La juez, en su sentencia, insiste en que no entra a valorar los métodos pedagógicos utilizados por la exdirectora del centro y dos empleadas, que ellas mismas en el juicio llegaron a reconocer como “mecanismos de corrección”, pero que no encuentra base suficiente en unos testimonios por existir otros contradictorios como para justificar una condena por maltrato.

Lo que sí me sorprende son las valoraciones que ayer hizo la alcaldesa de Logroño proclamando a los cuatro vientos que “nada queda probado porque nada ocurrió”. Supongo que la alcaldesa tendrá información propia de primera mano para justificar tal afirmación porque, desde luego, los indicios de que el trato a los niños en la Casa Cuna no era ni mucho menos el correcto llevaron a la Policía a enviar al juzgado un atestado con un presunto delito de violencia habitual tipificado y, posteriormente, a la Fiscalía a formalizar la acusación.

Había indicios y, aunque según la juez no ha hallado evidencias, me parece tener la piel demasiado fina pretender aparecer como víctima colateral de un supuesto linchamiento al afirmar que ha habido comportamientos “indecentes y miserables” por dar pábulo, insisto, a la Policía y a la Fiscalía, y asegurar al mismo tiempo que todo fue una supuesta trama urdida por unas extrabajadoras.

Conozco padres que han sufrido, que declararon en el juicio -desde luego no se inventaron los comportamientos ni las palabras que dijeron sus hijos cuando les preguntaron sobre la guardería- y que a mí al menos me merecen el mismo respeto que los padres que estaban convencidos de la inocencia de las acusadas. También conozco una veintena de progenitores que se dieron de baja de la Casa Cuna antes de comenzar el curso al considerar que el Ayuntamiento se había esforzado más en proteger a Eulen que a sus niños y que creo se merecen igualmente la consideración de la alcaldesa de todos los logroñeses.

Sobre la trabajadora y principal testigo de la acusación, lo que puedo decir es que rechazó en varias ocasiones una entrevista con el periódico para describir lo hechos ahora no probados, con lo que pudo hacer bastante más ruido del que hizo si ésa era su única pretensión. Fueron los padres a los que aconsejó que no llevasen a sus hijos a la Casa Cuna en la segunda etapa (de 18 a 36 meses) los que animaron a la monitora a ir al Ayuntamiento a denunciar la situación y, ante la falta de sensibilidad encontrada, a acudir a la Policía. Todo ello, sin que la monitora, por miedo o temor a las consecuencias, tuviera inicialmente intención alguna de ir por su propia cuenta, consciente  de que efectivamente la Casa Cuna no era el Orfanato, pero crítica con las políticas y prácticas educativas que veía.

La extrabajadora mantuvo su testimonio ante la Policía, la Fiscalía y, finalmente, ante la juez. Yo he pasado por un tribunal para defenderme de una falsa acusación de la familia de la exvicepresidenta del Gobierno y, personalmente y respetando por supuesto la sentencia, dudo mucho que nadie tenga la sangre fría de aguantar un testimonio falso ante todas estas instancias oficiales.

En el debate en el que nunca ha querido entrar el Ayuntamiento es si las contratas, con ofertas económicas muy ventajosas, salen finalmente caras cuando del cuidado de niños se trata. Dice ahora Cuca Gamarra que ya se vela por las condiciones laborales de las subcontratas en los pliegos de adjudicación y lo celebro, pero a lo mejor es por casos como éste por lo que se han cambiado la condiciones de los concursos.

Como conclusión, lo que pienso es que para gobernar una ciudad, aunque sea con una supermayoría absoluta y con un único grupo en la oposición destrozado en una cruenta guerra interna, hay que tener la piel más gruesa.

El soterramiento no es un proyecto único de Logroño –Girona, Valladolid, Gijón, Granada, León, Palencia, Murcia, Ourense, Almería, Alicante y Zaragoza– son ciudades que, también, en diferentes estados de ejecución, apostaron por integrar de forma subterránea la estación de trenes- y, si algo ha dejado claro el Ministerio de Fomento, es que ya no hay dinero vía presupuestaria para estas obras con la presentación del Pitvi. En el caso de Girona, incluso, el Ayuntamiento baraja denunciar al Ministerio de Fomento.

