A la primera piedra asistió la entonces ministra Elena Espinosa. Luego nadie apareció para inaugurarlo

El precio de la luz y el engaño de los fijos de potencia, como al resto de ciudadanos, ha puesto contra las cuerdas a los regantes de todo el país después de inversiones, en muchos casos millonarias. Trabajando este tema en el periódico, me sorprendí la semana pasada al comprobar que el mayor regadío de La Rioja (nada más y nada menos que 6o millones de euros de inversión) sigue sin inaugurarse porque no hay político, ni del PP ni del PSOE, que pueda ni pretenda asomar por allí. Os dejo la historia que publicamos el lunes en Diario LA RIOJA porque no tiene desperdicio, con políticos al servicio de las grandes empresas y bancos buitres rapiñando presas, mientras una importante comunidad de agricultores se empufa en 20 millones de euros:

La Comunidad de Regantes del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla se sobrepone aún del impacto que la obra del mayor y más moderno regadío de La Rioja tuvo en sus bolsillos. La infraestructura, que permitió la modernización de 9.017 hectáreas desde Haro a Santo Domingo (14 municipios) con la constitución de una comunidad de 4.200 regantes, ha sido un continuo quebradero de cabeza.

La constructora española Sacyr es hoy actualidad por los problemas y retrasos en las obras del Canal de Panamá y los regantes riojanos sufrieron en sus propias carnes las consecuencias de sobrecostes y retrasos de una obra que se adjudicó en diciembre del 2004 por 45 millones de euros, con un plazo de ejecución de 17 meses –lo que sirvió a la UTE formada por FCC y Aqualia para ganar el concurso–, pero que finalmente costó casi 60 millones y se ejecutó en 58 meses.

Los regantes asumieron un crédito de 20 millones de euros con Banesto –pagaron el 33% de la obra y el Ministerio y fondos europeos, el restante 67%–, por lo que los retrasos en la ejecución supusieron muchos miles de euros en intereses a los agricultores, junto con sobrecostes injustificados: «Seiasa, la sociedad del Ministerio que hizo las obras, se desentendió de nosotros y únicamente la Consejería de Agricultura riojana, que nos financió préstamos para hacer frente a los intereses y nos asesoró legalmente, han hecho algo para que este regadío salga adelante», explica Borja García-Baquero, presidente de la comunidad. «Hubo modificados de obra por trabajos que no existieron y retrasos injustificados, hasta el punto de que estuvimos a punto de abandonar las obras, pero teníamos que afrontar, sí o sí, el crédito de 20 millones, así que no había otro remedio que acabar».

Los regantes llevaron a juicio al Ministerio –David contra Goliat– y lograron una sentencia parcialmente favorable que rebajó en 3 millones de euros el sobrecoste de 13 millones. El Ministerio adeuda aún un millón de euros a la comunidad de regantes porque ha recurrido la sentencia: «El conflicto con Seiasa fue con el Gobierno del PSOE –explica García-Baquero–, pero cuando llegó el PP al poder el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se desentendió igualmente pese a todo lo dicho cuando era oposición y ha recurrido ante el Supremo la sentencia, con lo que aún no han desbloqueado el millón de euros que nos deben».

De hecho, la gran obra del regadío riojana, modélica por la aplicación de últimas tecnologías –en breve los agricultores podrán regar sentados en su sofá con su teléfono móvil– no ha sido inaugurada por ningún ministro: «Elena Espinosa [PSOE] puso la primera piedra en el 2005, pero nadie se atreve a venir por aquí porque saben que engordaron los presupuestos para favorecer a las constructoras y que los retrasos, que a nosotros nos costaban miles de euros en intereses, no tenían justificación». «Únicamente Íñigo Nagore –continúa el presidente de los regantes– nos ha apoyado, tanto cuando el Gobierno era del PSOE como del PP, y su ayuda ha sido clave para poder terminar esta obra y no arruinarnos».

