena anual del PP que suele reunir allí a sus alcaldes y simpatizantes.

Unos años después de aquella reforma, se construyó un Palacio de Congresos (Riojafórum), que desde su construcción está en continuas pérdidas, tanto por la programación cultural (que muy poco aportó a la del Teatro Bretón) como por la congresual. No hay congresos para 1.000 personas en Logroño (probablemente ya en apenas media docena de ciudades españolas) y el Riojafórum, además de caro para el promotor privado que pretenda alquilarlo, es hoy otro agujero para las arcas regionales.

La descoordinación entre la etapa de Revuelta (PP) en el Ayuntamiento y Pedro Sanz (PP) en el Gobierno, con un claro enfrentamiento que ya hemos tratado múltiples veces en esta ensalada, y que fue especialmente cruento entre el primer edil y la ex consejera de Urbanismo y Turismo, Aránzazu Vallejo, llevó a construir otra pomposo edificio de utilidad limitada para empresas tecnológicas: la Fombera.

Encargado a Alejandro Zahera pasó de costar la ya de por sí barbaridad de 13 millones de euros a 21 millones por los reformados y modificaciones. La Fombera fue otra de las consecuencias de la guerra política: mientras Julio Revuelta planificaba el parque digital al sur de la ciudad (que luego nunca vio la luz), el Gobierno duplicaba infraestructuras al este…

(Pdta): en la segunda parte, la bodega institucional, el año sábático, los centros del vino de las cabeceras de comarca, el espacio Lagares, la Casa de la Inquisición…, y lo que vayaís aportando vosotros. Saludos

Su último intento de ‘integrar’ las dos corrientes del PSOE riojano en la figura de Pilar Criado como portavoz del grupo municipal le ha salido ‘rana’. Lo curioso es que acaba de tropezar por segunda vez con la misma piedra: Inmaculada Ortega, antes de hacer pública su candidatura a la secretaría general de Logroño, propuso a César Luena una lista integradora encabezada por Criado. Luena dijo ‘no’ y la que era su apuesta integradora acabó arropando a la candidata ‘oficial’ de Victoria de Pablo.

La historia se repite y con las dos mismas protagonistas. Ortega volvió a confiar en Criado, amiga personal de la que será ahora su portavoz municipal, Concha Arribas, como alternativa integradora en ese intento de ‘tomar’ el grupo parlamentario sin ruido y con el placet del ‘aparato’. Lo que era un ‘sí’ inicial, incluso ‘vendido’ a la prensa, acabó siendo un ‘no’, que ha llevado a Inmaculada Ortega a ninguna parte o, lo que es lo mismo, al mismo punto de partida.

Lo que pasa es que, entre tanto, ha cabreado a buena parte de los ‘suyos’, que pedían una renovación que, por el momento, sigue sin asomar por ningún lado. Este cocinero se comprometió a hablar con Carlos Arriazu -a quien casi todos, oficialistas y críticos y ensalada incluida, colocábamos como número dos de Ortega- sobre lo que sucedió con la que casi hasta el final era su ‘mentora’ en la aventura por la agrupación de Logroño.

Arriazu mantiene el silencio -“dije en la asamblea que era un militante de base más y que lo iba a seguir siendo después de la misma”, es lo único que le he podido sacar-, aunque la propia Inmaculada Ortega me confirma que el compromiso era señalarle a él como la pieza importante del nuevo proyecto. La diputada dejó claro durante el proceso previo a la elección que el futuro no pasaba por ella ni pasa, por supuesto, por Concha Arribas y, si alguien sé mojó por ambas a las ‘duras’ fue Carlos Arriazu. 

Arriazu tiene 35 años, la mitad de su vida con carné del PSOE. Estuvo en las Juventudes Socialistas de Luena, Rodíguez Peña y Beatriz Arráiz, aunque, por historias que ahora no vienen a cuento (y que se repiten), nunca ha pasado de la militancia de base.

Inmaculada Ortega sostiene que el hecho de que Arriazu no esté en la dirección del PSOE logroñés es un malentendido, que era, y sigue siendo, su apuesta, aunque la impresión de este cocinero, y más con el guión seguido por la secretaria general, es que a Inmaculada Ortega le entró miedo.

Desde que Arriazu comenzó a patearse el año pasado las asambleas locales por su cuenta y riesgo en aquel primer proceso de configuración de listas para las pasadas elecciones del 20-N no ha tirado piedra que no caiga nuez. Conoce el partido, las debilidades de casi todos y dice las cosas como son, no como nadie pretende que sean.

El caso es que Inmaculada Ortega se ha quedado compuesta y sin ‘novio’. Con un grupo municipal en el Ayuntamiento ‘enrocado’, con una portavoz que ni ella misma cree ser la idónea y con un César Luena que ha ganado la primera batalla. La asamblea de Logroño no votó en contra de la gestión de Urquía por ‘templar gaitas’, pero dejó claro que el grupo municipal debía apartarse. El cerrajón actual solo puede entenderse como una advertencia del ‘aparato’ a Ortega.

El PSOE logroñés votó por un cambio y una renovación. Aunque al menos de momento no se ve, está claro que las futuras listas electorales no las integrarán las personas actuales del grupo municipal. Así que la Guerra de la Rosa continúa, aunque, al ritmo que se marchita, se va a quedar sin pétalos.