Dada la magnitud de los presupuestos para realizar estas obras, y al calor del irreal mercado inmobiliario, se crearon públicas participadas por las tres administraciones para recurrir a los bancos y, a crédito, financiar los soterramiento y/o la llegada de la alta velocidad a las capitales de provincia. No voy a desmentir, ni mucho menos, las palabras de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, del consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos, ni del secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, pero sí conviene ver cómo están las cosas en Valladolid.

La Sociedad Alta Velocidad de Valladolid (similar a Logroño Integración del Ferrocarril) afrontará en el año 2013 la primera de las facturas por la devolución del préstamo de 400 millones de euros y asciende a 65 millones, 46 por amortización y 19 millones en intereses. En Logroño, el préstamo, de 220 millones, hay que comenzar a devolverlo en el 2014 y, desde luego, no veo que la subasta de parcelas inmobiliarias en superficie como la que estaba prevista -salvo a lo mejor alguna comercial para el siempre esperado Corte Inglés, que lo dudo- vaya a contar con muchos aspirantes ni éste ni el año próximo.

El caso es que el alcalde de Valladolid, León de la Riba, ya ha decidido “no poner fecha al soterramiento” -inicialmente la fase IIde la ciudad castellana-, mientras que aquí no sólo confiamos en ‘librar’ la fase I sin pagar, sino que la fase IIy III siguen en tramitación.

Las viviendas de Toyo Ito fueron desde el inicio un ejemplo más de despropósito, en este caso del exalcalde de Logroño, Julio Revuelta. Cuentan los mentideros urbanísticos que inicialmente había un proyecto, más o menos razonable, pensado para jóvenes de alrededor de 300 viviendas que, sobre suelo municipal, se iban a sacar en Pradoviejo.

Sin embargo, como a Revuelta no le salían las cuentas de vivienda protegida prometida en su programa electoral entre 2003 y 2007, y ante la cercanía de las elecciones (diciembre del 2006) decidió duplicar la oferta de vivienda (hasta 600) en el suelo de Pradoviejo y reducir a la mitad el espacio habitable: de los 90 metros inicialmente previstos a viviendas de 45 metros.

El alcalde cumplió así con su programa de vivienda protegida, pero Logroño se encontró con una promoción de viviendas de 45 metros para una supuesta demanda irreal de jóvenes -que, de haberla realmente, la hubiera habido en la cercanía de la Universidad y como alquiler, no en el otro extremo de la ciudad para compra-. Así las cosas, a la promotora de las viviendas ganadora del concurso, con suspensión de pagos de su socio en la UTE de por medio, le ha costado, y le va a costar, dios y ayuda venderla.

En todos estos años, la promoción ha vendido poco más de 120 viviendas y quedan aún 346 sin encontrar dueño, pese a los reajustes de metros de los pisos (reducción de número y ampliación de superficies), rebajas de precios y todo tipo de replanteamientos del proyecto inicial.

Más allá de si el complejo de Toyo Ito (que por cierto tiene unas cuantas obras ‘colgadas’ en mucho sitios de España) es o no original, bonito o feo, el caso es que no era nada funcional en su origen por un problema de planteamiento político como lo demuestra el hecho de que todavía quedan 346 viviendas por vender.

Quienes seguís la ensalada sabéis que el urbanismo, su descontrol y su falta de planificación, ha sido una crítica continua en esta cocina y el caso de Toyo Ito (más bien el caso del concurso del suelo municipal) es un ejemplo más de cómo empezar la casa por el tejado.