Banesto y los ‘swap’
Las cosas se complicaron aún más cuando Banesto, la entidad con la que tenían los préstamos la comunidad de regantes, cambió las condiciones de varios contratos y los convirtió en ‘swaps’ (productos financieros de derivados) que ‘colocó’ a los agricultores de mala fe: «Si algo sale mal, puede salir aún peor», recuerda Borja García-Baquero. «Nos engañaron y nos encontramos con que los intereses se nos multiplicaban de forma exponencial cuando en teoría nos habían protegido para lo contrario». La Justicia, en primera y segunda instancia, condenó al banco a devolver a los regantes 885.396 euros, pero éste ha llevado el caso al Supremo pese a la contundencia sobre la «mala fe» existente y que dejan claras las dos sentencias favorables a la comunidad.

Ahora, los regantes del Najerilla afrontan un nuevo problema: el ‘tarifazo’ eléctrico. «El agua la movemos con electricidad –explica García-Baquero– y ésta representa ya el 40% del total del coste de riego».

Luis Ayúcar, fotografiado por mi compañero Juan Marín acudiendo al juzgado

Luis Ayúcar, con un aspecto inmejorable a sus casi 60 años, dio carpetazo el fiasco de proceso judicial del fraude del viñedo con un “sí, acepto”. Fueron las únicas palabras que salieron de su boca en estos 14 años al aceptar una irrisoria condena: 1.080 euros de multa, que le servirán para conmutar la pena de 24 meses de cárcel, y una indemnización por las estafas de 219.000 euros, que de forma subsidiaria recaé en la Comunidad Autónoma y que pagaremos en gran parte todos los contribuyentes por su situación de insolvencia, ya que de los supuestos más de 100 millones de pesetas que se embolsó, o se repartió con sus cómplices, nada más se supo.

La sentencia que está redactando la juez de la Audiencia, basada en el pacto promovido por el fiscal con acusaciones y acusados –sin responsabilizar de ella a las instancias judiciales que, evidentemente, están condicionadas por las dilaciones indebidas cuando han pasado 14 años desde que se inició el procedimiento-, es aún más fraudulenta que las propias estafas.

Primero, porque nunca se sabrá si fueron cien hectáreas o miles las que creó el funcionario en un proceso de regularización histórico que Ayúcar, como responsable del registro de Viñedo, manejó a su antojo.

Segundo, porque la multa es una broma (1.000 euros), más cuando enfrentaba una condena de 11 años de prisión.

Tercero, porque seremos los contribuyentes los que pagaremos (el seguro de la CCAA no cubre delitos penales) gran parte de la indemnización a bodegas y particulares que pagaban derechos de plantación mucho más baratos que a cómo estaban en el mercado. Es decir, que sabían que lo que compraban era de dudosa procedencia por cuanto nadie da duros a cuatro (a dos en este caso) pesetas.

Cuarto, porque el funcionario fue expedientado (suspendido de empleo aunque tengo mis dudas de si también de sueldo), pero, tras alegar depresión, consiguió la jubilación en el 2003 y, por tanto, la pensión que buscaba sin apenas, o nula, oposición administrativa.

Quinto, porque el proceso estuvo viciado desde el principio. El PP agrupó en un mismo abogado quince acusaciones particulares que nada tenían que ver con el caso, lo que multiplica por quince las posibilidades de dilación de un proceso tan farragoso como éste (quien recursos, quince peticiones de prueba adicionales…) y, al final, consiguió su objetivo.

Sexto, porque la negociación del fiscal con las partes estuvo protegida por un pacto de silencio entre los abogados de forma que, de no ser por Diario LA RIOJA, hubiera permanecido oculto.

Séptimo, porque hace al menos cinco o seis años el abogado de Luis Ayúcar ya me dejó claro que nunca iba a decir una palabra y que no iba a pisar la cárcel. A los condenados, al Gobierno regional, a la Justicia… (en este caso por las dificultades técnicas y económicas de poner en marcha un macrojuicio con tantos acusados, acusaciones y testigos con la amenaza de sobreseimiento por las dilaciones o incluso prescripciones) les interesaba esta solución y así se la han cocinado.