Pedro Sanz ha logrado que ni una sola palabra crítica traspase los muros de su sede de la calle Duquesade la Victoria. ‘Gobierna’ con ‘mano de hierro’ su partido y todo aquel que se mueve sin su permiso acaba en la ‘nevera’.

Podemos recordar ejemplos históricos y recientes de ‘congelaciones’, como la de Conrado Escobar, relevado de la secretaría general del partido por Carlos Cuevas hace diez años y apartado del Parlamento, cuando mostró su desencanto porque, como portavoz en la Cámara regional, debía romper (por orden de Sanz) unilateralmente el acuerdo de retribución de los parlamentarios al que había llegado personalmente con el PSOE y el PR. Escobar fue enviado al Ayuntamiento de Logroño a subsistir con el equipo de Julio Revuelta hasta su redención, en el 2008, con su nombramiento como consejero.

Poco vamos a escribir sobre el caso del propio Julio Revuelta que no hayamos contado ya, pero recuerdo alguno más. David Isasi, ex director de Agricultura, ex senador y ex diputado, se enfrentó públicamente con su tío, Neftalí Isasi, y ambos acabaron en el congelador.

El más reciente (aunque algunos siguen pensando que ‘fumo’ sustancias prohibidas) es el del vicepresidente del Gobierno, Emilio del Río, que aspiraba a hacer carrera en Madrid y Sanz la frenó en seco enviando al Congreso en las últimas elecciones a Conrado Escobar y dejando a Del Río viendo cómo era su compañero de Gobierno el que hacía las maletas y cómo él asumía el ‘marrón’ de Justicia.

No es de extrañar, con estos precedentes, que sus piezas más fieles de partido, como Carlos Cuevas o Ana Lourdes González, tengan fotos del presidente del PP en las mesas de sus despachos o que en varias ocasiones sus palabras sean una loa innecesaria hacia la figura de su líder. Pedro Sanz saldrá elegido presidente este fin de semana con el 98 o el 99% de los votos, pero la atención informativa, al menos de esta ensalada, será ver quienes salen promocionados y quienes no.

Y lo que pido es atención a un habitual cada vez más en esta ensalada y en los medios (no hay más que fijarse en las fotografías). Es una de las personas a las que Sanz ha encargado la ponencia política (la que importa) y no es otra que al consejero de Educación y Cultura, Gonzalo Capellán, que sigue ganando peso en el partido y en el Gobierno.

No hay sucesores a la vista porque Pedro Sanz no los tiene, pero Gonzalo Capellán va a ir asumiendo poder, y colocando sus piezas en diferentes instituciones como desde hace meses advertimos en esta ensaladita.

Con estos mimbres, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado una amnistía fiscal para los evasores de dinero negro, con el argumento de que si no se aflora la trampa habría que subir el IVA para todos. Pues yo me descojono (y no de risa) porque los propietarios de todo ese dinero sucio (o negro) podrán blanquearlo (como si procede del tráfico de drogas o de ‘blancas’) como si nada (abonando entre el 8 y el 10% de recargo como pena).

La imagen que yo me hago de esta broma fiscal es que quienes se encendían los puros con billetes de 500 euros durante los años de la especulación consentida usarán como combustible ahora las declaraciones regularizadas del IRPF. El ladrón, ladrón es y ladrón será, y ni tan siquiera entro en lo que dijo en su día el PP cuando al PSOE se le pasó por la cabeza hacer algo así ni en que Felipe González hiciera dos regularizaciones similares a la planteada ahora por Rajoy.

Y quién entienda al fisco que me lo explique: heredé, con el resto de mi familia, un local antiquísimo, cuya valoración catastral era baja porque es la que tenía de la herencia familiar anterior. La Hacienda autonómica, a la que había que pagar un 1% de sucesiones, nos metió una liquidación paralela para cobrar 300 euros a cada uno por el valor de ese 1%. La revalorización catastral, eso sí, le supuso a Hacienda (en este caso la estatal) varias liquidaciones paralelas mía y de mi familia con la actualización del valor en función de las plusvalías pagadas de más.

El resultado, es que pagamos cada uno 300 euros a la Hacienda autonómica, mientras la Estatal nos tuvo que devolver a cada uno 4.000 euros. Una buena gestión tributaria, supongo, y lo que me gustaría es que el celo que puso la Hacienda autonómica para recuperar los 300 eurillos (aún a sabiendas que a la estatal le iba a costar 12 veces más) lo pongan los inspectores de Hacienda y la próxima noticia que se nos dé es que se han aflorado nosecuántos mil millones de euros, decenas de defraudadores van a ir a la cárcel y el dinero negro ha vuelto al Estado como los decomisos de mercancía robada.

Las medicinas que más duelen no son las que más sanan, como dijo ayer el presidente riojano, Pedro Sanz, sino las que más joden, y los Presupuestos efectivamente son dolorosos, como dijo ayer también Rajoy, pero no sé hasta que punto necesarios si incluyen medidas como la amnistía. Estamos en crisis, pero no todo vale, ¿o Hacienda no somos todos?