1. La contratación: en lugar de un concurso de ideas -que, por cierto, entonces tanto gustaban al ex alcalde, Julio Revuelta, y testimonios hay de ellos en los cajones tras pagar el pastón correspondiente-, se convocó un concurso de constructoras para la remodelación dela Gran Vía. El empresario José Martín y otros promotores contrataron a José Antonio Fernández Alonso, marido de la coordinadora de urbanismo del Ayuntamiento de Logroño y persona de confianza de Julio Revuelta, quien diseñó el actual engendro, y el constructor se llevó ‘el gato al agua’.

2. Las ‘yolandas’: bautizadas así por la sabiduría popular porque, al parecer, al diseñador dela ‘Gran Pifia’ se le ocurrió un ‘homenaje’ a su pareja, Yolanda Tamayo y entonces coordinadora urbanística de la capital. El caso es que las ‘Yolandas’ no lucen.

3. El ‘salón estancial’: Ese engendro, así llamado, es el islote que ha quedado entre los cruces dela Gran Pifiacon República Argentina y San Antón. El ‘salón estancial’ está rodeado por dos paradas de autobuses y dos vías de comunicación que lo aíslan en ambos sentidos, con lo que cualquiera se sienta o se pone a jugar con una pelota. Luego, a alguien también se le ocurrió meter en una de las esquinitas una guardería.

4. El pavimento: ni arquitecto ni constructor… ni, por supuesto, políticos cayeron en la cuenta de que los adoquines no aguantarían el tráfico que soporta la principal arteria de Logroño, ni mucho menos, el pesado de los autobuses. Arreglo tras arreglo, al final se ha cogido el toro por los cuernos: sustituir los adoquines por asfalto, aunque el nuevo concejal de Urbanismo, Pedro Sáez Rojo, ha dicho que va a guardar los adoquines, no sé si para regalar uno a cada familia logroñesa.

5. La vegetación: el adorno floral y vegetal de La Gran Pifia son palmeras y otros motivos mediterráneos que, poco tienen que ver, desde luego con nuestra identidad autóctona.

6. La pretensión peatonal: recuerdo al ex decano del Colegio de Arquitectos, Domingo García Pozuelo, una de las escasas voces de cordura en los tiempos de la especulación inmobiliaria y política, advirtiendo de que la Gran Vía era “horrorosa”, “chapucera”, pero, además, peligrosa. Ni las pintadas ni las repintadas de los pasos de cebra dan seguridad a una zona que, lógicamente, no puede ser peatonal por mucho que la mona se vista de adoquín o de empedrado.

7. Los parkings: clasificado, o pretendidamente al menos, todo el suelo urbanizable del municipio, al ex alcalde Julio Revuelta, con el grupo de empresarios promotores domintantes, se le ocurrió vender el subsuelo para la construcción de aparcamientos para financiar la remodelación de la Gran Vía y otras obras de superficie. Las excavaciones, y las plantas y las plazas, iban más para abajo a medida qeu subía el coste de lo de arriba. Atraídos por la especulación, muchos vecinos compraron (sin control alguno domiciliario más allá de cambios de empadronamiento reales o falsos). Hoy, los aparcamientos están vacíos y los vecinos, especuladores o no, pagando cuotas de mantenimiento infumables.

 8. Arreglos y sobrecostes: lo que iba a costar cero ya ha costado ocho millones, y lo que te rondaré, que, para una obra nueva, suenan a broma.

Podríamos seguir, pero os animo a que seáis vosotros los que añadáis despropósitos a esta lista de este gran despropósito, del que el actual Gobierno municipal del PP se ‘escaquea’ argumentando que Revuelta ya pagó perdiendo las elecciones (¿y el resto, entre ellas la alcaldesa, que era la concejal de centro y directa responsable?) y que el PSOE y el PR no supieron reconducir en sus años de gobierno, si bien es cierto que la herencia ‘apestaba’.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puso la semana pasada el dedo en la llaga al plantear impulsar una propuesta legislativa para exigir responsabilidades penales a los gestores que asuman gastos que no estén contemplados en los presupuestos. Antonio Basagoiti, presidente del PP vasco (y una de las voces del Partido Popular en las que más sentido común encuentra este cocinero) fue más allá al poner ejemplos concretos a las intenciones del ministro y reclamar incluso responsabilidades patrimoniales: “No sólo apoyo la propuesta de Montoro, sino que la extiendo a las decisiones irracionales y absurdas, no ya desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista de buscar algún tipo de responsabilidad, aunque sea patrimonial”, explicó. “No puede ser que uno aquí se haga una estación de AVE porque queda muy bien en su pueblo y luego no hay quien la pague. No puede ser uno subvencione a no sé cuántas empresas de su localidad, que contrate a no sé cuántos trabajadores que él conoce, y después no haya para pagar a la Seguridad Social”.