Una solución, no obstante, que impide saber quiénes colaboraban (¿otros funcionarios y políticos?), o hacían la vista gorda a lo que descaradamente estaba sucediendo en el registro de Viñedo. La UAGR y el PSOE se personaron rápidamente como acusaciones particulares, pero según avanzaba el proceso se retiraron. Una vez más, el PSOE -más ocupado en afilar sus puñales para los ‘asesinatos domésticos’- hizo omisión de su deber opositor. Si hubiera mantenido la acusación particular hubiera habido juicio por inconformidad de una de las partes y Ayúcar, y el resto de condenados, hubieran tenido que declarar ante la juez. Probablemente, la sentencia cambiaría poco, pero seguro que alguno de los doce condenados hubiera levantado la alfombra.

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, y otros miembros del PP apuntaron en sus declaraciones tras la vista a que era un fraude que se encontraron cuando llegaron al Gobierno en 1995. Pero no es cierto. El fraude comenzó en 1996 cuando empieza a dispararse el precio de los derechos y se abren las regularizaciones históricas. Fue en 1997 cuando el PP asciende a Ayúcar a responsable de Viñedo. Misteriosamente, un mes y medio antes de poner el caso en conocimiento del Fiscal (por la presión de Diario LA RIOJA, en enero del año 2000), la Consejería de Agricultura (PP) había ‘castigado’ al funcionario cesándole fulminantemente y enviándolo al laboratorio de La Grajera.

Sólo podemos ir de oídas en la ensalada (Madrid y Génova nos pilla muy lejos), pero , además de las versiones ‘más o menos oficiales’ sobre su marcha, la publicación diarioelaguijon.com tiene la suya propia y, aunque supongo que varios de vosotros ya la conoceréis, no deja de ser interesante la teoría, al menos para quienes nos gusta escuchar lo que pasa en las cocinas… Aquí va un extracto:

“Esperanza Aguirre no dimitió por motivos personales, ni el cáncer que padece desde hace tiempo tiene nada que ver en esa decisión. La verdad es completamente diferente a la contada oficialmente por la lideresa madrileña y por el Partido Popular. Rajoy obligó a Esperanza Aguirre a dimitir, tras mantener durante al menos dos semanas un enfrentamiento frontal a causa de la implantación de Eurovegas en Madrid.

La discusión a gritos del martes 4 de septiembre. Todo comienza el pasado martes 4 de septiembre cuando la presidenta madrileña acudió a una reunión con Mariano Rajoy en el despacho que este tiene en la sede de Génova. Según confirman a El Aguijón cinco personas que trabajaban ese día en Génova, ambos mantuvieron una fortísima discusión a gritos en el despacho de Rajoy, que algunos de los que la escucharon señalan “que jamás se había oído nada semejante y hasta se escuchó algún golpe”, que se podría haber producido por la caída de algún objeto al suelo durante la discusión y por golpes en la mesa. La bronca que duró alrededor de unos 40 minutos finalizó con una airada Esperanza Aguirre que abandonó el despacho notablemente enfadada. Todos ellos afirman que la discusión estaba centrada en torno a Eurovegas y que Rajoy la reprochaba que tomara decisiones sin consultar a nadie sobre temas en los que no tiene competencia.

Cospedal interviene ante Rajoy. La discusión se originó, según nos confirman las fuentes de Génova, por la queja unos días antes de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal a Rajoy por los acuerdos unilaterales que Esperanza Aguirre habría alcanzado con el grupo de Adelson para la ubicación de Eurovegas en Alcorcón. De estos acuerdos no habría informado ni al partido ni al Presidente del Gobierno. Entre esos pactos, estaría el acuerdo verbal de la presidenta madrileña de permitir fumar en los establecimientos y de un sistema fiscal “singular” y normas laborales específicas para Eurovegas, algo para lo que Aguirre no tiene competencias y que forzaría a Rajoy a tener que cambiar leyes nacionales…

Más información. http://www.diarioelaguijon.com/

(Pdta). Si seguís las informaciones de El Aguijón, veréis que en medio de la ‘trama’ aparece un viejo conocido del PP riojano, valedor de Pedro Sanz y, en su día, de José María Aznar: Álvaro Lapuerta. Una curiosidad, simplemente)

Sigilosos, los cacos abren la puerta, entran a hurtadillas y actúan. La víctima puede ser un jubilado. Vive sola y está en la terraza pasando la tarde de verano. El caco se percata. Tiene olfato o intuición, y encuentra rápidamente en un pequeño cajón del armario del dormitorio el sobre con dinero en metálico para pasar el mes porque los jubilados no usan las tarjetas de crédito.

Al ladrón le gustan los cajones pequeños: va a la caza de objetos de valor, muy sentimentales, y guardados en pequeños compartimentos. A continuación, busca en los cajones principales del dormitorio. Sabe lo que hace: saca el cajón del dormitorio porque la víctima está en la terraza y se le lleva al hall de entrada por si hay que salir corriendo.

Ya tiene el botín en metálico y unas cuantas piezas de valor. Deja intacta la bisutería del cajón principal y se lleva todo aquello que sospecha que tiene valor. Hoy en día es fácil deshacerse de la mercancía robada: uno de los pocos negocios al alza, y podéis comprobarlo en los parabrisas de vuestros coches, es la compra de oro y joyas. En muchos sitios no piden razón ni documentación. Se compra, se funde… y a otra cosa.

La víctima regresa de la terraza y se encuentra el cajón de su dormitorio en el hall de entrada.: ¡Me han robado! La puerta está cerrada. Llama a la policía, que en unos minutos llega al domicilio.

 
Es el pan nuestro de cada día dicen los agentes. “¿La han dormido? ¿Puede ser que no se acuerde y se haya despertado tumbada en el sofá? ¿Se ha echado siesta?” A continuación, los policías se explican: “suelen llevar cloroformo o alguna sustancia química capaz de dormir a la o a las víctimas”. Y, eso, en el mejor de los casos.

Al día siguiente viene la policía científica. La mayoría de las veces no hay huellas, pero aunque las haya si el individuo no está fichado será prácticamente imposible encontrarle.

Los ladrones están preparados, se ayudan o incluso forman bandas organizadas. En este sentido, los policías preguntan por marcas en el buzón. No se ven a primera vista, pero, en este caso, había una cruz: el domicilio era un potencial objetivo.

Las marcas son códigos internos de los ladrones y, lógicamente cada uno o cada grupo, tiene el suyo propio, por lo que no hay una interpretación estandar, pero si veis marcas similares a las del dibujo en buzones, puertas o fachadas sospechad si ya no es tarde.

(*) Pdta: La estadística también refleja un importante aumento de los robos (domicilios, joyerías, tiendas, campos de golf…), pero la prueba es que si comentáis con unos amigos un caso reciente que os hayan contado seguro que ellos también conocen otros parecidos.

Arancha Vallejo vicepresidenta del Gobierno y responsable entonces de Urbanismo, se sacó de la manga un proyecto que vistió de ecológico, pero cuyo único objeto era ‘reventar’ el mercado de vivienda al otro lado de la ciudad de donde estaban apostando la mayoría de promotores y el propio ayuntamiento.

Vallejo convocó un concurso de ideas y las empresas ganadoras, LMB y Progea, plantearon la recalificación de suelo rústico en El Corvo para 3.000 viviendas, el 90% de ellas protegidas y con posibilidad de edificar pisos con tres habitaciones (90 metros) a precios mucho más ventajosos para el comprador que los que iba a salir del sur, con únicamente dos habitaciones. Hasta cierto punto, una iniciativa loable si se hubiera hecho pensando en el ciudadano para intentar romper la burbuja inmobiliaria y la espiral de precios que, por el año 2005, seguía en ascenso.