Con dicho discurso, lo que se pregunta este cocinero se pregunta si habrá dios, o mejor dicho ministro, que quiera venir a inaugurar una estación que se tiene que pagar a ‘crédito’ (fuera de presupuesto) con las plusvalías de unos supuestos terrenos que, evidentemente, no valen ni tienen el interés que cuando se planificó su venta en el año 2003.

El tema da mucho de sí -ahí tenemos también el caso de los aeropuertos- y hay muchas obras y proyectos en la región que, una vez acabadas, carecen de contenidos e incluso recursos para su mantenimiento.

En esta ensalada no pretendemos meter a nadie a la cárcel, como plantea el ministro de Hacienda, pero sí animo a los comensales habituales a participar y para cada uno de los proyectos sin sentido que propongáis este cocinero se compromete a preguntar por su estado y por los planes que hay para ellos. ¿Alguien se anima? (*)

(*) Pdt: Si a alguien le resulta más comodo enviar sugerencias de proyectos despropósito, incluso fotos, vía mail puede hacerlo agil@diariolarioja.com o en agilrioja@gmail.com

Me marché unos días con un post titulado ‘Pedro con la rebaja’, en alusión al recorte de las asignaciones a los grupos parlamentarios y la delicada situación en que quedaban los partidos de la oposición para mantener sus  ‘liberados’, y regreso con una segunda parte de ‘Pedro con la rebaja’ con una clara alusión a los sindicatos de que habrá nuevos recortes, supongo que tanto en las asignaciones directas por convenio anual -esas que se estiran como la goma en el tiempo en función de la proximidad de la firma o no de un pacto por el empleo-y de los liberados a costa de la administración pública regional. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar…

Es curioso, o ha dejado de serlo porque ya conocemos al personaje, pero ha faltado unos días el presidente y, como quien vuelve a casa y se la encuentra alborotada, convocó a los medios de comunicación el pasado viernes para lanzar unos ‘recaditos’. Además de a los sindicatos, Sanz dejó claro a los farmacéuticos que la suculenta factura mensual que paga el hospital la satisfará ahora a 40 días en lugar de a 10 como venía haciendo y que todos ‘tranquilitos’ porque así conviene a la tesorería de la propia comunidad autónoma.

No dudo de que las medidas, o la ‘hoja de ruta’ como la llamó el propio dirigente riojano, de la austeridad sean las más adecuadas, incluso las únicas posibles, pero me chirría que, sin embargo, la decisión política adoptada por el Ayuntamiento de Logroño de Cuca Gamarra con el caso de las ‘chiquibecas’ no siga precisamente esa línea de austeridad.

Y es que, si bien es un argumento consistente pretender extender las ayudas a todo el que las solicita como si fuera una subvención a la no financiada educación de cero a tres años, tampoco creo que sea lo más lógico y acertado en estos tiempos. Lo que quiero decir es que me rechina, por no decir me jode, que de las maltrechas arcas públicas, que seguro acabarán pasando factura a servicios y prestaciones sociales mínimas, salgan cien euros mensuales para pagar la guardería de familias logroñesas que ganan 90.000, 80.000 o pongan ustedes los euros que quieran.

En fin, que austeridad, sí y generosidad, ahora más que nunca, con quien la necesita de verdad.