El caso es que no fue ese el argumento, sino la venganza política contra Revuelta y contra los empresarios dominantes de la construcción, que habían pagado su suelo en el sur a cojón de mico frente a los terrenos rústico de El Corvo.

Vallejo, consciente de que su proyecto provocaría el rechazo frontal del Ayuntamiento, vistió el muñeco de ecológico y renovable -con un carísimo proyecto de urbanización sostenible y casi revolucionario, que hoy suena a broma y que simplemente era realizable por el coste del suelo, para  intentar justificar la intromisión urbanística con el argumento de interés regional en la autonomía municipal.

Interés regional que ahora ha negado categoricamente el Supremo, cuyas sentencias confirman que la entonces vicepresidenta actuó por ‘cojones’  y que ponen también en entredicho el criterio de la Justicia riojana que, hasta en diez ocasiones, había avalado la actuación administrativa del Gobierno en el ecociudad.

Vallejo presentó la ecociudad en el Foro Territorios 21

El caso es que, pese a lo que diga el consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos -que ayer, como si se hubiera quitado un peso de encima, renunció de inmediato a la ecociudad tras los pronunciamientos del Supremo-, este proyecto nos ha costado una pasta a los riojanos y logroñeses.

Judicialmente, por la batalla legal entre dos administraciones y los constructores, y también promocionalmente porque la ecociudad, al margen de exposiciones, publicaciones y presentaciones nacionales e internacionales, ha sido el motor de foros urbanísticos como Territorios 21 que, inventados por la exvicepresidenta Vallejo, han traído a Logroño a expertos de todo el mundo (pagados a base de talonario) para explicar el acierto de proyectos ecológicos y renovables como el del Corvo.

Sí es cierto, como decía el consejero, que han sido las dos mercantiles, LMB y Progea, las que más han invertido en la ecociudad (“muchísimo dinero”, en palabras del representante de Progea), así que lo que también me temo es que reclamarán explicaciones al Ejecutivo que ahora se da el ‘piro’ a la primera de cambio.

Efectivamente, las empresas trabajaban con un riesgo legal desde el momento que la ecociudad entró en litigio, pero también es cierto es que LMB y Progea se presentaron a un concurso y ganaron. Es decir, fue el Gobierno regional quien eligió los terrenos protegidos de El Corvo y quien impulsó el supuesto interés regional.  Fue el Gobierno el que se pasó por el forro la autonomía municipal y el que decidió urbanizar un suelo rústico protegido.

Así que, de una forma u otra, LMB y Progea pedirán explicaciones y reclamarán los perjuicios causados por una actuación de revancha personal que nos ha costado y nos va a costar un pico, y un buen pico, a logroñeses y riojanos.

Ahora bien, preguntado por este cocinero, el consejero Antonino Burgos considera que no hay responsabilidad alguna en este tema de nadie del Gobierno, más allá de las que puedan reclamarse en las urnas.

Hombres de negro

No vienen del mismo ‘planeta’ que los hombres de negro a los que nos referimos hace tiempo en la ensalada. Aquéllos eran ‘afortunados’ consultores que, en los buenos tiempos,  accedían a los secretos de ‘palacio’ y dirigían las estrategias políticas al más alto nivel. Afortunados, decía, porque, a cambio de sus servicios de consultoría, eran beneficiarios de importantes contrataciones públicas.

Los hombres de negro de hoy son los enviados por la tecnocracia, que poco a poco se va imponiendo desde el vértice (Europa) hasta el más pequeño municipio. Fue el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro quien bautizó de esta manera a los interventores de su departamento que están ahora encima del gasto de las comunidades autónomas.

¿Está La Rioja intervenida? Pedro Sanz lo niega, pero lo cierto es que las cuentas no terminan de explicarse y la consejera de Hacienda, Concha Arruga, no sale al paso de las dudas que colocan a la región en el punto de mira de los planes de control del déficit. En este sentido, la contabilidad de la consejería riojana y del Ministerio de Hacienda no concuerdan. Si recordáis, la que vale, la del Ministerio, duplicaba los resultados de déficit de 2011, lo que en la práctica suponía un desfase de 80 millones de euros, que, probablemente, sean los que están aflorando ahora y han puesto a La Rioja en el punto de mira de los hombres de Montoro.

El presidente riojano, Pedro Sanz, repitió en varias ocasiones, apenas hace unos meses, que La Rioja, con las primeras medidas de su plan de reducción de altos cargos y pequeños retoques institucionales ya cumplía su plan de equilibrio presupuestario para todo el 2012. Pero, al igual que Rajoy, ha sido rehén de sus propias palabras.

Desde de aquel primer ‘ajuste’, con la única supresión dela entidad Ader-Infraestructuras, se han caído después la Agencia del Conocimiento, el Servicio Riojano de Empleo, el Instituto Riojano de la Juventud, la Oficina del Defensor del Usuario, Eccysa, la Defensoría del Pueblo (al menos tal y como se concibió) y el Consejo Económico y Social.

El tijeretazo parece más propio de los ‘hombres de negro’ que de un Gobierno que se ha caracterizado en sus ya 17 años de existencia por ser remiso a deshacer lo andado. Y, como los ‘hombres de negro’ no conocen a nadie, presupongo que el tijeretazo continuará hacia entidades como el Consejo Consultivo, la Fundación SanMillán, que está prácticamente inactiva y endeudada, y otros organismos público colaterales que aún subsisten.

En el 2013 veremos también retoques de impuestos, probablemente la supresión de la exención de Sucesiones y otras modificaciones en el IRPF autonómico (ya ha habido alguna en ‘silencio’ como la eliminación de los 100 euros por compra de ordenador) porque los ‘hombres de negro’, los que deciden, al menos hasta el 2016, no se presentan a las elecciones ni salen en los papeles. ¿Estamos intervenidos? ¿Qué opináis vosotros?

Recorte e impuestos, más impuestos, son el día a día -¿os habéis parado a pensar en que, sin contar el resto de tributaciones, más de un euro de cada cinco de cada mercancía con la que se comercia va a ir parar al Estado y comunidades autónomas en concepto de IVA con la última ‘revisión’?-. Así las cosas, con un mes de agosto de por medio y cinco consejos de ministros por delante si se cuenta la despedida de vacaciones de final de julio, uno no sabe si cortarse las venas o dejárselas largas.

Por el momento, mi ordenador sigue en su sitio (no el de todos), pero regreso con algo más de lo que habitualmente se llama depresión post vacacional después de asistir con estupor a lo que se ha llamado el ajuste más drástico de la democracia.

Las medidas tomadas por el Gobierno de Rajoy, más allá de si son necesarias íntegra o parcialmente, se ceban una vez más en la clase media, abocada al empobrecimiento y auténtica cabeza de turco de esta crisis.

Los recortes en la maquinaria administrativa, impuestos por Europa a Rajoy y por éste a las autonomías no compensan el esfuerzo que se está pidiendo a los ciudadanos, entre otras cosas, porque no fueron estos los que sobredimensionaron la administración ni sus estructuras paralelas.

No sé a dónde vamos y, desgraciadamente, aún nadie ha explicado claramente de dónde venimos. El resumen básico (y lamento si rozo la demagogia) es que todas estas impopulares y sangrientas medidas, fiscalmente hablando, parten de un mismo problema: capitalizar los bancos y cajas de ahorros que utilizaron el dinero de los ciudadanos para financiar desarrollos urbanísticos y económicos irreales y excesos políticos, es decir, para hacer algo distinto de lo que es su razón de ser.

Ni los primeros ni los segundos ni, por supuesto, los terceros han asumido la responsabilidad de lo sucedido. Mientras, el crédito internacional español sigue por los suelos, las grandes, y medianas, fortunas se continúan yendo de rositas del ajuste tributario, los defraudadores están en proceso de amnistía, los ejecutivos de las grandes empresas siguen aumentando sus salarios pese a que la Bolsa no para su caída libre, los grandes capitales huyen impunemente del país, de forma que la clase media, y las nóminas no ocultas, paga el pato casi en exclusiva.

Y lo peor de toda esta ensalada de despropósitos es que el pequeño empresario, el que supuestamente tiene que levantar esto, está sin recursos y en el punto de mira, lo vemos ahora con el comerciante, como también lo está el funcionario y el asalariado privado. Sin embargo, más que un movimiento de respuesta conjunto a lo que sea esto en lo que estamos metidos lo que aprecio a mi alrededor es un jódete tú más porque a mí ya me jodieron antes mientras tú te alegrabas y, si no, ya me joderán después.

No sólo en los duros cuatro últimos años de recesión el tejido industrial riojano se ha ido debilitando, con la ‘fuga’ de multinacionales y con una estricta dieta de adelgazamiento para las pequeñas y medianas empresas, sino que el problema viene de un poco más atras por falta de emprendedores, probablemente recursos económicos, e incluso de eso que los consultores y supuestos expertos marketeros llaman talento. 

En cualquier caso, no estoy realmente capacitado para entrar en discusiones de datos macroenómicos o estadísticos, pero sí he encontrado un cuadro muy significativo sobre lo que está suciendo durante la crisis y cómo se están comportando las autonomías.

La conclusión es clara: La Rioja no va mejor que ninguna otra comunidad autónoma, aunque nos digan lo contrario y, de hecho, hemos sido una de las regiones que más ha tirado de deuda para mantener los gastos durante los años de la crisis. Así que, cuando oigamos esas habituales lecturas de que “estamos mejor que la media”, lo que os recomiendo es que echéis un vistado a este cuadro que he sacado de la página web (www.politikon.es) y que coloca a cada uno en su sitio: hemos pasado de ser la región menos endeudada a la sexta que más en cinco años.

Y, como hablamos de crisis, aunque muchos de vosotros seguramente ya lo conozcáis, el joven dibujante barcelonés Aleix Saló nos ha dado una lección sobre cómo explicar lo que ha, y está, pasando. Como periodista, con mayor o menor infortunio, intento explicar cosas. Hace poco publiqué un artículo sobre lo que había pasado con la especulación del suelo en Logroño, pero ni por asomo me acerqué a lo que ha hecho Aleix Saló. Si fuera competente, yo pasaría este viedo en los colegios…, pero también en todos los centros de trabajo y en los hogares. Al que no lo conozca que, por favor, le recomiendo que no se lo pierda.

Puede argumentar Vicente Urquía que la última asamblea aprobó su gestión -cosa que es cierta y algunos todavía nos preguntamos cómo es posible cuando unos días después su grupo, fusionado con el ‘aparato’ de Luena, fue ampliamente derrotado-. También que en sus años como secretario general de Logroño el PSOE de Logroño ha gobernado y que el grupo municipal ha trabajado mucho. No seré yo, porque no sería cierto, quien cuestione la capacidad y el trabajo realizado por Vicente Urquía durante estos años, muchos, en el Ayuntamiento tanto en el Gobierno como en la oposición.

Lo que ocurre es que el grupo municipal, y el partido, están hoy así de divividos por la nefasta, y consentida, gestión política e interna de Francisco Martínez Aldama y por un pacto de gobierno que, más allá de sus intenciones, fue duramente castigado en las urnas por los logroñeses. Es decir, que vistas así las cosas -con la nueva óptica del portavoz municipal que expone en una entrevista con mi compañero Javier Campos en Diario LA RIOJA-, parece como si la máxima del PP -“la culpa de todo es la herencia de Zapatero”- sirva también en el PSOE cuando al interlocutor le conviene.

A mí a lo que me suena es a más de lo mismo: a no asumir responsabilidades. Lo que está claro, haga lo que haga el grupo municipal, es que el nuevo comité local de Inmaculada Ortega es el que decidirá la próxima lista electoral municipal del PSOE y, salvo contadas excepciones si hay alguna (¿José Luis Prado e Inmaculada Sáenz?) no tendrá nada que ver con los actuales concejales, así que la retirada, inmediata o progresiva, es el único camino.

Si bien los grupos parlamentario y local tienen independencia estatutaria, fue la actual Ejecutiva del PSOE riojano, es decir, la nueva dirección del partido de Luena, la que decidió las responsabilidades en el grupo parlamentario y todo parecía indicar que sería el nuevo comité local de Logroño el que haría lo propio con el grupo municipal.

Sin embargo, el grupo municipal se ha enrocado, como decía, incluso antes recibir el ‘palo’. Lo más razonable, y lo que preveíamos en la ensalada a la riojana al valorar nuestra quiniela, era un acuerdo: es decir, que Vicente Urquía dejaría la portavocía en un tiempo razonable, pese a que mucha gente la reclama de inmediato, y varios concejales irían renunciando a sus actas (que son personales y conseguidas ante los ciudadanos y, por tanto, no exigibles ni por Inmaculada Ortega ni por nadie) progresivamente para dar entrada a los nuevos.

Pero la guerra está servida. Me da la impresión de que Inmaculada Ortega, por mucho que haya intentado evitar el ‘sanbenito’ de ‘agitadora’ y huir del mensaje de que su movimiento iba a provocar una desintegración aún mayor del partido, no va a tener más remedio que dar el puñetazo en la mesa.

Una vez más, en la guerra de la rosa, el que gana es el PP.

Pedro Sanz ha logrado que ni una sola palabra crítica traspase los muros de su sede de la calle Duquesade la Victoria. ‘Gobierna’ con ‘mano de hierro’ su partido y todo aquel que se mueve sin su permiso acaba en la ‘nevera’.

Podemos recordar ejemplos históricos y recientes de ‘congelaciones’, como la de Conrado Escobar, relevado de la secretaría general del partido por Carlos Cuevas hace diez años y apartado del Parlamento, cuando mostró su desencanto porque, como portavoz en la Cámara regional, debía romper (por orden de Sanz) unilateralmente el acuerdo de retribución de los parlamentarios al que había llegado personalmente con el PSOE y el PR. Escobar fue enviado al Ayuntamiento de Logroño a subsistir con el equipo de Julio Revuelta hasta su redención, en el 2008, con su nombramiento como consejero.

Poco vamos a escribir sobre el caso del propio Julio Revuelta que no hayamos contado ya, pero recuerdo alguno más. David Isasi, ex director de Agricultura, ex senador y ex diputado, se enfrentó públicamente con su tío, Neftalí Isasi, y ambos acabaron en el congelador.

El más reciente (aunque algunos siguen pensando que ‘fumo’ sustancias prohibidas) es el del vicepresidente del Gobierno, Emilio del Río, que aspiraba a hacer carrera en Madrid y Sanz la frenó en seco enviando al Congreso en las últimas elecciones a Conrado Escobar y dejando a Del Río viendo cómo era su compañero de Gobierno el que hacía las maletas y cómo él asumía el ‘marrón’ de Justicia.

No es de extrañar, con estos precedentes, que sus piezas más fieles de partido, como Carlos Cuevas o Ana Lourdes González, tengan fotos del presidente del PP en las mesas de sus despachos o que en varias ocasiones sus palabras sean una loa innecesaria hacia la figura de su líder. Pedro Sanz saldrá elegido presidente este fin de semana con el 98 o el 99% de los votos, pero la atención informativa, al menos de esta ensalada, será ver quienes salen promocionados y quienes no.

Y lo que pido es atención a un habitual cada vez más en esta ensalada y en los medios (no hay más que fijarse en las fotografías). Es una de las personas a las que Sanz ha encargado la ponencia política (la que importa) y no es otra que al consejero de Educación y Cultura, Gonzalo Capellán, que sigue ganando peso en el partido y en el Gobierno.

No hay sucesores a la vista porque Pedro Sanz no los tiene, pero Gonzalo Capellán va a ir asumiendo poder, y colocando sus piezas en diferentes instituciones como desde hace meses advertimos en esta ensaladita.